Colombia debe reformar de fondo su política fiscal y energética si quiere cumplir los compromisos ambientales que asumió para las próximas décadas.
Esa es una de las principales conclusiones del más reciente informe de evaluación ambiental de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), que recomienda desmontar los subsidios a los combustibles fósiles y elevar los impuestos a la energía para corregir las distorsiones que hoy frenan la transición climática.
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Según el organismo, aunque el país cuenta con un impuesto al carbono —una excepción en América Latina—, su efectividad es prácticamente nula debido a un entramado de exenciones y ayudas que incentivan el consumo de energías altamente contaminantes.
En la práctica, ese esquema hace que la carga fiscal asociada a las emisiones sea negativa, una anomalía que no se registra en ningún otro país miembro de la Ocde.
Un esquema fiscal que va en contravía del clima
El informe señala que los subsidios a los combustibles fósiles y las exenciones al impuesto al carbono terminan anulando su objetivo principal: desincentivar las emisiones de dióxido de carbono, uno de los principales responsables del calentamiento global.
Como resultado, la tasa efectiva del impuesto es negativa, lo que significa que el sistema tributario, en lugar de penalizar la contaminación, termina favoreciéndola.
Para la Ocde, esta contradicción debe corregirse de manera progresiva pero decidida. El organismo plantea que Colombia necesita aumentar los impuestos ambientales sobre la energía y eliminar los incentivos fiscales perjudiciales si quiere alinear su política económica con sus metas climáticas. De lo contrario, advierte, los compromisos de reducción de emisiones corren el riesgo de quedarse en el papel.
Metas ambiciosas y un ritmo insuficiente
Colombia se comprometió a reducir en un 51% sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, en comparación con un escenario sin medidas, y a alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. Sin embargo, la Ocde subraya que la trayectoria actual está lejos de ese objetivo.
Entre 2005 y 2020, las emisiones totales del país crecieron a una tasa promedio anual del 1,7%. Para cumplir la meta de 2030, ese comportamiento debería revertirse drásticamente y pasar a una reducción anual del 5,4%. El informe sostiene que esto solo será posible si se acelera la acción en sectores clave como el transporte, la agricultura y el uso del suelo.
En materia de deforestación, el balance es mixto. La Ocde reconoce que el país ha logrado avances sostenidos desde 2017 y que en 2023 se registró el nivel más bajo desde el año 2000. Aun así, alerta que la presión agrícola sigue siendo el principal motor de la pérdida de bosques y hábitats, y que se requieren medidas más contundentes para consolidar esa tendencia.
Contaminación, servicios básicos y biodiversidad en riesgo
El diagnóstico ambiental va más allá del clima. La Ocde identifica la contaminación del aire como uno de los mayores problemas de salud pública del país. Estima que en 2023 causó alrededor de 7.000 muertes prematuras evitables, con un impacto económico equivalente al 2,9% del PIB. Aunque reconoce avances regulatorios, el organismo insiste en reforzar la capacidad institucional y financiera para cumplir los estándares internacionales.
El acceso al agua potable y al saneamiento también muestra rezagos persistentes. Solo el 74% de la población cuenta con agua potable y apenas el 18% tiene acceso a sistemas de alcantarillado gestionados de forma segura, cifras que han mejorado muy poco en la última década. En paralelo, casi la mitad de los residuos sólidos termina en vertederos, muchos de ellos al borde de su capacidad o funcionando sin permisos.
Finalmente, la Ocde recuerda que Colombia alberga cerca del 10% de la biodiversidad mundial, pero advierte que dos tercios de sus ecosistemas están amenazados.
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