
La citación para imputar cargos al fiscal Álvaro León Polo, acusado de presionar testigos y buscar declaraciones contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, desató una nueva controversia interna en la Fiscalía General de la Nación.
El epicentro del conflicto recae en la decisión de Luz Adriana Camargo, fiscal General de la Nación, que firmó una resolución para apartar a la fiscal responsable del caso horas antes de la audiencia clave. Este movimiento fue cuestionado por Luz Samira Rodríguez, quien considera que los motivos ofrecidos carecen de sustento y denuncian una “falsa motivación”.
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En una carta dirigida a Camargo, la fiscal apartada del caso calificó la resolución administrativa de improcedente. Según su documento, existe un “grave cuestionamiento” sobre la legalidad y objetividad del reporte utilizado como base para el retiro del expediente, pues dicho insumo “pudo tener una finalidad ajena al interés público, configurando una posible desviación de poder”. Rodríguez defendió su labor en la investigación y afirmó: “Contrario a la imagen que se pretende crear con información falsa, mi gestión ha sido transparente y diligente, con una carga actual de 111 procesos y resultados de alto impacto, como una sentencia condenatoria obtenida en diciembre contra una fiscal especializada y el adelanto de juicios contra otros fiscales”.
La resolución firmada por Luz Adriana Camargo alega dos razones principales para retirar el proceso del despacho donde se había tramitado durante los últimos dos años: la existencia de “numerosas” investigaciones disciplinarias abiertas contra la fiscal y la supuesta duplicidad de investigaciones sobre los mismos hechos en poder de dos fiscales diferentes.
No obstante, según puntualizó Rodríguez en su oficio, “no es cierto que existan dos expedientes por los mismos hechos”. Añadió que los dos radicados mencionados en la resolución ya habían sido conexados en un único despacho, justamente el de la Fiscalía, lista para imputar cargos a Álvaro León Polo.

Este señalamiento responde también a las críticas de las víctimas del caso, que consideran “falaces” los argumentos esgrimidos y sostienen que carecen de rigurosidad para justificar la remoción de la fiscal. Rodríguez profundizó: “Estos hechos, ocurridos antes de la expedición y comunicación de la resolución que se cuestiona, demuestran que el problema de la duplicidad ya estaba siendo gestionado y solucionado por las fiscales a cargo, a través de los mecanismos procesales idóneos”.
Las víctimas, por su parte, aportaron detalles sobre presuntas presiones y ofrecimientos realizados por Álvaro León Polo a un testigo, con el objetivo de obtener una versión falsa en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y de algunos empresarios de Antioquia. La audiencia de imputación está prevista para el 27 de enero de 2026.
Detalles de la denuncia sobre el caso de alias Lucas

La denuncia sostiene que el funcionario habría ejercido presiones sobre Jacinto Alberto Soto, conocido como alias Lucas y procesado por vínculos con el paramilitarismo, con el propósito expreso de obtener declaraciones en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Este episodio ocurre en una etapa definitoria de la investigación que involucra al exmandatario, lo que incrementa la gravitación política y judicial del caso, según consta en la denuncia formalizada por la defensa de alias Lucas.
Frente a las pruebas, la Fiscalía General de la Nación citó por tercera vez a León Polo a la audiencia de imputación, programada para el 23 de enero de 2026. Sin embargo, el fiscal procesado optó por presentar una recusación contra la fiscal encargada de su caso, con el objetivo de frenar el trámite en su contra, estrategia que hasta ahora ha dilatado la formalización de los cargos.
Según Cuestión Pública y Caracol Radio, Polo rechaza el señalamiento del condenado y argumenta que su relación con ‘Lucas’ se restringió a diligencias legales, todas grabadas y realizadas con la presencia de defensores. Afirma que en ningún momento interrogó sobre el expresidente Uribe Vélez.
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