Medida que anunció Petro podría afectar las pensiones de los colombianos, aseguró la Contraloría: “El ahorro es propiedad de los trabajadores”

La Contraloría General de la República advirtió que la propuesta del Gobierno colombiano de repatriar cerca de $177 billones en ahorros pensionales durante los próximos cinco años elevaría el riesgo fiscal y reduciría el valor de las pensiones futuras.

El análisis del organismo control observa que la reducción gradual del límite para invertir en el exterior —del 49% al 30%— tendría efectos negativos sobre el patrimonio de los afiliados y forzaría al Estado a aumentar el gasto público para asegurar las jubilaciones, en un contexto de sostenibilidad cada vez más exigente para el sistema.

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Según estimaciones del ente de control recogidas en el informe, limitar la diversificación internacional de las inversiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) obligaría a destinar un 69% de los ahorros al mercado nacional desde el 2028, frente al 51% actual.

Como resultado, la Contraloría proyecta que quienes se pensionen bajo el nuevo esquema verían reducirse el valor de su mesada hasta en 29,5% respecto al modelo vigente.

La restricción, detalla la Contraloría, se fundamenta en el borrador de decreto del Ministerio de Hacienda, que propone un periodo de transición con un tope del 35% para inversiones en el exterior durante los primeros tres años, hasta llegar al 30% en 2030.

En la práctica, esto implica repatriar aproximadamente $100,3 billones en 2028 y $177,8 billones en 2030 para fortalecer las inversiones locales. El informe resalta la falta de certeza sobre la existencia y capacidad de proyectos nacionales para absorber ese volumen de recursos, lo cual incrementa la vulnerabilidad del ahorro previsional.

“El ahorro pensional es propiedad de los trabajadores y está protegido por un deber fiduciario. Los recursos administrados por los fondos de pensiones no son del Estado, ni de las administradoras, ni del sistema financiero: son propiedad privada de los trabajadores colombianos”, dice el informe citado por El Tiempo.

Históricamente, subraya la Contraloría, las inversiones internacionales han permitido obtener mayores retornos y diversificar riesgos. El organismo muestra que, desde el inicio de los multifondos, un portafolio moderado —con activos en el país y en el extranjero— logró una rentabilidad promedio anual del 8,5%, mientras que invertir solo en Colombia habría generado apenas 3,8% en el mismo lapso.

Una simulación ilustra el impacto: un millón de pesos invertido en 2011 en activos internacionales habría incrementado su valor hasta $3.228.356,48, mientras que esa suma en el mercado colombiano habría alcanzado sólo $1.670.363,09.

La pérdida de rentabilidad prevista afecta de forma directa al saldo total acumulado y, en consecuencia, al monto mensual recibido por los pensionados. La Contraloría calcula que los fondos privados dejarían de recibir 3,7% de rentabilidad sobre los recursos repatriados, equivalente a $3,2 billones menos en las cuentas individuales de los afiliados, si se materializa la medida del Gobierno.

A diciembre de 2025, según datos de la Superintendencia Financiera, los cuatro fondos privados de pensiones acumulan $529,1 billones, con un rendimiento promedio de 6,43% en los últimos cuatro años.

La advertencia del organismo también destaca el aumento de la carga para las finanzas públicas en el contexto de la reforma pensional (Ley 2381 de 2024), actualmente sometida a revisión por la Corte Constitucional. El análisis prevé que el número de afiliados activos comenzará a decrecer desde 2037, mientras crece la cantidad de pensionados. Dado que Colpensiones opera con un esquema de reparto, la reducción de las transferencias desde las AFP provocada por una menor rentabilidad aumentaría el déficit actuarial y obligaría al Estado a destinar mayores recursos fiscales para cumplir con los pagos, especialmente entre 2037 y 2052.

La Contraloría enfatizó que el ahorro pensional es propiedad privada de los trabajadores colombianos y está protegido por un deber fiduciario. El informe, conocido por EL TIEMPO, recalca: “Los recursos administrados por los fondos de pensiones no son del Estado, ni de las administradoras, ni del sistema financiero: son propiedad privada de los trabajadores colombianos”.

Por ello advierte que la repatriación masiva, al privilegiar las necesidades fiscales sobre el interés de los afiliados, incrementa el riesgo de ineficiencia y exposición a problemas políticos o económicos internos.

El organismo subraya que la práctica de invertir en el exterior facilita el acceso a mercados más profundos y líquidos, mejorando la diversificación y la relación rentabilidad-riesgo. El informe señala que “limitar la diversificación internacional podría traducirse en una menor rentabilidad ajustada por riesgo (…) afectando directamente el ahorro de millones de colombianos” y aumentando la presión sobre el Estado como responsable subsidiario del sistema.

Asofondos proyecta que el valor total de los fondos de pensiones obligatorias crecerá a una tasa media anual de 14,16% entre 2025 y 2028, pasando de $526,6 billones a $783,4 billones. El monto seguiría en aumento hasta $1.021,1 billones en 2030. Bajo las restricciones analizadas, en 2028 se invertirían $274,2 billones en el exterior (35% del total), y en 2030 el monto sería de $306,3 billones (30%).

La Contraloría concluyó que las decisiones respecto a la localización del ahorro pensional “tienen efectos directos sobre el patrimonio de los afiliados, la estabilidad del sistema pensional y, en última instancia, sobre las finanzas públicas”. Por eso instó a que el debate sobre la repatriación priorice la sostenibilidad y protección del ahorro previsional, y solicitó que el decreto continúe abierto a comentarios públicos hasta el 4 de febrero.