Exsenadora Sandra Villadiego irá a juicio en la Corte Suprema por presuntas irregularidades en cupos indicativos en Sucre

La Corte Suprema de Justicia definió que la exsenadora Sandra Helena Villadiego deberá enfrentar un juicio por los delitos de tráfico de influencias y cohecho propio, en el marco de una investigación relacionada con la asignación de recursos para la pavimentación de calles en Galeras (Sucre).

En la misma decisión, la Sala de Instrucción precluyó el proceso a favor de Raymundo Méndez Bechara, quien también había sido vinculado a los hechos.

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El proceso se origina en presuntas irregularidades ocurridas durante el trámite de asignación de partidas presupuestales para obras públicas, en las que, según la investigación, se habrían presentado exigencias de dinero a cambio de la gestión de los recursos. Las actuaciones bajo análisis se relacionan con convenios interadministrativos celebrados entre entidades del orden nacional y la administración municipal.

De acuerdo con lo establecido por la Sala de Instrucción, Villadiego habría intervenido en la gestión de recursos asignados por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) dentro de los convenios interadministrativos 449 de 2016 y 479 de 2017, cuyo monto ascendía a $6.300 millones, destinados a la pavimentación de vías urbanas en Galeras. En ese contexto, la investigación sostiene que se habría pactado el pago de una comisión del 15% por la intermediación en la asignación de dichos recursos.

Según la decisión judicial, la exsenadora está llamada a responder penalmente por su presunta participación en un esquema en el que la gestión de partidas presupuestales habría estado condicionada al pago de una suma de dinero. La Corte determinó que los elementos recaudados durante la fase de instrucción son suficientes para llevar a Villadiego a juicio por los delitos imputados.

En contraste, el alto tribunal resolvió precluir la investigación contra Raymundo Méndez Bechara, al considerar que, frente a su situación, no se cumplían los presupuestos necesarios para continuar con el proceso penal. Méndez Bechara fue miembro del Congreso en los periodos 2014 y 2018 por el Partido de la U y alcanzó una curul con 50.984 votos, de acuerdo con los registros electorales.

Por su parte, Sandra Helena Villadiego fue representante a la Cámara entre febrero de 2001 y enero de 2002, y posteriormente ejerció el mismo cargo entre julio de 2010 y julio de 2014. Más adelante, se desempeñó como senadora de la República entre julio de 2014 y julio de 2018.

En cuanto a su formación profesional, se conoce que Villadiego es administradora de servicios de salud. En las elecciones legislativas de 2014 fue elegida senadora con 56.959 votos, mientras que en los comicios de 2010 obtuvo 35.723 votos, con los que logró una curul en la Cámara de Representantes.

Tras finalizar su periodo en el Senado, Villadiego aspiró nuevamente a regresar al Congreso de la República como candidata por el Pacto Histórico, sin alcanzar el resultado electoral necesario para obtener una curul. Además, fue esposa del también excongresista Miguel Ángel Rangel, quien fue condenado por sus vínculos con el paramilitarismo.

El caso de Villadiego no es el único que ha sido objeto de investigación por presuntas irregularidades en la asignación de recursos para obras en el municipio de Galeras durante la misma administración municipal. Por hechos similares, aunque relacionados con contratos diferentes, la Corte Suprema de Justicia también investigó contra el exsenador David Barguil.

De acuerdo con la investigación, Barguil habría gestionado el desembolso de una partida presupuestal proveniente de los denominados cupos indicativos, con el fin de dar cumplimiento al convenio administrativo 480 de 2017, suscrito entre el DPS y la Alcaldía de Galeras. Según lo señalado en el expediente, la gestión no habría tenido como propósito principal la construcción de carreteras, sino la obtención de un beneficio económico ilícito tanto para el entonces congresista como para el adjudicatario de las obras.

En ese contexto, se señala que Barguil presuntamente habría solicitado al alcalde del municipio que el contrato fuera adjudicado al consorcio Galeras 2018, a cambio de un pago que, según la investigación, estaría destinado a financiar su campaña al Senado de la República.