La muerte de Liam Gael Rodríguez, un bebé de 11 meses, dentro del centro de estimulación Arkids, en La Calera, el 29 de septiembre de 2025, ha tomado un nuevo giro judicial.
La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de su padre, Michael Rodríguez Ayala, quien, según investigaciones preliminares, estaría vinculado a un presunto caso de abuso sexual contra el menor.
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La detención se produjo luego de una nueva línea de indagación que habría conectado al hombre con los hechos que derivaron en la muerte del bebé.
Michael Rodríguez fue trasladado a los juzgados de Paloquemao, en Bogotá, donde se realizaron los actos urgentes vinculados a su imputación. La Fiscalía aún no ha precisado los cargos definitivos, a la espera de los resultados finales de Medicina Legal, que deberán esclarecer la causa exacta del deceso.
Mientras tanto, la madre del menor, Mildret Narváez, manifestó su desacuerdo con la imputación y calificó la noticia como “falsa”.
Madre de Liam insiste en que no hay pruebas contra su pareja
En declaraciones a Noticias Caracol, Narváez señaló: “La verdad, veo falsa esa noticia que dio la Fiscalía porque nosotros duramos tres meses esperando un resultado de Medicina Legal, esperando a que el fiscal nos llamara y nos citara. Incluso, con mi abogado hemos estado al tanto del caso de Liam, siempre activos, siempre pendientes”.
La mujer explicó que ofició a Medicina Legal para confirmar que los resultados habían sido entregados en octubre y en diciembre, pero que el fiscal, según ella, se negó a reconocerlo.
Narváez también insistió en la ausencia de pruebas que incriminen a su pareja: “No me han mostrado ningún elemento probatorio que diga que el papá es responsable de esto”.
Además, denunció sentirse vulnerada por las autoridades y criticó el enfoque de la investigación: “Me están humillando y me están pisoteando. Como lo dije desde el primer momento: hoy puede ser Liam, pero mañana puede ser otro niño. Por favor, las personas que en verdad tienen la culpa, porque lo sacaron fallecido, es el centro de estimulación. ¿Cómo va a ser posible que ahora me digan que es mi pareja quien tiene la culpa?”.
El trágico episodio ocurrió en la mañana del 29 de septiembre del 2025, cuando la madre dejó al bebé en el jardín infantil Arkids, ubicado en La Calera.
Testimonios recabados por Noticias RCN indican que alrededor de las 7:00 a. m., Narváez entregó al menor al centro, y aproximadamente tres horas después recibió una llamada urgente de la directora del establecimiento, pidiéndole acudir de inmediato al hospital porque el niño se encontraba en grave estado.
Al llegar al Hospital Divino Salvador de Sopó, Liam Gael fue recibido sin signos vitales.
El dictamen preliminar de Medicina Legal reportó la existencia de un presunto abuso sexual, lo que motivó que la Fiscalía orientara la investigación hacia un proceso penal más amplio.
Sin embargo, según reportes de Noticias RCN, la madre fue informada por el personal del jardín de que el niño “de pronto había broncoaspirado por haber comido mucho”, dejando pendiente la causa definitiva del fallecimiento, que solo podrá ser establecida por los peritos forenses.
Ante la gravedad de los hechos, Arkids suspendió sus actividades mientras avanzan las investigaciones. El establecimiento, operativo en La Calera desde hace siete años, enfrenta además cuestionamientos por supuestamente operar sin los permisos requeridos.
El abogado del centro, Andrés Muñoz, aseguró que las docentes colaborarán plenamente con las autoridades y enfatizó que no hubo intención de causar daño: “Las profesoras quieren expresar que van a poner toda su disposición para ayudar a la familia a esclarecer qué fue lo que sucedió. Esto no sucedió con intención ni mucho menos”.
Muñoz también denunció que las docentes han sido víctimas de amenazas tras la muerte del menor: “Mis clientes tendrán que enfrentar un proceso judicial, pero no es aceptable que se pretenda ejercer mano propia”.
Las condiciones administrativas y operativas del centro infantil están siendo revisadas, abriendo un segundo nivel de análisis sobre responsabilidades legales tanto penales como administrativas para los directivos.
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