
El 15 de enero de 2026, Simeón Pérez Marroquín, conocido como alias el Viejo, aceptó su responsabilidad en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y afrontará una pena de 25 años de cárcel tras firmar un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, pendiente de aval judicial.
Dentro de las condiciones, se incluye la obligación de realizar un acto de perdón público a la familia Uribe Turbay. Se aguarda la confirmación de la fecha en que se celebrará la audiencia para formalizar este acuerdo y en la que el juez correspondiente definirá si se aprueban las condiciones pactadas y se conocerán más detalles del proceso.
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Las autoridades determinaron que alias el Viejo fue el encargado de establecer el vínculo entre la Segunda Marquetalia y la organización criminal que materializó el asesinato del congresista. Además de facilitar la entrega del arma de fuego modificada que terminó usando el menor de edad que atacó a Miguel Uribe Turbay.
Pérez Marroquín participó en los seguimientos realizados al fallecido senador del Centro Democrático antes de ejecutarse el atentado en su contra el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito en Bogotá.

Según la investigación, alias el Viejo optó por colaborar con la justicia, en línea con la estrategia adoptada por otros implicados, con el fin de obtener una pena más reducida.
El ente acusador le imputó los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, tráfico y porte de armas de fuego y uso de menores en actividades ilícitas, cargos que el acusado reconoció mediante el preacuerdo. El caso consolida la contundencia de la investigación, que llevó a los principales involucrados a admitir su responsabilidad y avanzar en la judicialización de los hechos.
Otros preacuerdos de la Fiscalía con responsables del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Katerine Andrea Martínez, conocida como alias Gabriela o Andrea, se convirtió en la pieza clave para desentrañar la organización y motivaciones detrás del magnicidio contra el senador Miguel Uribe Turbay. La información proporcionada por Martínez no solo permitió a la Fiscalía General de la Nación reconstruir el recorrido de los implicados, sino que expuso la compleja estructura del grupo criminal orquestado por Elder José Arteaga o alias el Costeño.
Sus aportes a la investigación fueron recompensados por el ente acusador, que firmó un acuerdo en el que obtuvo una rebaja de pena, ahora pagará 21 años de cárcel, tras aceptar los cargos imputados en su contra por los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y uso de menores de edad en la comisión de delitos.
“Desde luego que será la señora juez a voces del artículo 293 del Código Penal, quien constate directamente este conocimiento por parte de la procesada. Con todo, para la procesada, en este caso, es claro y comprensible el acuerdo. La Fiscalía cuenta con elementos materiales probatorios que acreditan ese estándar probatorio y el respeto de la presunción de inocencia, los cuales han sido relacionados dentro de este preacuerdo”, afirmó la fiscal Cristina Reyes.
Entre los avances reportados, la autoridad judicial señaló que celebró seis preacuerdos vinculados con el caso y que resta únicamente la fijación de las fechas de sentencia. La investigación incorpora análisis de torres de telefonía celular y registros de llamadas, medidas que forman parte de la recolección de pruebas.
La hipótesis principal plantea que Uribe Turbay fue víctima de la Segunda Marquetalia, señalamiento respaldado tanto por la Fiscalía como por el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez. Las labores de inteligencia apuntan a la posible participación de alias el Zarco Aldinever, identificado como miembro relevante de esa organización.
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