La Federación Nacional de Departamentos (FND) solicitó a la Corte Constitucional la suspensión provisional del decreto mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el territorio nacional.
La petición fue presentada dentro del proceso de revisión del Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025 y quedó registrada en el expediente RE-00387. La entidad considera que la medida podría exceder los límites previstos por la Constitución para los estados de excepción y pidió que la norma sea frenada mientras el alto tribunal adopta una decisión de fondo. La información fue conocida por Noticias RCN.
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El concepto fue radicado el 22 de enero de 2026 en Bogotá y está dirigido al magistrado sustanciador Carlos Camargo Assis y a la secretaria general de la Corte Constitucional, Andrea Liliana Romero López.
En el escrito, la FND solicita de manera expresa que se ordene la suspensión provisional del decreto, al advertir posibles vicios de constitucionalidad que, a su juicio, ameritan una revisión estricta antes de que continúe produciendo efectos jurídicos.
Los argumentos de la Federación ante la Corte
En el documento, suscrito por Lida Consuelo Figueroa Fonseca, secretaria general de la Federación Nacional de Departamentos, la entidad explica que interviene en ejercicio de las facultades delegadas por resolución interna y como parte del control automático de constitucionalidad que adelanta la Corte sobre los decretos expedidos en estados de excepción.
Según la FND, el Decreto Legislativo 1390 no constituiría un ejercicio legítimo de las facultades otorgadas al Ejecutivo por el artículo 215 de la Constitución Política.
En su análisis, la Federación sostiene que las situaciones invocadas por el Gobierno para justificar la emergencia no corresponderían a hechos sobrevinientes o imprevisibles, sino a problemáticas de carácter estructural que deben ser abordadas por los mecanismos ordinarios del Estado.
“Le solicitamos a la honorable Corte Constitucional que preliminarmente suspenda provisionalmente el decreto legislativo”, señala el texto conocido por Noticias RCN, en el que se insiste en que la figura de la emergencia económica no puede utilizarse de manera amplia o indeterminada, pues ello implicaría un desbordamiento de los límites materiales y funcionales previstos por la Carta Política.
Riesgo de sustituir funciones del Congreso
Otro de los puntos centrales del concepto radicado por la FND tiene que ver con el equilibrio de poderes. Para la Federación, la declaratoria de emergencia económica no debería convertirse en un mecanismo para reemplazar decisiones que son competencia del Congreso de la República.
En ese sentido, advierte que el uso reiterado o injustificado de los estados de excepción puede afectar la separación de poderes y el principio democrático.
La entidad plantea que, si bien el Ejecutivo cuenta con herramientas constitucionales para enfrentar crisis graves, estas deben aplicarse de manera restrictiva y temporal, únicamente cuando las circunstancias lo exijan. De lo contrario, se corre el riesgo de normalizar una figura excepcional y de debilitar el rol del legislador en la definición de políticas públicas de largo alcance.
Por ello, la Federación solicita a la Corte no solo la suspensión provisional del decreto, sino que, en caso de no acceder a esa medida cautelar, se evalúe la posibilidad de aplicar una excepción de inconstitucionalidad frente a algunos de sus efectos, mientras se adopta una decisión definitiva.
Con la radicación del concepto, el proceso de revisión del Decreto Legislativo 1390 continúa su curso en la Corte Constitucional. El expediente RE-00387 será estudiado por el magistrado sustanciador, quien deberá analizar los argumentos presentados por la Federación y por los demás intervinientes en el proceso.
La decisión que adopte el alto tribunal será clave para definir si el decreto de emergencia económica se ajusta o no a la Constitución y si puede seguir vigente mientras se emite un fallo de fondo.
Por ahora, la solicitud de la FND abre un nuevo capítulo en el debate jurídico y político sobre el alcance de los estados de excepción en Colombia, en un contexto marcado por la discusión sobre los límites del poder Ejecutivo y el respeto al orden constitucional.
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