El repentino desembolso de más de $208.000 millones por parte del Gobierno nacional a la Universidad de Antioquia transformó el panorama financiero de la institución apenas unas horas después de la llegada del nuevo rector Héctor Iván García, designado directamente por el Ministerio de Educación.
El anuncio, realizado por el propio rector, implica la posibilidad de regularizar los pagos a profesores y empleados, y refleja la urgencia de responder a un desequilibrio estructural que venía agravándose desde hace meses.
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Esta transferencia, que incluye $70.000 millones en aportes extraordinarios y $138.000 millones en transferencias ordinarias, fue confirmada por García a través de un video difundido en sus canales oficiales.
Allí declaró: “Tengo el inmenso placer de anunciar que los $70 mil millones anunciados por el ministro de Educación Nacional como parte del rescate de la Universidad de Antioquia en lo financiero ya han sido desembolsados y se encuentran en la caja de nuestra universidad”.
El rector precisó que, en los próximos días, la universidad “iniciará el pago de las obligaciones laborales pendientes a empleados, profesores y a proveedores”.
Ambas manifestaciones generaron alivio en la comunidad universitaria y marcaron un punto de inflexión frente a la prolongada incertidumbre financiera.
El giro de fondos se concretó inmediatamente después de que el ministro de Educación, Daniel Rojas, destituyera al rector anterior, John Jairo Arboleda, y nombrara a Héctor Iván García, en una decisión que suscitó cuestionamientos desde el Consejo Superior Universitario (CSU).
La designación, realizada sin consulta previa a este órgano, fue percibida como una afrenta contra la autonomía universitaria, lo que alimentó la controversia en un contexto ya cargado por la crisis de liquidez y el déficit acumulado de la universidad.
A finales de 2025, la propia Universidad de Antioquia había alertado públicamente sobre la necesidad de conseguir más de $135.000 millones para cumplir sus compromisos salariales y contractuales.
La situación, agudizada por los retrasos en los pagos nacionales y por las deudas asociadas al programa estatal de Matrícula Cero, colocó a la entidad en un escenario de riesgo para sus operaciones regulares.
La insuficiencia y tardanza de los giros nacionales —reconocidas tanto por autoridades universitarias como por la Gobernación de Antioquia— agravaron el déficit financiero. Según el representante a la Cámara por Antioquia, Hernán Cadavid, el Gobierno nacional acumulaba en mayo de 2025 atrasos de al menos $103.868 millones con universidades del departamento por concepto de la gratuidad de matrícula, siendo la Universidad de Antioquia una de las afectadas, con un faltante específico de $10.484 millones.
En paralelo, fuentes internas de la institución y desde la Gobernación formularon críticas al Ministerio de Educación, señalando que la falta de liquidez se debió tanto al incremento de costos internos como a la irregularidad de los flujos de dinero asignados por el gobierno central.
En diciembre, el gobernador Andrés Julián Rendón expresó: “El Gobierno Nacional durante todo el año sometió por el no giro oportuno de sus obligaciones a la universidad a unos problemas de caja bastante graves y ahora quiere aparecer como salvador, cuando en realidad fue un causante más de los problemas”.
Mientras tanto, el Consejo Superior Universitario aún no ha aceptado formalmente la renuncia del rector saliente, John Jairo Arboleda, lo que ha dejado en el limbo jurídico el proceso de sucesión en la máxima dirección de la entidad.
Aunque García fue presentado ya como rector ante la comunidad académica, persiste la incógnita sobre la validación oficial de su mandato y las posibles implicaciones para la gobernabilidad de la UdeA.
Como respuesta inmediata a la llegada de los recursos, desde la rectoría se informó que los fondos permitirán saldar el pago de las últimas dos quincenas de los profesores vinculados, la liquidación de diciembre para los docentes de cátedra y otras obligaciones retrasadas. Además, la institución recibió el acompañamiento del Ministerio de Educación durante este periodo de transición, según destacó la universidad.
El uso de los más de $208.000 millones representa una apuesta por recuperar la normalidad en la operación académica y administrativa, luego de meses en los que la universidad debió contemplar medidas como la reducción de gastos y la solicitud de crédito por $90.000 millones a través del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) para mitigar la falta de liquidez.
La comunidad universitaria aguarda tanto la consolidación de los pagos como la definición del proceso jurídico en torno al rectorado, mientras persisten los llamados a discutir salidas estructurales para la financiación de la educación superior pública.
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