El aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno de Gustavo Petro para 2026, fijado en un 23,7%, lo que llevó la remuneración a $2.000.000, desencadenó una intensa controversia, sobre todo desde el sector empresarial. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) calificó la medida como “una gran sorpresa para la mesa de concertación de políticas salariales y laborales”, en especial, porque está desconectada de los principales indicadores macroeconómicos que históricamente guiaron la fijación del salario mínimo.
Para entender la magnitud de la decisión, basta desglosar las cifras: la inflación acumulada a noviembre de 2025 fue del 5,3%, la productividad total de los factores creció apenas 0,91%, y el crecimiento económico esperado para el cierre de ese año es del 2,9%. Desde este panorama, el gremio resaltó que el incremento decretado “equivale a 4,6 veces la inflación de 2025, 5,9 veces la inflación proyectada y 8,1 veces el crecimiento del PIB”, lo que quiebra los criterios técnicos tradicionales. Las centrales de trabajadores, además, habían solicitado un aumento considerablemente menor, de 16%.
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De igual manera, el gremio empresarial reconoció que cerca de dos millones de trabajadores formales se beneficiarán de esta alza. No obstante, advirtió que los efectos más severos recaerán sobre los que no perciben el salario mínimo ni están protegidos por la formalidad laboral.
“Tendrá costos inmensos para muchas personas más, especialmente los más de 11,3 millones de trabajadores informales que tienen ingresos inferiores al salario mínimo”, precisó en el informe denominado “Balance 2025, Perspectivas 2026″. Según la asociación que preside Bruce Mac Master, para ellos no habrá mejora salarial, pero sí enfrentarán un “gran aumento en el costo de los componentes de la canasta esencial”, lo que puede traducirse en un empobrecimiento generalizado derivado de las presiones inflacionarias.
El informe no escatimó en advertencias y sostuvo que “el resultado será un gran empobrecimiento de todos los afectados por la inminente inflación”, por lo que califica la decisión del Gobierno como “una medida populista e irresponsable, pensada solo con lógica electorera, que producirá gran daño general”.
Crecimiento frágil e inversiones rezagadas
Y es que la economía colombiana mostró un crecimiento menor al potencial durante los últimos años. Luego de un magro 0,7% en 2023 y un 1,6% en 2024, la proyección para 2025 es de 2,8%, impulsado por el consumo de los hogares que, a su vez, depende de remesas históricas (USD10.854 millones en 2025) y de los elevados precios internacionales del café. Sin embargo, la inversión productiva continúa en niveles bajos: apenas el 16,7% del PIB, lejos del 20% o más observado en la década pasada.
“El crecimiento se ha concentrado en los servicios, especialmente entretenimiento, comercio y administración pública, mientras sectores estratégicos como minería y construcción continúan en contracción”, sostiene el informe empresarial.
De la mano de la incertidumbre regulatoria y un deterioro de la relación público-privada, la economía parece atascada en una fase de bajo dinamismo. “La sobreestimación sistemática de ingresos pone en duda el carácter técnico del Ministerio de Hacienda y no manda los mensajes adecuados a los mercados sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas”, recalcó.
Panorama regional: Latinoamérica y el reto social
El contexto latinoamericano tampoco es alentador. Se prevé un crecimiento para América Latina de apenas 2,3% en 2026, muy por debajo de las necesidades sociales de la región. Colombia aparece con una expectativa de crecimiento económico de 2,7%.
“Con un bajo crecimiento económico, a la región le será difícil avanzar en los temas sociales como reducir la pobreza y la desigualdad y generar oportunidades de empleo formal”, reiteró la Andi.
Emergencia Económica y sostenibilidad fiscal: una bomba de tiempo
Además, el incremento del salario mínimo llega en medio de una tormenta en las finanzas públicas. El Gobierno Petro declaró la Emergencia Económica y estableció nuevos impuestos por más de $16 billones, al tiempo que la deuda pública aumentó en $370 billones en los últimos tres años. “Colombia paga los intereses más altos entre los emisores con riesgos económicos equivalentes, como resultado de la elevada incertidumbre que genera el Gobierno en los mercados”, alertó el informe. Solo en octubre de 2025 el saldo de la deuda alcanzó $1.180,6 billones, con un incremento de $375,6 billones en tan solo tres años.
Asimismo, la fragilidad fiscal llevó a la presentación de presupuestos generales de la Nación crecientes y desfinanciados, sustentados en ingresos sobreestimados y gastos inflexibles. Por ejemplo, el Presupuesto General para 2026 se aprobó por $546,9 billones, pese a un faltante de financiación de $16,3 billones. El gobierno, en vez de reducir el gasto, optó por trasladar la carga a los contribuyentes a través de nuevas cargas impositivas.
“El gasto público ha crecido desmedidamente. El resultado es una brecha cada vez mayor entre los gastos del Gobierno y los ingresos que la economía puede generar”, señaló el documento.
Mercado laboral: más informalidad, menos protección social
Pese a una recuperación en las cifras de empleo (la tasa de desempleo bajó a 9% en 2025), los nuevos trabajadores ocupados son, en su mayoría, informales: el 55,7% de la ocupación sigue fuera de la legalidad laboral.
Los incrementos reales del salario mínimo, sin mejoras equivalentes en productividad, “han expulsado trabajadores del empleo formal hacia la informalidad, reduciendo la base de cotizantes y debilitando el sistema de protección social”.
Empobrecimiento y desigualdad: el verdadero riesgo
El panorama social tampoco brinda alivio. La pobreza monetaria, aunque descendió de manera muy leve al 31,8% en 2024, todavía afecta a más de 16 millones de colombianos, y la pobreza extrema a alrededor de seis millones. El coeficiente de Gini (0,551 en 2024) confirma a Colombia como una de las naciones más desiguales de la región.
Así las cosas, el aumento desproporcionado del salario mínimo anunciado para 2026 podría convertirse en el catalizador de una nueva ola de empobrecimiento, en especial, entre los trabajadores informales y los sectores más vulnerables, al impulsar la inflación y erosionar la capacidad adquisitiva de millones de colombianos.
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