El ministro de Justicia (e) Andrés Idárraga rechazó cualquier participación en la solicitud de imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en el proceso judicial del magnicidio del exsenador Miguel Uribe Turbay, en junio de 2025, tras las acusaciones de Rodríguez sobre su presunta injerencia con motivaciones políticas.
En declaraciones a medios de comunicación, Idárraga afirmó: “Vamos a hacer una reunión con el director Augusto, porque creo que lo han malinformado personas que han querido sembrar cizaña”.
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Y agregó: “Vamos a resolverlo internamente, vamos a conversar. Es evidente que no tiene sentido que el Ministerio de Justicia tenga incidencia en la Fiscalía. Eso me parece de entrada una falta de respeto con la señora fiscal y con los fiscales que llevan los casos. Somos respetuosos de la independencia judicial, de la división de poderes, y lo que decida la Fiscalía lo decide de manera autónoma y en el marco de sus propias decisiones”.
Las declaraciones de Idárraga se producen después de que el director de la UNP, considerado uno de los hombres de confianza del presidente Gustavo Petro, lo señalara de intervenir en la investigación en su contra por las deficiencias en el esquema de seguridad del exprecandidato presidencial.
Según la versión compartida por el propio Rodríguez, Idárraga habría influido en el proceso a través de su esposa, Andrea del Pilar Verdugo, que el martes 20 de enero presentó su renuncia al cargo de directora de Asuntos Jurídicos que ocupaba en la Fiscalía General de la Nación.
El rifirrafe entre Andrés Idárraga y Augusto Rodríguez
El intento de la Fiscalía por imputar cargos contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), desencadenó una crisis política en el entorno del presidente Gustavo Petro y reavivó las tensiones históricas entre exintegrantes del M-19 y otros altos funcionarios del gabinete.
La controversia estalló cuando el ente judicial anunció que imputaría a Rodríguez por el delito de prevaricato por omisión, tras considerar que existían suficientes argumentos para vincularlo al caso del asesinato de Miguel Uribe.
Según el ente acusador, Uribe solicitó en al menos 23 ocasiones el refuerzo de su esquema de seguridad ante la UNP, peticiones que no habrían recibido respuesta oportuna.
Horas después del anuncio, la Fiscalía se vio obligada a suspender la imputación. El motivo: la fiscal encargada de la solicitud no tenía competencia para adelantar ese trámite, lo que llevó a dejar sin efecto, temporalmente, el proceso penal contra Rodríguez. Este giro inesperado no solo generó incertidumbre jurídica, también destapó un conflicto abierto entre el director de la UNP y el ministro de Justicia (e).
En declaraciones recogidas por diversos medios, Rodríguez señaló directamente a Idárraga de influir en el proceso judicial en su contra, aunque no presentó pruebas que sustentaran la acusación.
De acuerdo con Rodríguez, la supuesta injerencia estaría relacionada con la esposa de Idárraga y hasta hace poco funcionaria de la Fiscalía, que renunció tras ser mencionada en el caso. “También llegué a pensar que podría ser por alguna retaliación del doctor Andrés Idárraga, que anda diciendo que yo lo he chuzado. El doctor Idárraga siempre ha dicho que él tiene poder en la Fiscalía porque su esposa es la directora de Asuntos Internacionales”, afirmó Rodríguez.
Rodríguez atribuyó la arremetida judicial a dos factores principales: la presión de sectores de oposición que buscan responsabilizar al presidente Petro por la muerte de Miguel Uribe y los desacuerdos con el ministro de Justicia, que también denunció que sus comunicaciones estarían interceptadas por Pegasus. “Yo hablé del doctor Idárraga porque entiendo que su trabajo es la transparencia y, dentro de ello, está investigando situaciones irregulares en el Ministerio de Defensa o en las Fuerzas Militares. Pero no conozco nada sobre el sistema Pegasus ni sobre chuzadas”, sostuvo Rodríguez a Caracol Radio.
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