El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) le salió al paso el lunes 19 de enero de 2026 a la controversia en torno a un contrato por $10.000 millones destinado a la contratación de servicios jurídicos sobre sanciones financieras internacionales, al señalar que se trata de una práctica institucional y no de una medida para beneficiar personalmente al presidente de la República, Gustavo Petro: que se encuentra en la Lista Clinton.
De acuerdo con el Dapre, la contratación de firmas especializadas en Estados Unidos para la gestión de sanciones internacionales es una práctica “histórica, legítima y sostenida” que se remonta a 1938 y que ha sido empleada por diferentes gobiernos. Con ello, quiso desmarcarse de la polémica por el multimillonario monto que se habría destinado para lo que consideran, según políticos opositores, una defensa personal de Petro y no gestión institucional.
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“Los registros oficiales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, así como los archivos institucionales del Dapre, evidencian que desde 1938 el Estado colombiano ha recurrido, de manera regular y transparente, a firmas especializadas en los Estados Unidos, a través de distintos gobiernos y entidades”, se señaló en la misiva, en la que trajo a colación casos durante las administraciones de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque Márquez.
Los argumentos con los que el Dapre quiere desvirtuar las críticas por el millonario contrato para la defensa de Petro
La explicación de la dependencia se conoció luego de que la Procuraduría General de la Nación, por instrucción del procurador Gregorio Eljach, ordenó indagación preliminar frente a este contrato. Con ello, se busca identificar posibles responsables por este acuerdo, suscrito con la firma Amadeus Consultancy Limited, de la que hace parte el abogado Daniel Kovalik; el mismo que había anunciado una defensa pro bono del caso de Petro, abierto desde el 24 de octubre.
El Dapre enfatizó que el contrato “no tiene como objeto la defensa personal del presidente ni de ningún funcionario o particular, sino el fortalecimiento de la capacidad del Estado para analizar, anticipar y gestionar riesgos derivados de regímenes internacionales de sanciones financieras, cuyos efectos podrían impactar de manera grave y transversal al país en su conjunto”. Y que la contratación “no constituye un hecho excepcional ni responde a intereses personales”.
En el documento divulgado por el ejecutivo, el departamento administrativo precisó que “las medidas adoptadas por autoridades extranjeras como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) no corresponden a procesos penales ni judiciales, sino a decisiones administrativas de carácter financiero que, de no ser abordadas con rigor técnico y oportunidad, pueden afectar el sistema financiero, las relaciones internacionales y la confianza en el Estado colombiano".
Y agregó en su defensa que la modalidad de contratación “está plenamente autorizada por el ordenamiento jurídico colombiano, se encuentra debidamente justificada en los estudios previos y responde a la inexistencia de una oferta nacional con experiencia equivalente en esta materia altamente especializada”. Así pues, le salió al paso a la controversia que se gestó frente al monto que se destinó para este proceso, que se llevará a cabo en los tribunales norteamericanos.
En el comunicado, el organismo afirmó que el valor del contrato es razonable y proporcional frente a lo que serían los riesgos institucionales, financieros y reputacionales que se busca prevenir. “Y está sujeto a controles estrictos, productos verificables y supervisión permanente”, expresó el Dapre. E insistió en que “los hechos demuestran que se trata de una decisión responsable, institucional y coherente con la historia del Estado colombiano”.
Frente a un hecho sin precedentes, como el de la inclusión del presidente colombiano en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y que ha sido interpretado por los sectores opositores como un acto vergonzoso para la dignidad del cargo, el Dapre fue enfático. “Proteger al país frente a riesgos internacionales no es una opción política, sino un deber ineludible de la administración pública”, puntualizó la entidad encargada del despacho del gobernante.
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