La reaparición de vallas atribuidas a la disidencia Jaime Martínez en el corregimiento de San Antonio, zona rural de Jamundí, ha reactivado el temor en la población y renovado las denuncias por la ausencia de Fuerza Pública en el área.
Los mensajes fueron detectados en puntos clave al inicio de 2026.
Habitantes del sector indicaron que estas vallas ilegales regresaron tras un periodo sin presencia visible del grupo armado, lo que ha generado inquietud sobre la efectividad de los anuncios oficiales.
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“Volvieron a aparecer como si nada hubiera pasado y aquí no se ve al Ejército”, expresó un líder comunitario en declaraciones recogidas por Semana.
Varios residentes señalan que, pese a los compromisos públicos de la gobernadora Dilian Francisca Toro sobre la existencia de presencia militar en la zona, la comunidad no percibe protección efectiva. “Dicen que hay Ejército, pero nosotros no lo vemos patrullando ni garantizando seguridad”, afirmó un habitante de San Antonio, citado por el medio mencionado.
La incertidumbre se extiende al ámbito de las obras viales incumplidas. Los habitantes recordaron los anuncios sobre la intervención de la vía San Antonio–Villa Colombia como medida priorizada para mitigar la presión de los grupos armados ilegales.
Sin embargo, a la fecha, los residentes aseguran que no existen avances reconocibles ni resultados tangibles.
Asimismo, persiste el descontento por la demora en la vía Río Claro–Villa Colombia, considerada esencial luego de una consulta donde fue priorizada por la comunidad.
“La gente apoyó masivamente esa vía y hoy no ha pasado nada”, señalaron voceros comunitarios al medio mencionada, quienes insisten en que la ausencia tanto de obras como de seguridad ha facilitado el fortalecimiento de las disidencias.
Frente a este contexto, líderes locales y sectores comunitarios han cuestionado la falta de respuesta desde la Gobernación del Valle del Cauca y autoridades militares.
Hasta el momento, las promesas sobre la construcción de un batallón militar permanecen sin ejecución, y las entidades oficiales se mantienen en silencio sobre la reciente aparición de vallas y el estado de los proyectos viales.
En San Antonio, la sensación general es que las garantías de seguridad prometidas por las autoridades regionales no se traducen en hechos, lo que refuerza entre los habitantes la percepción de que los desafíos, lejos de disminuir, persisten con igual o mayor complejidad al comenzar el año.
Las disidencias de las Farc exigen pagos a pobladores rurales en Jamundí y Sevilla para construir carretera
Disidencias de las Farc imponen un esquema de extorsión sistemática a habitantes rurales en Jamundí y Sevilla para financiar la construcción de una nueva carretera entre los corregimientos de San Antonio y Villa Colombia.
La presión ejercida sobre las comunidades incluye el cobro de $120.000 trimestrales a propietarios de carro, $60.000 mensuales a dueños de motocicleta y $30.000 a quienes solo poseen vivienda. Además, se exige un aporte adicional por residir o transitar por la zona, bajo la promesa de pavimentar los tramos más críticos.
La llegada de doce contenedores en horas nocturnas a la zona alta de Jamundí ha sido detectada por vecinos, quienes relacionan estos movimientos con la construcción del corredor vial. Sectores como El Cedro, Bellavista, Cascarillal, El Diamante y La Despensa reportan alta actividad de los grupos armados en la consolidación de rutas para actividades ilícitas.
Los líderes comunales, especialmente integrantes de las Juntas de Acción Comunal, han sido forzados por los frentes Jaime Martínez y Adán Izquierdo a actuar como intermediarios, visitando las viviendas para recolectar el dinero y entregarlo junto con reportes detallados a las estructuras ilegales. Esta práctica, documentada también en Sevilla, expone a los representantes comunitarios a graves riesgos personales.
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