Licorera de Santander advierte riesgo laboral y comercial tras aumento del impuesto a licores

El reciente aumento del impuesto al consumo de licores en Colombia, fijado por el decreto 1474 de 2025, es motivo de alarma para la Licorera de Santander y el sector privado local, que advierten un futuro de ventas en descenso, reducción de puestos de trabajo y mayor penetración del contrabando en la región.

El objetivo principal de la normativa es aumentar los ingresos del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026 para cubrir el déficit dejado ante el fracaso de la reforma tributaria. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, estimó un recaudo fiscal de cerca de $11,1 billones gracias al nuevo paquete de tributos.

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Según explicó Danny Villamizar, gerente suplente de la Licorera de Santander, el panorama ya es tangible: desde principios de año, el sector reporta pérdidas de empleos, caída en la demanda y una cadena productiva en riesgo, configurando una amenaza tanto económica como social para Santander.

Villamizar precisó que esta situación afecta directamente a la estructura laboral de la empresa. “Esta es una cadena productiva completa: maquiladoras, empresas de transporte y distribuidores; hablamos de 25 empleos directos y cerca de 120 indirectos que hoy están en peligro”, detalló el directivo, subrayando que la estabilidad de los contratos y la supervivencia de las plantas maquiladoras ya se encuentran comprometidas.

El gerente suplente enfatizó que el impacto trasciende el ámbito empresarial: el incremento impositivo deriva en precios más altos y limita el acceso al aguardiente, históricamente considerado una bebida popular en la región. “El aguardiente, que era una bebida popular, hoy se convierte en un producto al que solo pueden acceder quienes tienen mayor capacidad económica”, afirmó Villamizar.

Además, el directivo aclaró que, si bien varios gobernadores han manifestado su desaprobación por la medida, las empresas privadas no cuentan con margen de maniobra y deben cumplir la normativa, sacrificando cuota de mercado y competitividad.

De igual modo, el riesgo de un mercado paralelo es otra de las preocupaciones expuestas por la Licorera de Santander. De acuerdo con Villamizar, el nuevo decreto da pie a la expansión del contrabando, un fenómeno que escapa al control tributario y sanitario.

“El contrabando se ve favorecido porque no paga impuestos y circulan licores sin registro Invima. Esto pone en riesgo la vida de las personas, ya que son productos que no son aptos para el consumo humano”, alertó.

Según el Programa Anticontrabando, el recaudo por impuestos al consumo de cigarrillos, licores y cervezas en 2021 fue de $4,98 billones, en 2022 subió a $5,70 billones y en 2023 alcanzó los $6 billones.

Para el sector, el aumento de precios formal abre espacio a la comercialización de licor ilegal, sumando una amenaza directa a la salud pública. Villamizar indicó que “las ventas ya se han reducido en un 30%”, exponiendo que la tendencia a la baja afecta no solo a la operación interna de la empresa, sino a los aliados regionales.

A esto se suma la incertidumbre ante el rumbo que tomará la industria bajo las nuevas condiciones fiscales, que, en palabras del directivo, han sumido al sector licorero nacional en una situación de inestabilidad.

Mientras tanto, la Federación Nacional de Departamentos y los gobernadores mantienen su rechazo al decreto, argumentando que la decisión limita la autonomía fiscal y afecta los ingresos de las regiones.

Según la Licorera de Santander, la medida debilita un sector fundamental para la economía y el empleo departamental, acentuando una crisis que, de no ser revertida, podría modificar de forma irreversible la estructura del mercado licorero y la subsistencia de miles de familias en Santander.