La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) se pronunció oficialmente sobre la reciente notificación de los recortes que haría el Gobierno nacional a las vigencias futuras de los proyectos de infraestructura vía Mulaló-Loboguerrero y el canal del Dique.
La asociación advirtió que el Gobierno nacional incumplió las reglas que él mismo estableció y puso en riesgo cerca de $1 billón en los dos proyectos estratégicos de infraestructura para el país.
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En una comunicación enviada a los Ministerios de Hacienda y Transporte, a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Departamento Nacional de Planeación, el gremio manifestó su preocupación por la reducción de los recursos asignados a la construcción, operación y mantenimiento de la mencionada vía en el Valle del Cauca, y la restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique, en la región Caribe.
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Según la CCI, la disminución de las vigencias futuras afectaría directamente a dos iniciativas priorizadas en el mismo Plan Nacional de Desarrollo con estos presupuestos: la vía Mulaló-Loboguerrero, con una asignación original cercana a $340.000 millones, y la restauración del Canal del Dique, con una partida aproximada de $636.000 millones.
El gremio explicó que la decisión de reducir unilateralmente estos recursos contradice un decreto expedido el 29 de diciembre del año pasado, que establecía que las vigencias futuras solo podían modificarse mediante acuerdo entre las partes involucradas.
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Dos días después de la expedición del decreto, el Ejecutivo redujo los recursos sin el consentimiento de los concesionarios, según informó la CCI.
La Cámara Colombiana de la Infraestructura señaló que esta actuación transgrede los lineamientos definidos por el propio Ejecutivo y puede afectar la confianza en los contratos de infraestructura pública.
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En ese sentido, advirtió que hay una contundente posibilidad de que surjan riesgos legales y financieros para la Nación debido a este cambio en las reglas de juego.
En el comunicado dirigido a las autoridades nacionales, el gremio exhortó al Gobierno a restablecer las vigencias futuras previstas para 2026 y a garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos con los proyectos mencionados.
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“De no honrar estos compromisos de pago, los funcionarios responsables serían sujetos de eventuales sanciones disciplinarias y fiscales”, advirtió la CCI en su declaración oficial.
La Contraloría también emitió concepto sobre el recorte
La determinación del recorte presupuestal, según la Contraloría General de la Nación, puede derivar en afectaciones directas al patrimonio del Estado y en incumplimientos legales.
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Y es que, según la entidad, la disminución de recursos para estos proyectos estratégicos incrementaría la preocupación por la capacidad del país para mitigar riesgos ambientales, especialmente, en la región Caribe.
En una carta remitida al Ministerio de Transporte, Ministerio de Hacienda y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Contraloría advirtió que la decisión del ejecutivo, encabezado por Gustavo Petro, vulnera legislaciones —tal cual como señal{o la CCI— como el Decreto 1472 del 29 de diciembre de 2025, emitido por la Dirección Nacional de Planeación (DNP).
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El ente de control resaltó la gravedad fiscal del ajuste: “Esta decisión amenaza con materializar los riesgos fiscales claramente expuestos”, se lee en el documento oficial.
Esto le pidió la Contraloría al Ejecutivo
Entre los cuestionamientos enviados, la Contraloría solicitó al Gobierno detalles sobre la “justificación técnica, legal y financiera de la necesidad de reprogramación de vigencias futuras” y la propuesta de un nuevo cronograma de compromisos anuales que asegure la disponibilidad de fondos para la realización del proyecto, incluyendo la conformidad expresa del concesionario con los nuevos ajustes.
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El organismo requirió también documentación que acredite que la modificación contractual no eleva el valor final del contrato, además de la “certificación por parte del Representante Legal de la entidad u órgano ejecutor” acerca del respeto a los límites legales de plazo y adiciones que establece la Ley 1508 de 2012.
Pidió, por último, el “concepto previo favorable del Ministerio o entidad cabeza del sector sobre la viabilidad de la reprogramación de la vigencia futura solicitada”, junto con la verificación de que los montos propuestos se mantengan dentro del tope sectorial permitido.
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