El 26 de enero de 2026, la Alcaldía de Bogotá difundió en sus canales oficiales la imposición de una multa de $933.816 a la clínica veterinaria Nutrivet, ubicada en la localidad de Suba, señalando que el establecimiento habría incurrido en mala disposición de residuos peligrosos en el espacio público.
Según la entidad, el operativo conjunto fue realizado por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), la Policía Metropolitana de Bogotá y otras dependencias distritales en la calle 123 con carrera 45.
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La comunicación oficial incluyó un video del operativo y fotografías del material incautado, entre los que figuraban jeringas, batas y otros residuos biológicos. De acuerdo con la Uaesp, la sanción correspondía a la máxima infracción ambiental prevista en el artículo 111 del Código de Policía y buscaba “generar conciencia y evitar que prácticas similares se repitan en otros establecimientos de servicios médicos y veterinarios”.
En su momento, la Alcaldía de Bogotá remarcó la necesidad de cumplir con los protocolos de manejo de residuos, indicando que la disposición de materiales biológicos debe realizarse exclusivamente a través de gestores autorizados.
Eliminación de contenidos y ausencia de rectificación
Pocos días después de la publicación, tanto el video como el comunicado y las imágenes relacionadas fueron eliminados de las redes sociales y el sitio web de la Alcaldía, sin que se brindara una rectificación ni aclaración pública sobre los motivos. El hecho generó cuestionamientos acerca de la veracidad de la sanción y el manejo de la información institucional.
El equipo legal de Nutrivet contactó a Infobae Colombia para precisar que la veterinaria no fue objeto de sellamiento ni recibió multa alguna. La clínica afirmó que, durante el procedimiento efectuado el 24 de enero, “no se ordenó el cierre ni la imposición de sellos”, y que se presentaron pruebas inmediatas que descartan la procedencia de los residuos hallados en el contenedor.
Posición de Nutrivet y reclamos por daño reputacional
Nutrivet Clínica Veterinaria emitió un comunicado en el que asegura que su operación “prioriza la salud pública, el bienestar animal y el cumplimiento estricto de la normativa ambiental”. La clínica sostiene que dispone de protocolos claros, proveedores autorizados y registros verificables para la gestión de residuos biológicos, cumpliendo los estándares requeridos.
En el documento, la veterinaria señala que las autoridades reconocieron la “inexistencia de pruebas contundentes” para vincular los residuos con el establecimiento, motivo por el cual se abrió una investigación administrativa para determinar el origen del material. Según la versión entregada a Infobae Colombia, la medida aplicada fue de carácter correctivo, no sancionatorio, y consistió únicamente en la orientación sobre el manejo adecuado de residuos.
La clínica calificó la publicación oficial como “improcedente y lesiva para el buen nombre del establecimiento”, al tiempo que solicitó que las comunicaciones institucionales “se ajusten estrictamente a los hechos comprobados y respeten las etapas de los procesos administrativos”.
Entre los argumentos, Nutrivet subrayó que “presentar esta medida ante la ciudadanía como si se tratara de una falta comprobada distorsiona la naturaleza de la actuación administrativa”.
De acuerdo con la Uaesp, durante el operativo los empleados y propietarios de la clínica recibieron orientación sobre la responsabilidad que implica la correcta gestión de residuos biológicos. La entidad advirtió que este tipo de materiales requiere un tratamiento especializado y que su disposición debe realizarse exclusivamente a través de un gestor autorizado. “Este tipo de residuos ponen en riesgo la salud de todos y deben tener un manejo especializado”, afirmaba la publicación de la Alcaldía ya eliminada.
Solicitud de aclaración y garantías de debida diligencia
Nutrivet hizo énfasis en que la medida impuesta no constituye una sanción ni un comparendo, y que su único propósito fue prevenir situaciones futuras mientras se completan las verificaciones administrativas.
La clínica insiste en que la información oficial difundida inicialmente “expone injustamente a la veterinaria, afecta su reputación y genera un daño reputacional desproporcionado frente a los hechos verificados”.
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