Las Bases Camioneras de Colombia enviaron una carta abierta al presidente Gustavo Petro en la que denuncian el incumplimiento estructural del Acuerdo del 6 de septiembre de 2024, firmado tras el Paro Nacional Camionero, y advierten sobre un riesgo inminente de colapso del sector transporte de carga.
El documento, dirigido también a la opinión pública nacional e internacional, acusa al Estado de omisiones graves que afectan a más de 2,5 millones de familias que dependen de esta actividad.
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En la misiva, los transportadores señalan que, a más de un año de la firma del acuerdo, los compromisos asumidos por el Gobierno “no se han materializado” y que el Ministerio de Transporte habría fallado en articular una respuesta institucional efectiva.
“Lo que hoy denunciamos no es una lista de pendientes, sino una crisis de gobernabilidad”, afirman, advirtiendo que el acuerdo terminó convertido en “letra muerta”.
Denuncias por manipulación del SICE-TAC y sobreexplotación de conductores
Uno de los puntos más sensibles de la carta es la denuncia de una manipulación técnica del SICE-TAC, el sistema que regula los costos del transporte de carga en el país.
Según el gremio, el Ministerio de Transporte habría introducido parámetros irreales para reducir artificialmente los valores a pagar por flete, favoreciendo a los grandes generadores de carga y profundizando la precarización laboral.
Las Bases Camioneras aseguran que el sistema incrementó hasta en un 120 % el número de viajes mensuales estimados, obligando a los conductores a trabajar en condiciones de pérdida económica.
Esto, según el documento, implica jornadas que superan los límites legales, con más de 100 horas adicionales al mes, aumentando de forma grave el riesgo de siniestros viales por fatiga.
También denuncian reducciones inexplicables en el consumo estimado de combustible por ruta y el cargue parcial de los costos reales de los equipos, que solo se reconocen hasta el 70 % de su valor, incluidos los semirremolques. Para el gremio, esta situación configura una “sobreexplotación institucionalizada” promovida desde el propio sistema oficial.
Crisis de derechos humanos y 33 conductores asesinados
La carta dedica un capítulo completo a la crisis de seguridad y derechos humanos que enfrenta el sector. De acuerdo con el documento, en los últimos tres años y medio 33 conductores han sido asesinados mientras cumplían su labor, sin que exista una respuesta efectiva del Estado.
A estos hechos se suman asaltos, secuestros, hurtos de mercancía, extorsiones, quema de vehículos y persecución a líderes gremiales, con casos de exilio forzado por exigir el cumplimiento de los derechos del sector. Las Bases Camioneras acusan al Ministerio de Transporte de haber ignorado denuncias formales presentadas en mesas de diálogo, pese a conocer los corredores viales más peligrosos del país.
También rechazan agresiones y atropellos contra mujeres directivas del gremio dentro de instalaciones oficiales, hechos que permanecen en la impunidad.
Caos portuario, navieras y llamado urgente a los órganos de control
El documento denuncia además el caos logístico en Buenaventura y otros puertos, donde las navieras y patios de contenedores operarían con permisividad estatal. Según la carta, estas empresas cobran moras anticipadas en dólares y utilizan los camiones como bodegas gratuitas durante varios días, generando sobrecostos, filas interminables y condiciones indignas para los conductores.
Frente a este panorama, las Bases Camioneras exigen la intervención inmediata de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, para investigar posibles omisiones graves y un eventual detrimento patrimonial.
Reclaman la corrección inmediata del SICE-TAC con valores reales de mercado, la puesta en marcha de los programas de modernización vehicular, la normalización de miles de camiones livianos en “limbo” administrativo y un cambio estructural en la política de fotomultas.
“No pedimos privilegios, exigimos legalidad, dignidad y justicia”, concluye la carta, advirtiendo que el silencio del Estado ya se traduce en ruina económica y pérdida de vidas en las carreteras del país.
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