Apenas horas después de que el país conociera del remezón dentro del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), solicitado por la recién nombrada directora Nhora Yhanet Mondragón, se siguen conociendo nuevos detalles.
Y es que la reciente desvinculación de 30 funcionarios del Dapre ha generado un fuerte debate público, sobre todo por el perfil de quienes perdieron su empleo. El grupo no solo está compuesto por trabajadores administrativos, sino también por personas en situaciones especialmente vulnerables.
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De acuerdo con fuentes conocedoras del proceso y mencionadas por Blu Radio, la lista de despedidos incluiría a madres cabeza de hogar, empleados sindicalizados y personas con incapacidad médica certificada. Además, fueron retirados conductores y camareros, lo que evidencia que la medida afectó a distintos niveles y áreas dentro de la entidad.
Aunque ya se había conocido uno de los casos más llamativos, el de Luz Dary Cruz, quien llevaba 25 años como jefa de Recursos Humanos y estaba a punto de pensionarse, también hay otros casos que generaron rechazo en la entidad.
Y es que la legislación colombiana contempla protección reforzada para los servidores públicos a tres años o menos de obtener su jubilación, lo que obliga a la administración a reubicarlos en vez de apartarlos de sus cargos.
También figura en la lista la jefa de prensa del Dapre, Yuri Calderón, así como empleados que, pese a ser identificados como simpatizantes del proyecto político del presidente Gustavo Petro, no tenían participación activa en la campaña, lo que habría ‘facilitado’ su salida de la entidad.
Fuentes de la entidad resaltaron al medio radial que la decisión impacta especialmente a perfiles protegidos por la ley: madres que son el único sustento de sus hogares, trabajadores sindicalizados con derechos de asociación y personas cuya salud limita su capacidad para encontrar nuevas oportunidades laborales.
En paralelo, la controversia crece porque en semanas recientes ingresaron a la Presidencia al menos veinte nuevos funcionarios con salarios que igualan o superan los 16 millones de pesos, mientras se avecina la entrada en vigor de la Ley de Garantías, que impide nuevas vinculaciones y traslados de personal.
El episodio ha motivado la preparación de acciones legales de parte de los afectados, en particular aquellos con derechos laborales protegidos, ante lo que consideran una vulneración de garantías reconocidas tanto por la ley como por recientes fallos judiciales.
Entretanto, aunque ya se sabía que la decisión de declarar insubsistentes a estos funcionarios fue tomada por Nhora Yhanet Mondragón, quien asumió recientemente la dirección administrativa del Dapre, información conocida por Blu Radio apunta a que detrás del remezón en la entidad habría dos personas del círculo cercano del presidente Gustavo Petro.
Según fuentes de la entidad, las decisiones de la nueva directora del Dapre se habrían tomado gracias a las orientaciones de Letty Leal, subdirectora de la entidad, y José Raúl Moreno, recién nombrado jefe de despacho presidencial.
El episodio ha despertado comparaciones con lo ocurrido en la Cancillería, donde más de 130 funcionarios de carrera fueron separados de sus cargos. Entre ellos se encontraba el diplomático Julio Aníbal Riaño, embajador en Turquía desde 1974. Para ocupar estos cargos, el Gobierno designó a personas sin experiencia diplomática previa, como Yennifer Edilma Parra.
Las reacciones no se han hecho esperar: varias fuentes anticipan acciones legales contra las resoluciones de insubsistencia, especialmente en defensa de los derechos laborales de los servidores protegidos por la legislación vigente.
Cabe señalar que, el pasado 9 de enero de 2026, Gobierno había enviado una circular a ministros y directores de departamentos administrativos en la que prohibía expresamente la ejecución de despidos durante este periodo, después de que el presidente Gustavo Petro le ‘jalara’ las orejas a ministros y directores en pleno Consejo de Ministros televisado.
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