Energía, empleo y finanzas públicas: los ejes del debate económico de la Gran Consulta por Colombia

El alza del 30% en el precio del gas natural, el futuro del sistema pensional, el impacto del aumento del salario mínimo, la situación fiscal del país y el déficit de vivienda fueron algunos de los ejes centrales del debate de la Gran Consulta por Colombia, organizado por RCN y El Tiempo, en el que varios de los candidatos expusieron sus propuestas económicas y sociales.

Frente al incremento en el costo del gas natural, la senadora Paloma Valencia aseguró que, si bien es necesario proteger el medio ambiente, Colombia tiene una participación mínima en las emisiones globales. Recordó que el país aporta apenas el 0,4% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial, por lo que planteó la necesidad de equilibrar la agenda ambiental con la seguridad energética.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Valencia defendió el derecho de Colombia a explotar sus recursos energéticos. Señaló que el país debe sacar provecho del gas, el carbón, el petróleo y el fracking, al tiempo que desarrolla energías alternativas como la eólica en La Guajira, la solar y la hidroeléctrica. La candidata propuso convertir a Colombia en una potencia energética que genere riqueza, permita el desarrollo tecnológico y reduzca los costos del gas mediante la explotación costa afuera. Además, anunció que subsidiaría el gas de pipeta para facilitar la transición de 2,4 millones de colombianos que hoy cocinan con leña hacia estufas más dignas, especialmente en las zonas rurales.

En materia pensional, David Luna fue enfático en que no está de acuerdo con aumentar la edad de jubilación. Aseguró que, como senador, se opuso a esa posibilidad y reiteró que la solución pasa por fortalecer la base de la pirámide laboral. También se comprometió a mantener y ajustar el subsidio del programa Colombia Mayor, con el fin de garantizar una vejez digna, y señaló la necesidad de avanzar en la formalización laboral para que más jóvenes coticen al sistema. Según el candidato, la desconfianza en el Estado y en las instituciones ha reducido la disposición de los jóvenes a aportar, lo que pone en riesgo el futuro pensional.

El aumento del salario mínimo fue otro de los temas centrales del debate. El candidato Juan Daniel Oviedo reconoció que el incremento del 23% fue bien recibido por quienes lo devengan, pero advirtió sobre los efectos que ha tenido en pequeñas empresas. Recordó que solo una de cada diez personas que trabajan en Colombia gana el salario mínimo y planteó como meta que al menos tres de cada diez trabajadores accedan a ese ingreso. Para lograrlo, propuso un trabajo conjunto con el sector privado y el uso de mecanismos como el 4% del subsidio familiar, con el fin de apoyar a las empresas que generan empleo formal de uno o dos salarios mínimos.

La situación fiscal del país y la posibilidad de una nueva reforma tributaria también ocuparon un espacio relevante. El exministro Mauricio Cárdenas afirmó que Colombia enfrenta una grave crisis en sus finanzas públicas, que atribuyó al actual gobierno. En su intervención, anunció que, de llegar a la Presidencia, priorizaría un recorte al gasto público para ajustar las cuentas del Estado. Denunció derroche, despilfarro y corrupción, y señaló como ejemplo el aumento reciente de la nómina en el Ministerio del Trabajo. Cárdenas descartó impulsar nuevos impuestos y aseguró que reduciría la tarifa del impuesto de renta del 35% al 30%, además de desmontar gradualmente el 4x1.000 hasta llevarlo a cero en 2030.

Sobre el crecimiento de la deuda pública, el candidato Juan Carlos Pinzón planteó una estrategia basada en dos frentes. Por un lado, anunció un fuerte recorte del gasto mediante la fusión de ministerios, la eliminación de entidades, consulados y nóminas paralelas. Por otro, propuso llevar al Congreso un estatuto de inversión para atraer capital extranjero y crear dos millones de empleos. Su plan incluye reducir el impuesto de renta al 10% durante cinco años para nuevas inversiones que generen alto empleo en sectores como la agroindustria, la tecnología, el turismo y la minería sostenible.

El déficit de vivienda también fue abordado durante el debate. El exalcalde Enrique Peñalosa advirtió que el país enfrenta un rezago creciente, ya que cada año se forman alrededor de 380.000 hogares urbanos, pero solo se construyen 160.000 viviendas. De mantenerse esa tendencia, dijo, en una década faltarían cerca de dos millones de viviendas. Peñalosa propuso intervenir el suelo urbano para desarrollar proyectos bien ubicados, con acceso a transporte público y espacios públicos, reactivar los subsidios de vivienda y extenderlos a quienes hoy viven en arriendo. Según explicó, la idea es facilitar que los arrendatarios puedan comprar la vivienda en la que viven o una usada en su mismo barrio.

Ante la percepción de un discurso de confrontación del Gobierno hacia el sector privado, el candidato Aníbal fue consultado sobre cómo recomponer la relación con los empresarios. En su respuesta, insistió en que uno de los principales retos del próximo gobierno será restablecer la confianza entre el Estado y el sector productivo. Para lograrlo, dijo, el eje debe ser el respeto mutuo y la construcción de reglas claras y estables que den seguridad a la inversión. Según el candidato, fortalecer esa relación es clave para que las empresas mantengan y amplíen sus inversiones, lo que a su vez impacta en el empleo. También subrayó que sin condiciones de seguridad en el país es imposible atraer capital, tanto nacional como internacional, y agregó que el impulso económico no debe centrarse solo en las grandes compañías, sino también en micro y pequeños empresarios, especialmente a través del acceso al crédito.

En el bloque sobre mercado laboral e informalidad, Juan Manuel Galán planteó que la economía colombiana enfrenta una doble realidad, una reducción del desempleo acompañada de un alto peso del trabajo por cuenta propia, cercano a la informalidad. Como respuesta, propuso apostar por la productividad, recuperar la confianza y crear un puente que permita a los trabajadores informales transitar a la formalidad sin que ello represente un costo excesivo. La iniciativa incluye la modernización de la Dian, la simplificación de trámites para emprendedores y una reforma al estatuto tributario, con especial énfasis en apoyar a jóvenes emprendedores durante los primeros seis años de sus negocios.

Ante una pregunta sobre qué políticas implementaría para profesionales mayores de 50 años que no tienen empleo estable ni cumplen los requisitos para pensionarse, la candidata Vicky Dávila centró su respuesta en un mensaje de respaldo y esperanza. Aseguró que su propuesta está dirigida a quienes han perdido la confianza y sienten que no tienen futuro, entre ellos las personas mayores de 50 años.

Dávila afirmó que ese grupo poblacional aún tiene oportunidades y sostuvo que el camino debe construirse con crédito, capacitación y acompañamiento del Estado. En su intervención, insistió en que la edad no debe ser un obstáculo y señaló que, a los 50 años, las personas siguen siendo productivas y pueden emprender. Según dijo, su apuesta es que puedan crear pequeños negocios y recuperar la estabilidad económica.