A ‘Epa Colombia’ le habrían incautado otro teléfono en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional

Ante recientes versiones sobre una presunta incautación de teléfonos móviles en la celda de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, el Ministerio de Justicia y el Inpec informaron que la situación está bajo la jurisdicción de la Policía Nacional.

La aclaración se produjo durante un operativo de control en la cárcel La Picota, donde periodistas consultaron al ministro de Justicia, Andrés Idarrága, y al director del Inpec, Daniel Fernando Gutiérrez, sobre la posible retención de aparatos electrónicos a la influenciadora.

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Según reportó el periodista Jimmy Nomesqui, de Infobae Colombia, al ser interrogado sobre la presunta incautación de un celular a Barrera, el director del Inpec asintió, pero evitó dar más detalles, dejando entrever que la información podría ser cierta.

Sin embargo, en su declaración pública posterior aclaró que la interna no está bajo custodia del Inpec, sino en una estación de la Policía Nacional, y que cualquier detalle sobre la tenencia de teléfonos debe ser confirmado por esa institución.

“Cabe resaltar que ”Epa Colombia" se encuentra recluida en un establecimiento de la Policía Nacional, bajo el amparo de la Policía. Estamos trabajando con ellos para revisar qué se le ha incautado, cuál había sido su comportamiento y tomar alguna decisión si ha vulnerado ese reglamento penitenciario”, declaró Gutiérrez.

De esta manera, ni el ministro ni el director del Inpec confirmaron ni negaron la información sobre la incautación de teléfonos, dejando claro que cualquier diligencia al respecto corresponde exclusivamente a la Policía Nacional.

Actualmente, Daneidy Barrera continúa cumpliendo su condena de cinco años y dos meses en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en Bogotá.

La pena fue impuesta por los delitos de instigación al terrorismo, daño en bien ajeno agravado y perturbación del servicio público, relacionados con los hechos ocurridos durante el estallido social del 22 de noviembre de 2019, cuando la influenciadora dañó una estación de Transmilenio.

No es la primera vez que Barrera ha enfrentado la incautación de dispositivos electrónicos. En septiembre de 2025, la Policía Nacional incautó tres teléfonos móviles —entre ellos el de la propia Barrera— durante un operativo realizado en la Escuela de Carabineros, según informó Noticias Caracol.

Los aparatos fueron hallados en habitaciones y baños, lo que llevó a reforzar los controles por parte del personal, ya que la tenencia de estos dispositivos está prohibida para las personas privadas de la libertad.

El episodio anterior motivó que los defensores legales de Barrera consideraran solicitar garantías judiciales para que la influenciadora pudiera utilizar sus redes sociales con fines pedagógicos, siempre bajo autorización de un juez.

El plan incluía grabar contenidos que promovieran mensajes de cuidado del transporte público, respeto a los usuarios y al personal de Transmilenio, así como su participación en labores de utilidad social dentro del sistema de transporte.

La sentencia, que alcanza cinco años y tres meses (63 meses y 15 días), responde a los delitos cometidos durante el estallido social en Bogotá en 2019, cuando Barrera vandalizó estaciones de Transmilenio y difundió los actos a través de sus redes sociales. Las imágenes grabadas durante los hechos, en la estación Molinos, fueron determinantes como prueba en el proceso judicial.

Previos intentos de obtener beneficios como la suspensión condicional de la pena o la prisión domiciliaria no prosperaron, y la Corte Suprema ratificó la negativa, obligando a Barrera a cumplir la totalidad de su condena en un centro de reclusión.

La Ley 2477 de 2025, sancionada con el objetivo de fortalecer la justicia restaurativa y descongestionar el sistema judicial, contempla mecanismos de terminación anticipada para algunos condenados, pero el juez encargado concluyó que en este caso “no se cumplen los requisitos legales para conceder la extinción o redosificación de la condena solicitada”.

Por ahora, la situación de “Epa Colombia” sigue bajo la supervisión de la Policía Nacional, mientras su defensa explora nuevas alternativas legales para cuestionar la condena y su cumplimiento.