El Ejército colombiano enfrenta nuevas denuncias de corrupción en contrataciones públicas, centradas en la reciente licitación de la Base Militar La Pedrera, en el Amazonas.
El contratista Álvaro Arcila expuso ante Semana un presunto sistema de favoritismo que, según su testimonio, beneficia a empresas cercanas y dificulta la participación de quienes no pertenecen a ese círculo.
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La crisis en los procesos de licitación coincide con situaciones críticas en la seguridad y la gestión de recursos en otras regiones del país, como Catatumbo y Guaviare.
Auditorías recientes señalaron irregularidades en el Comando de Ingenieros, donde los contratos habrían sido direccionados a grupos limitados de contratistas que colaboran con las interventorías, lo que genera sospechas sobre el destino de los fondos públicos.
El caso más reciente gira en torno al contrato de construcción de alojamientos y otras instalaciones en La Pedrera, por un valor de $4.500 millones de pesos. Arcila relató que, tras participar y ganar la licitación, descubrió que otros postulantes presentaron documentos falsos. Esto llevó al Ejército a adjudicar el contrato únicamente a su empresa.
Según el contratista, a partir de ese momento la institución militar implementó numerosos obstáculos administrativos y procedimientos sancionatorios que, en su criterio, buscaban forzar su salida del proyecto.
Arcila afirmó al medio mencionado que quienes no forman parte de los beneficiarios habituales se convierten en blanco de “una persecución” institucional, en la que procesos sin sustento limitan la ejecución normal de los contratos.
Para Arcila, las condiciones impuestas revelaban que el proceso estaba diseñado para favorecer a un participante específico. Entre las anomalías, mencionó la falta de plazos claros para la entrega y la presencia reiterada de “contratistas favoritos amparados por altos mandos militares”.
También señaló que funcionarios encargados de supervisar los proyectos han trabajado previamente con las mismas empresas seleccionadas, y que las empresas nuevas enfrentan condiciones adversas.
El asesor jurídico de Arcila, Gustavo Correa, declaró a Semana que identificaron la existencia de documentos falsos en la postulación de otros competidores.
Esta situación derivó en la descalificación de estos y en la asignación forzosa del contrato a Arcila. Correa también aseguró que no han recibido explicaciones sobre el destino del anticipo contractual, como establece el proceso de licitación.
Arcila denunció que le correspondía recibir el 30% del anticipo para la ejecución de la obra, aproximadamente $1.300 millones de pesos, pero el dinero nunca fue desembolsado. Ante la falta de recursos, debió utilizar cerca de 2.000 millones de pesos del patrimonio de su empresa para continuar la construcción.
Durante el seguimiento de este contrato, la Contraloría General detectó posibles daños patrimoniales y emitió un control de advertencia al Ejército. Sin embargo, la entidad informó que en 2024 enfrentó limitaciones para auditar en terreno debido a problemas de orden público en La Pedrera, lo que dificultó la fiscalización efectiva.
La denuncia presentada por Arcila fue remitida a la Fiscalía 212, que analiza si existió un sistema de corrupción. Hasta el momento, el Ejército ha abierto procesos sancionatorios contra Arcila, pero no se han emitido declaraciones públicas al respecto.
Según el seguimiento, este caso refleja la persistente desconfianza en la transparencia y la eficacia de la gestión de recursos públicos en zonas estratégicas de Colombia. Arcila resume su experiencia con un sentimiento de frustración por las condiciones que, a su juicio, obstaculizan el desarrollo empresarial fuera de los esquemas establecidos.
El Ejército confirma captura de siete militares por presuntos delitos contra el patrimonio público
Siete militares activos del Ejército Nacional fueron capturados el 16 de diciembre tras detectarse irregularidades administrativas y posibles delitos contra el patrimonio público, según informó la propia institución.
Las detenciones se realizaron de forma simultánea en Popayán, Ocaña, Pasto, Tolemaida y en el Fuerte Militar de Larandia, en virtud de órdenes emitidas por la Fiscalía General de la Nación dentro de un proceso judicial por peculado por apropiación.
En los últimos avances de la investigación, se reveló que los uniformados habrían manipulado permisos de salida y vacaciones de soldados, de acuerdo con información de El Tiempo.
Además, estas acciones se suman a casos recientes como la captura del oficial Julián Ferney Rincón Ricaurte por supuestas irregularidades contractuales vinculadas al escándalo de los helicópteros MI-17 del Ejército, lo que evidencia una serie de investigaciones en marcha dentro de la Fuerza.
El operativo, coordinado entre unidades de Contrainteligencia Militar, la Policía Nacional y la Fiscalía, permitió la aprehensión de cuatro oficiales y tres suboficiales. Los militares fueron puestos de inmediato a disposición de las autoridades competentes para la continuidad del proceso de judicialización.
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