La Nueva EPS reportó que enfrenta embargos judiciales superiores a $2,1 billones, cifra inédita que compromete la continuidad de sus operaciones y el flujo de recursos destinados a la atención de más de 11,7 millones de usuarios en Colombia. Según la entidad, los embargos fueron ordenados por cuatro juzgados y afectan el pago oportuno a prestadores de servicios de salud y proveedores de medicamentos.
La compañía detalló que el monto embargado equivale al promedio de la operación de un mes completo, situación que llevó a la entidad a notificar a las autoridades de control y a solicitar la intervención urgente de los organismos competentes. De acuerdo con la Nueva EPS, el 80% de los prestadores afectados por los embargos corresponden a las principales instituciones privadas del país.
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Impacto directo sobre prestadores de servicios y usuarios
De acuerdo con la información difundida por la Nueva EPS, las medidas judiciales bloquearon cuentas bancarias y limitado el acceso a recursos de tesorería, restringiendo la capacidad de la entidad para cumplir con sus obligaciones ante una red de aproximadamente 5.000 prestadores de servicios de salud distribuidos por todo el país.
La mayoría de los embargos, según explicó la organización, responde a demandas presentadas por 95 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), en su mayoría privadas. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, indicó durante una sesión del Consejo de Ministros que más de $2 billones de pesos permanecen embargados por decisiones judiciales, lo que afecta directamente el pago de medicamentos y otros insumos esenciales.
El funcionario advirtió que esta situación vulnera el derecho fundamental a la vida de los pacientes, al impedir que el sistema de salud cumpla con sus obligaciones básicas. “Los fondos retenidos forman parte del funcionamiento operativo necesario para garantizar la entrega de medicamentos a los pacientes”, afirmó Jaramillo.
El Ministerio de Salud rechazó la interpretación de los jueces que consideran los recursos como utilidades o gastos administrativos, recordando que la legislación colombiana establece la inembargabilidad de estos dineros.
Controversia por legalidad y alcance de los embargos
La Nueva EPS enfatizó que los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), según el artículo 48 de la Constitución y las leyes 1438 de 2011 y 715 de 2001, tienen carácter inembargable. Pese a ello, los juzgados responsables de las medidas procedieron con los embargos, argumentando que los recursos corresponden a otros conceptos.
Entre los juzgados que concentran el mayor número de medidas se encuentran el Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia (Caquetá), el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Florencia, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal del Circuito de Puerto Rico (Caquetá) y el Juzgado 28 Civil del Circuito de Bogotá.
La Nueva EPS informó que emprendió acciones jurídicas y buscó acercamientos con los jueces para garantizar la continuidad de la prestación del servicio. La compañía reconoció que, si los embargos se mantienen, no solo se verá afectada su operación administrativa, sino también la sostenibilidad financiera de los prestadores, muchos de los cuales dependen en gran medida de los pagos de la Nueva EPS.
Reacciones del Gobierno y propuestas para enfrentar la crisis
El presidente de la República, Gustavo Petro, cuestionó abiertamente las decisiones judiciales y sugirió que detrás de los embargos podrían existir demandas promovidas por algunas IPS, con la presunta complicidad de ciertos jueces.
El mandatario señaló que estas acciones están frenando el pago de medicamentos esenciales y solicitó control disciplinario inmediato para los funcionarios judiciales involucrados.
Uno de los casos más recientes ocurrió el 19 de enero, cuando se había acordado la transferencia de $60.000 millones a Colsubsidio para asegurar la entrega de medicamentos, pero el dinero fue embargado antes de que se concretara el pago. Esta situación desató críticas y profundizó la preocupación sobre el futuro de la atención sanitaria.
En respuesta a la crisis, el presidente Petro propuso la liquidación de las Entidades Promotoras de Salud intervenidas, apoyado en un concepto del Consejo de Estado que autoriza el uso de recursos de la UPC para cubrir deudas de periodos anteriores.
Según el jefe de Estado, mantener operativas las EPS intervenidas implica utilizar fondos destinados a la atención de pacientes para saldar obligaciones pasadas, lo que agrava el endeudamiento del sistema de salud, que supera los $39 billones.
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