
En el más reciente debate de control político en el Concejo de Bogotá —del jueves 29 de enero del 2026—, la concejala Quena Ribadeneira advirtió sobre el profundo impacto que tiene el deterioro del sistema TransMilenio en la vida cotidiana de los usuarios de la capital.
Según expuso, cada usuario pierde en promedio 1.440 minutos al año —equivalentes a 24 horas completas— debido a la disminución en la velocidad de los trayectos, las fallas operativas, el mal estado de la infraestructura, los problemas de seguridad y las decisiones administrativas que han encarecido el servicio sin mejorar su calidad.
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La concejala detalló que este cálculo se deriva de la pérdida mensual de tiempo de viaje. Por ejemplo, en el recorrido entre Portal 80 y la estación Flores, trayecto de 12 kilómetros, el tiempo aumentó de 30 a 34 minutos, lo que supone 120 minutos perdidos al mes para cada usuario habitual de esa ruta.
Ribadeneira subrayó que, a mayor distancia recorrida, mayor es la cantidad de tiempo perdido, lo que afecta la calidad de vida de los ciudadanos, quienes ven reducido el tiempo disponible para el descanso, el trabajo o la familia.

Parte del problema, señaló la cabildante, radica en la falta de mantenimiento de los carriles exclusivos, lo que ha llevado a una reducción de la velocidad comercial del sistema: de 25 km/h entre 2021 y 2023, actualmente se ubica en 21 km/h. La disminución no solo incrementa los tiempos de desplazamiento, sino que también afecta la confiabilidad y la percepción ciudadana del servicio.
En el mismo debate, se evidenció que entre 2018 y 2023, mientras el uso del transporte público creció apenas 2%, el parque automotor privado aumentó de forma notoria: automóviles en 24%, camionetas en 62% y motocicletas en 23%.
Para la concejala, dicho fenómeno revela una pérdida de confianza ciudadana en el transporte público masivo y un traslado progresivo hacia medios privados, lo que contribuye a la congestión y a la crisis estructural del sistema.
Un tema central que generó incomodidad entre varios concejales fue el incremento del pasaje de TransMilenio para 2026, que pasó de $2.950 en 2024 a $3.550 en 2026, un alza del 20,3%. Ribadeneira cuestionó que este aumento se aprobara sin agotar fuentes alternativas de financiación ni poner en marcha beneficios como la tarifa estudiantil o la tarifa intermodal para ciclistas, previamente normados.

“El viaje diario en TransMilenio es un recorrido por el abandono, el tiempo perdido, el acoso y las estrategias fallidas, hasta llegar al verdadero destino: la crisis”, sentenció la concejala.
Los concejales José Cuesta y Heidy Sánchez sumaron a las críticas al señalar que el incremento no fue sustentado por un estudio técnico integral, como lo exige la normatividad del Ministerio de Transporte. Según Cuesta, la administración distrital solo evaluó el costo laboral, dejando de lado factores como la eficiencia operativa, la demanda, la gestión contractual y los mecanismos de subsidio.
“Lo más fácil fue asestarle un golpe directo al bolsillo de los bogotanos mediante un aumento sin la debida sustentación técnica, administrativa y financiera”, afirmó.
Sánchez, por su parte, lideró un debate sobre el alza del 10,9% en el pasaje, decretada a través del Decreto 007 de 2026. Denunció que la administración prefirió mantener intactas las ganancias de los concesionarios privados del sistema y trasladar el aumento a los usuarios y al presupuesto público vía Fondo de Estabilización Tarifaria (FET).

Según cálculos expuestos —presentados por la concejala—, si se hubiera racionalizado la rentabilidad privada, el pasaje podría haberse congelado en términos reales, subiendo solo $150, en línea con el IPC del 5,1 % registrado por el Dane en 2025.
Los análisis financieros presentados muestran que los concesionarios del Sito y la empresa Recaudo Bogotá reportaron ingresos operacionales por $5 billones en 2024 y proyectan $6,5 billones para 2026, con utilidades que podrían superar los $263 mil millones.
Pese a estos márgenes, la decisión política fue cargar el alza a los usuarios, dejando a los estratos bajos —que representan el 81 % de los usuarios— con un mayor peso del gasto en transporte en sus ingresos, en un contexto de alta informalidad laboral y desempleo.
Las proyecciones para 2026 anticipan que, ante el aumento del pasaje y la persistencia de las fallas del sistema, podría incrementarse el número de evasores (“colados”) y de usuarios que migren a alternativas como la motocicleta. De mantenerse esta tendencia, el déficit financiero del sistema podría agravarse, presionando aún más el presupuesto del Distrito y profundizando la crisis del transporte público en Bogotá.
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