Así funciona el minucioso protocolo de Medicina Legal para detectar presuntos crímenes del Estado: menores muertos en bombardeos, entre los casos investigados

En medio de las recientes polémicas que vive el país por cuenta de episodios violentos que han dejado, al menos, 15 menores asesinados por cuenta de bombardeos ordenados por el Gobierno Petro, una de las instituciones con mayor relevancia en estos casos, pero quizá de las menos valoradas, juega un papel importante en la ecuación.

Y es que el nombre del Instituto Nacional de Medicina Legal tomó fuerza en las últimas semanas tras ser la encargada de dar el dato oficial de los menores dados de baja en los departamentos del Guaviare y Arauca en medio de tres bombardeos.

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Sin embargo, muchos se preguntan cómo es el trabajo de la institución para determinar las causales de muerte de estos menores fallecidos en circunstancias especiales, entre muchos otros casos que llegan a diario a las morgues del territorio nacional.

El Protocolo de Minnesota, una guía internacional para la investigación de muertes potencialmente ilícitas, se ha consolidado como una herramienta clave en Colombia para esclarecer casos de ejecuciones extrajudiciales, torturas y muertes bajo custodia estatal.

Carlos Antonio Murillo, subdirector de Servicios Forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal, explicó en entrevista con Infobae Colombia cómo este protocolo se ha adaptado y aplicado en el país, especialmente en situaciones sensibles como la muerte de menores en combate e, incluso, en casos de relevancia nacional como el asesinato del joven estudiante de los Andes Jaime Esteban Moreno en Bogotá.

“Se reunieron expertos de todo el mundo a decir: ‘¿Cómo se deben investigar estos casos de tortura, ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias?’”, señaló el funcionario.

El subdirector hizo énfasis en que el protocolo surgió ante la preocupación de que, en muchos países, el propio Estado investigaba muertes en las que podía estar implicado, lo que generaba dudas sobre la transparencia y la imparcialidad de los procesos.

“El primer principio que plantearon es que deben ser investigaciones independientes. Si un actor del Estado causa esas ejecuciones extrajudiciales, no puede estar involucrado en la investigación”, recalcó.

En Colombia, la aplicación del Protocolo de Minnesota ha evolucionado desde su introducción en la década de los noventa. Murillo explicó que el Instituto Nacional de Medicina Legal tomó las recomendaciones internacionales y las adaptó a la realidad nacional, elaborando una guía propia.

“Nosotros adoptamos estos casos y los aplicamos, no solo en los que recomienda la guía, sino en muchos otros. Somos muy amplios en la aplicación del protocolo de Minnesota”, afirmó.

Esta adaptación ha permitido que el país cuente con procedimientos forenses alineados con los estándares internacionales, lo que otorga validez a las investigaciones incluso ante instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Nosotros tenemos la autonomía para decir qué protocolos, qué procedimientos hacemos. No necesitamos una orden especial para aplicar estos protocolos”, advirtió el subdirector.

Según Murillo, toda persona privada de la libertad, toda muerte en enfrentamientos armados, casos de desaparecidos, muertes bajo custodia de autoridades y situaciones con indicios de violencia sexual asociada a la muerte son objeto de la aplicación del Protocolo de Minnesota.

“En los casos donde más contradecimos hipótesis es en los que el papá dice: ‘No, el niño estaba durmiendo y yo lo dejé en la camita, fui a hacer el desayuno y cuando volví ya estaba muerto’. Nosotros hacemos la necropsia y encontramos que el niño tiene traumas recientes, antiguos, tiene fracturas antiguas y encontramos signos de asfixia. Entonces, decimos: ‘Los hallazgos no son consistentes con la hipótesis del señor’”, comentó Murillo.

Este enfoque exhaustivo también se aplica en casos de alto perfil como el del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, donde la rigurosidad del protocolo busca garantizar que ningún caso se trate como sencillo, incluso cuando existen presuntas pruebas de los culpables.

“Ningún caso es fácil. Todo caso lo abordamos como si fuera el más complejo, porque puede llegar a instancias internacionales”, enfatizó el subdirector en diálogo con Infobae Colombia.

La diferencia entre una necropsia rutinaria y una realizada bajo el Protocolo de Minnesota radica en la profundidad y el carácter interdisciplinario del análisis. Según comentó Murillo a este medio, mientras en un procedimiento normal solo se hace necesaria la presencia de dos profesionales, para aplicar el Protocolo de Minnesota hace falta al menos seis expertos.

“En estos casos está un médico, un asistente, un toxicólogo, un antropólogo, un genetista... muchas más personas, son grupos de personas que trabajan en ese caso, es interdisciplinario”, explicó Murillo.

Además, la documentación es mucho más exhaustiva, con registros fotográficos y radiográficos que permiten dejar evidencia de los traumas encontrados. “Buscamos patrones de lesiones, lesiones ocultas, signos de movilización”, añadió.

La identificación de cuerpos representa otro reto, especialmente en contextos de violencia donde los perpetradores buscan borrar la identidad de las víctimas. “En Colombia una de las obligaciones de la necropsia es la identificación. No es porque nosotros queramos, es que nos toca. Para que un fiscal ordene entregarle a un familiar el cuerpo, tenemos que enviarle el informe de identificación”, explicó Murillo.

El proceso puede incluir cotejo de huellas, análisis dental y pruebas genéticas, lo que a menudo genera demoras que son objeto de presión social y mediática.

Respecto a los recursos y capacidades, el subdirector reconoció que la violencia en Colombia supera la disponibilidad de personal y tecnología, especialmente fuera de las grandes ciudades.

“Ningún recurso es suficiente para tanta violencia. A pesar de los grandes esfuerzos, siempre serán insuficientes porque la violencia es grande”, admitió. Sin embargo, destacó los avances en modernización tecnológica y la experiencia del personal forense colombiano, que incluso ha servido de referencia y formación para otros países de la región.

“Tenemos expertos con toda la experiencia forense. Tan así que somos referentes para otros países del mundo”, afirmó.

La imparcialidad y la exhaustividad son principios fundamentales en la labor de Medicina Legal. “Nosotros sí garantizamos la imparcialidad”, aseguró Murillo.

“Un informe del Instituto le puede servir a la Fiscalía o le puede servir a la defensa de la persona que están juzgando. Hacemos informes basados en las ciencias forenses, son científicos, que el resultado es el mismo para quien lo quiera utilizar”, añadió el subdirector a este medio.

Para Murillo, la investigación exhaustiva no solo responde a exigencias judiciales, sino que busca dar respuestas a las familias. La búsqueda de la verdad y la garantía de justicia para las víctimas y sus allegados se mantienen como el eje central de la labor forense en Colombia.