El sector hospitalario de Antioquia enfrenta una crisis financiera sin precedentes, según la alerta emitida por la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia.
El monto adeudado por las EPS a los prestadores llegó a 8 billones de pesos hasta septiembre de 2025, una cifra que supera cualquier registro anterior y pone en jaque la viabilidad de hospitales públicos y privados.
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Para Marta Cecilia Ramírez, secretaria de Salud departamental y exgerente de la IPS Universitaria, la gravedad de la coyuntura no tiene antecedentes.
“Es la peor crisis que hayamos podido vivir en el sector, pero lo más lamentable es que es premeditada”, afirmó Ramírez a el diario regional El Colombiano. Según la funcionaria, la falta de liquidez “se ha agudizado en los últimos cuatro meses”, lo que ha impactado la capacidad de respuesta de las instituciones.
Ramírez describió que a partir de 2023 la deuda mostró “una pendiente altísima”, imposibilitando que los hospitales se prepararan para un deterioro tan acelerado. En muchas instituciones, solo lograron recuperar “el 25% de lo que facturaban, máximo el 40%”, lo que resultó insuficiente para cubrir compromisos claves, como el pago de la prima navideña y los salarios.
El esfuerzo de la Gobernación de Antioquia tampoco ha logrado revertir el colapso. Ramírez detalló en el medio mencionado: “En los últimos dos años, 2024 y 2025, hemos invertido más de 220.000 millones de pesos... El último modelo que lanzamos fue una línea de créditos con el IDEA con tasa compensada, en la que dispusimos 85.000 millones para apoyar un programa de saneamiento fiscal y financiero”.
Solo el hospital de Envigado logró completar el proceso para recibir los recursos, aunque ya hay otros centros en trámite, como Sabaneta, La María y el hospital de Itagüí.
La secretaria aclaró a El Colombiano que, aunque aspiran a beneficiar a 60 hospitales con estos apoyos, “cualquier esfuerzo que haga la Gobernación es insuficiente para cubrir los 8 billones que le deben las EPS a las instituciones públicas y privadas, 2 billones a la pública y 6 billones a la privada”. Además, destacó que la red privada “tiene mayor capacidad de atender a los pacientes graves”.
El impacto humano de esta crisis ya dejó huellas profundas. “Los representantes de los pacientes han denunciado que ya van más de 2.500 pacientes fallecidos con enfermedades graves, que se murieron esperando un tratamiento”, enfatizó Ramírez.
La funcionaria lanzó un llamado al Gobierno Nacional y a la Procuraduría, cuestionando la inacción de la Superintendencia de Salud: “La Superintendencia está omitiendo su responsabilidad de vigilar el flujo de los recursos”.
Además, Ramírez advirtió: “El Ministerio (de Salud) debería también estar muy preocupado con lo que realmente está ocurriendo con los trabajadores de la salud y con los pacientes”.
El drama también golpea a quienes sostienen la atención hospitalaria. “Están sufriendo mucho. No es justo que quien realmente salva la vida de los pacientes en el modelo que ellos prometieron arreglar esté hoy en una situación de estas”, lamentó la secretaria.
Al referirse a los testimonios de médicos afectados, Ramírez sostuvo que la angustia y el dolor son palpables: “El llanto que vimos… es de angustia, de dolor, de impotencia, de alguien que también es médico y que siente que no le puede garantizar el mínimo vital a los empleados”.
Frente a este panorama, Marta Cecilia Ramírez concluyó con una exigencia: “Abogo por soluciones claras y concretas de liquidez para mitigar la situación de los trabajadores de la salud y de la operación de los hospitales”.
Sobre la polémica frase del ministro de Salud: “Los ricos también lloran”
La controversia por la situación de los hospitales públicos de Antioquia volvió a escalar tras los señalamientos del ministro de Salud de Colombia, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien apuntó directamente a presuntos manejos políticos y administrativos irregulares en el Hospital de Itagüí.
Durante una visita al Hospital Universitario de Santander, Jaramillo advirtió sobre lo que considera una captura política de ese centro asistencial. El ministro fue enfático: “En especial el Hospital de Itagüí se lo entregaron a la clase política, todo el mundo sabe en Antioquia que ese hospital lo manejan los diputados, ha habido mala administración, ha habido corrupción, han tenido que liquidarlo y formalizarlo en varias ocasiones”, aseveró al medio local.
La polémica se intensificó luego de que, en el último Consejo de Ministros, el titular de Salud denunciara que varios hospitales de la región habrían sido “entregados al mejor postor”. Además, mencionó al gerente del Hospital San Rafael, Luis Fernando Arroyave, señalando que “tendría familiares en la política”.
En respuesta a estas acusaciones, la secretaria de Salud de Antioquia, Martha Cecilia Ramírez, se manifestó en defensa del equipo directivo. Ramírez señaló: “Ese es un hospital que cogimos con muchas dificultades, pero llevamos dos años de trabajo en un programa de saneamiento fiscal y financiero, con seguimiento del Ministerio de Hacienda. Afirmar que hay corrupción sin denuncia formal es un acto de atrevimiento e irrespeto”, declaró a la prensa.
La funcionaria agregó que, según información oficial, ni la Fiscalía ni la Procuraduría han reportado investigaciones vigentes contra Arroyave o los miembros de su equipo.
El Hospital San Rafael arrastra una deuda de más de 22.000 millones de pesos, una cifra que, según fuentes oficiales, se relaciona principalmente con pagos pendientes de EPS intervenidas por el Gobierno nacional, entre ellas Savia Salud y la Nueva EPS.
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