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Tarifa de Transcaribe, en Cartagena, tendrá el pasaje más caro del transporte masivo en Colombia: cuánto costará en 2026

El ajuste decretado por la Alcaldía Mayor llevó el valor del pasaje a $3.900 a partir del viernes 23 enero de 2026, superando a otras ciudades, como Bogotá. La decisión busca responder al aumento en insumos y costos operativos en el sector

La Alcaldía de Cartagena decretó que la tarifa de Transcaribe será de $3.900 por trayecto desde enero de 2026, la más alta del transporte masivo en Colombia - crédito Transcaribe
La Alcaldía de Cartagena decretó que la tarifa de Transcaribe será de $3.900 por trayecto desde enero de 2026, la más alta del transporte masivo en Colombia - crédito Transcaribe
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A partir del 23 de enero de 2026, Cartagena pasará a tener el pasaje más caro en transporte masivo de Colombia: la tarifa para usuarios de Transcaribe se fijó en $3.900 por trayecto, superando a todas las principales ciudades del país, como Bogotá cuyo valor para Transmilenio está en $3.550.

La medida, decretada oficialmente por la Alcaldía Mayor de Cartagena a través del Decreto 017 de 2026, responde al incremento de los costos operativos y busca asegurar tanto la sostenibilidad financiera como la continuidad del sistema frente a un escenario marcado por presiones inflacionarias y una crisis sectorial.

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Con el nuevo ajuste, el precio del pasaje presenta un aumento de $500 respecto a la tarifa de $3.400 vigente durante 2025, una variación equivalente al 14,7%.

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Esta proporción coloca a Cartagena a la vanguardia de los incrementos nacionales en transporte urbano masivo para 2026, mientras otros sistemas aún definen sus propias actualizaciones tarifarias.

El aumento del pasaje de Transcaribe representa un incremento de $500 y 14,7% respecto a la tarifa de 2025 en Cartagena - crédito Distrito de Cartagena
El aumento del pasaje de Transcaribe representa un incremento de $500 y 14,7% respecto a la tarifa de 2025 en Cartagena - crédito Distrito de Cartagena

Según la administración distrital y la gerencia de Transcaribe, el alza responde prioritariamente a tres variables macroeconómicas: el aumento del salario mínimo, la inflación y el precio del combustible, en especial el gas natural vehicular utilizado por la flota.

Para 2026, el salario mínimo tuvo un incremento del 23%, el Índice de Precios al Consumidor subió 5% y el combustible promedió un alza proyectada de 35%.

Sin embargo, no toda esa carga se transfirió directamente al usuario, ya que se decidió aplicar únicamente el 10,58% del aumento del salario mínimo y el 7% del combustible en el cálculo final de la nueva tarifa, informó la gerente de TransCaribe, Ercilia Barrios en declaraciones a La FM.

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Barrios explicó que el sistema distingue entre una tarifa técnica, que representa el costo real de la operación diaria, y una tarifa al usuario, concebida como social y subsidiada para no rebasar la capacidad de pago de la población: “La tarifa al usuario no refleja la totalidad de los costos reales de la operación. El esfuerzo institucional está orientado a sostener el sistema sin afectar de manera desproporcionada a la ciudadanía”.

La operación de Transcaribe ha sido interrumpida debido a una falla informática que también afectaba otros sectores globales, incluidos la banca y los vuelos - crédito TransCaribe
El incremento del salario mínimo para 2026, con un aumento del 23 %, tuvo la mayor incidencia en el ajuste de la tarifa de TransCaribe - crédito TransCaribe

En la determinación de la nueva tarifa, el incremento salarial representó el factor de mayor peso, con un 46% de incidencia en el valor final. Le siguen la inflación con un 34% y el combustible con un 20%.

Estos elementos impactan directamente en gastos como la remuneración de los concesionarios operativos Sotramac, Transambiental y la empresa contratista que opera Transcaribe Operador (Cartagena Complementaria Social de Indias), además de los rubros de mantenimiento preventivo y correctivo, lavado y alistamiento de vehículos, personal de conducción, vigilancia y administración pública.

La inyección de recursos derivada de este ajuste es decisiva para garantizar el pago oportuno en áreas neurálgicas del servicio: mantenimiento, logística, seguridad, limpieza y sueldos, según detalló la Alcaldía. El Distrito también reiteró la promesa de destinar parte de este refuerzo financiero a la mejora de frecuencias y cobertura del sistema en las tres localidades de Cartagena.

El nuevo precio del transporte colectivo de Cartagena quedó en $4.000 para buses y busetas, y $3.900 para microbuses en la zona urbana - crédito Alcaldía de Cartagena
El nuevo precio del transporte colectivo de Cartagena quedó en $4.000 para buses y busetas, y $3.900 para microbuses en la zona urbana - crédito Alcaldía de Cartagena

En paralelo, la Alcaldía expidió el Decreto 0016 de 2026, el cual estableció una actualización en las tarifas del transporte colectivo de pasajeros —buses, busetas y microbuses— sustentada en un estudio técnico del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (Datt).

Se autorizó un incremento promedio del 10,72%, equivalente a $400 sobre la tarifa anterior. Como resultado, los nuevos precios para la zona urbana quedaron fijados en $4.000 para buses y busetas, y $3.900 para microbuses.

En las rutas rurales, las tarifas varían según el destino: $4.000 para Cartagena-Boquilla y Cartagena-Pasacaballos, $4.100 para Cartagena-Manzanillo del Mar, $4.200 para Manzanillo del Mar, Bayunca y Tierrabaja, $4.600 para Cartagena-Punta Canoa, $5.000 para Arroyo de Piedra y Arroyo de las Canoas, y hasta $5.600 para Arroyo Grande.

El nuevo marco normativo obliga a todas las empresas de transporte habilitadas a entregar la tarjeta oficial con las tarifas a sus vehículos vinculados en un plazo de cinco días hábiles desde la entrada en vigencia del decreto. Además, los vehículos deberán exhibir esta información de manera visible para los usuarios, bajo la supervisión del DATT, que será responsable de verificar su cumplimiento.

En síntesis, Cartagena se sitúa ahora en la cima nacional en costo del transporte masivo, con ajustes impulsados por un contexto económico adverso y el compromiso institucional de preservar la funcionalidad y el carácter social del sistema.

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