Petro defendió su derecho a contratar costoso bufete de abogados para buscar su salida de la Lista Clinton y salpicó a Pastrana con caso Epstein

En un nuevo capítulo en los constantes enfrentamientos mediáticos entre ambos, el presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó con fuertes acusaciones a las críticas del exmandatario Andrés Pastrana Arango. Y todo por cuenta del multimillonario contrato estatal para la defensa legal del gobernante en Estados Unidos, que asciende a $10.000 millones y que buscaría sacar al primer mandatario de la denominada Lista Clinton, incluido desde octubre de 2025.

Además de justificar este convenio, el líder de izquierda insinuó graves delitos para el exmandatario, uno de sus más fuertes contradictores, al querer vincularlo al escándalo del pedófilo Jeffry Epstein. Así calentó aún más el cruce de mensajes entre ambos, que se registró a pocos días del esperado viaje de Petro a los Estados Unidos, en donde se encontrará el martes 3 de febrero con el presidente Donald Trump, con el propósito de reconducir las relaciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El contrato suscrito por el Gobierno nacional, a través del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), con la firma Amadeus Consultancy Limited ha desatado toda clase de acusaciones y, de la misma manera, la apertura de investigaciones disciplinarias. La controversia se centra en si el Estado debe asumir los costos de la defensa del mandatario, frente a las sanciones internacionales ya conocidas, y que fueron impuestas a título personal.

Ante los reclamos de Pastrana al contralor Carlos Hernán Rodríguez, que sigue sin pronunciarse sobre el caso, Petro fijó posición e insistió en que su situación es distinta a la de su contraparte política. “Señor Pastrana, los funcionarios públicos que son juzgados por sus acciones como funcionarios, tienen derecho y sus familias a una póliza del estado para pagar su defensa”, explicó el presidente en respuesta directa a las críticas que han surgido sobre este asunto.

Asimismo, el presidente indicó que su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac) corresponde a “una decisión administrativa y no penal”, y recurrió a la comparación para sugerir que Pastrana estaría relacionado con el confeso delincuente sexual, que se suicidó el 10 de agosto de 2019, tras la copiosa evidencia en su contra por los casos de Lolita Express. Así trató de sacudirse del escándalo que tiene encima por el referido contrato.

“Es diferente cometer posibles delitos sexuales, que tener una sanción administrativa que está protegida por nuestras leyes si se produce en funciones”, enfatizó Petro, que con esta grave comparación aprovechó las relaciones que se han querido hacer del expresidente con este escándalo, sin que existan por el momento evidencias concretas de su participación en esta red como uno de los posibles beneficiarios de los servicios de Epstein.

¿Qué dijo Andrés Pastrana sobre el millonario contrato para defender a Petro en los Estados Unidos?

En medio de la controversia, Pastrana criticó el proceder del jefe de Estado y especialmente la inacción de los entes de control como la Contraloría. “¿Cuál será la razón por la que el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez no quiere actuar frente al abusivo contrato de un abogado para defender en causas personales a Gustavo Petro? ¿El uso de recursos para asuntos personales ya dejó de ser competencia de la Contraloría?”, se cuestionó el exmandatario.

Es oportuno decir que la defensa legal a Petro tiene como objeto enfrentar las restricciones impuestas por la Ofac a él y varios miembros de su círculo político y personal, incluyendo a la primera dama de la nación, Verónica Alcocer; a su primogénito, Nicolás Petro; y a su ministro del Interior, Armando Benedetti. La misma fue negociada con la consultora británica, a cargo de Dani Kovalik y estipulada en pagos mensuales de $2.500 millones hasta el 30 de abril de 2026.

Según el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), “no se trata de una defensa personal, sino de una defensa institucional del Estado, ya que las sanciones afectan la reputación y operatividad financiera del país”. De la misma manera, el organismo afirmó que responder ante medidas de gobiernos extranjeros es una práctica administrativa legítima, “para mitigar el impacto de decisiones de gobiernos extranjeros” en contra del presidente.

Con esto, Petro sostuvo que los intentos por vincularlo a delitos de alto impacto carecen de fundamento. “A pesar de los esfuerzos de la extrema derecha buscando y construyendo pruebas sobre posible narcotráfico realizado por mí, ha fracasado y fracasará porque desde hace varias décadas soy el que más lo he combatido con evidencias irrefutables en el Congreso y durante mi gobierno. No tengo indictment”, puntualizó el gobernante frente a los señalamientos de Pastrana.