Gobierno sacó pecho por millonada en recaudo con el decreto de emergencia económica, pese a que está bajo la “lupa” de la Corte Constitucional

El Gobierno nacional logró recaudar $814.000 millones durante la entrada en vigencia del decreto de emergencia económica firmado por el presidente de la República cuando el 2025 finalizaba y que, según confesó el presidente de la República, Gustavo Petro, lo que busca es sacar adelante algunas de las iniciativas que se hundieron en el Congreso, frente al fracaso en el trámite de la reforma tributaria 3.0, o también conocida como Ley de Financiamiento.

Según información de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que fue replicada por diferentes medios el domingo 25 de enero, el monto corresponde al corte realizado el 22 de enero de 2026. En efecto, esta cifra representa el primer balance oficial del impacto fiscal de este decreto, promulgado cuando los colombianos estaban festejando el fin del año y se preparaban para recibir el 2026, lejos de las determinaciones tomadas por el Ejecutivo.

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De acuerdo con declaraciones de Camilo Emilio Betancourt, director de la Dian, $807.000 millones del total recaudado provienen de alivios tributarios otorgados a contribuyentes, principalmente por reducciones en tasas de interés y sanciones. El resto, unos $1.400 millones, corresponde al IVA aplicado en la importación de licores; como parte de las medidas que pretenden recoger cerca de $16,3 billones, que era lo que tenía presupuestado el hundido proyecto de ley.

En este orden de ideas, el Ministerio de Hacienda proyecta que, si se mantienen las medidas establecidas por la emergencia, el recaudo adicional podría alcanzar $11,1 billones durante 2026. Así pues, las autoridades evalúan prorrogar el decreto, aunque la decisión final depende de la revisión que lleva a cabo actualmente la Corte Constitucional, en un contexto en el que el magistrado ponente, Carlos Camargo, pidió suspender provisionalmente el decreto.

Estas son las medidas e impuestos clave impulsados por la emergencia

El decreto de emergencia económica permitió al Ejecutivo implementar tributos sin trámite en el Congreso. Entre los principales destacan el impuesto al patrimonio, con tarifas progresivas de 3% para patrimonios superiores a $10.400 millones y de 5% para quienes superen los $104.000 millones. Es válido destacar que esta medida afecta principalmente a los grandes capitales y busca cubrir parte del déficit fiscal; según lo explicó el Gobierno en el referido decreto madre.

En el sector energético, se establecieron nuevas cargas para las empresas generadoras de electricidad, en las que se incluye la obligación de entregar el 12% de su energía al Gobierno. Además, se introdujeron modificaciones en el IVA, pues se aplicó una tasa del 19% a bienes como motocicletas y embarcaciones, y nuevos impuestos a licores e hidrocarburos; en medio de la creciente controversia por el impacto de estas determinaciones para el bolsillo.

En la defensa de lo dispuesto por vía administrativa, el presidente Gustavo Petro expresó que los grandes capitales debieron aportar recursos significativos. “Los oligopolios del capital tuvieron que sacar $800.000 millones para ayudar a la sociedad colombiana”, afirmó el mandatario, en el que destacó que, aunque el monto no es elevado en comparación con los dividendos de las grandes empresas, representa una devolución al trabajo productivo de los colombianos.

Y es que la declaratoria fue respaldada en la necesidad de cubrir gastos esenciales en sectores como salud, defensa y pago de la deuda pública. Y reiteró que la medida fue respaldada por la urgencia de mantener la estabilidad económica y garantizar la prestación de servicios fundamentales, como la salud; pese a que las intervenciones del Estado frente a temas cruciales, como el de las EPS, aun cause gran controversia, por lo que seria el empeoramiento del sistema.

Frente a estas medidas impositivas del jefe de Estado, la Corte decidirá en los próximos días si los decretos emitidos durante la emergencia económica se mantienen vigentes. Si el alto tribunal determina que el procedimiento fue irregular, el Estado podría verse obligado a devolver los recursos recaudados, si así se define, lo que generaría un nuevo desafío fiscal para el Ejecutivo; a falta de 194 días para el final del actual mandato, en medio de múltiples controversias.