El exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño Martínez solicitó a la Corte Constitucional de Colombia la suspensión provisional del Decreto 1474 de 2025, expedido por el gobierno del presidente Gustavo Petro para implementar medidas tributarias bajo la figura de Emergencia Económica.
En la petición formal enviada el 13 de enero de 202, Londoño argumentó que el decreto presenta vicios formales e inconstitucionalidades que ponen en riesgo la validez de la norma.
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De acuerdo con el documento presentado por Londoño, y que se divulgó en redes sociales, la solicitud de suspensión se fundamenta en la “imperiosa necesidad de salvaguardar la integridad y supremacía de la Constitución, ante la existencia de vicios formales e inconstitucionalidades manifiestas que comprometen la validez y legitimidad del Decreto Legislativo”.
El exviceministro enfatizó que el decreto, firmado el 29 de diciembre de 2025, “no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 215 de la Constitución Política, la Ley 137 de 1994 y la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional para la expedición de un decreto legislativo en el marco de una declaratoria de emergencia económica y social”.
Añadió que existen “irregularidades formales insubsanables en su expedición, así como la ausencia de hechos sobrevinientes, extraordinarios e imprevisibles que justifiquen su expedición”.
La petición del exministro sostiene que la decisión del Ejecutivo provoca “una desnaturalización del sistema constitucional de estados de excepción, al fundamentar la crisis en circunstancias históricas y estructurales que deben ser gestionadas por los mecanismos ordinarios previstos en el marco democrático y/o que corresponden a hechos atribuibles a las políticas implementadas por el mismo Gobierno”.
Según el texto dirigido a los magistrados de la Corte Constitucional, Londoño citó el Auto 272 de 2023 como base para solicitar la medida excepcional.
De acuerdo con esos criterios, la suspensión provisional solo puede adoptarse en circunstancias excepcionales, cuando exista una disposición que resulte abiertamente contraria a la Constitución y se demuestre que su aplicación podría generar daños irreparables tanto para la ciudadanía como para el Estado.
Bajo estos parámetros, solicitó que se detenga la vigencia del Decreto 1474 de 2025 hasta que la Corte emita un pronunciamiento definitivo sobre su constitucionalidad
Qué fue lo que solicitó a la Corte Constitucional
Londoño presentó dos solicitudes precisas ante la Corte Constitucional. En primer lugar, pidió que los magistrados propongan la suspensión provisional del Decreto Legislativo 1474 de 2025 dentro del proceso de revisión de constitucionalidad, en cumplimiento del requisito sexto señalado por la Corte.
Además, solicitó que todos los magistrados, “con el fin de salvaguardar el orden constitucional y evitar que se generen perjuicios irremediables tanto para los habitantes del territorio nacional como para el propio Estado Colombiano”, voten a favor de decretar la suspensión provisional de la norma mientras se resuelve su validez, conforme al requisito quinto establecido por el alto tribunal.
En el escrito, Londoño destacó que la adopción de la medida corresponde a la Corte, señalando que “la adopción de la medida excepcional orientada a impedir la producción de efectos de las normas objeto de control procederá únicamente a solicitud de cualquier magistrado, inclusive del propio magistrado sustanciador del proceso de constitucionalidad y, en caso de aceptarse la petición por parte de la Sala Plena, deberá determinarse su alcance y duración”.
La solicitud de Juan Alberto Londoño Martínez se inscribió en el proceso de revisión de constitucionalidad que actualmente adelanta la Corte Constitucional de Colombia sobre el Decreto 1474 de 2025, expedido para atender gastos del Presupuesto General de la Nación dentro de la declaratoria de Emergencia Económica.
Consejo Gremial Nacional también acudió a la Corte Constitucional
A su vez, se conoció que el Consejo Gremial Nacional pidió a la Corte Constitucional la suspensión provisional del Decreto 1390 de 2025, base legal para la declaración del Estado de Emergencia Económica en Colombia.
Entre los argumentos expuestos, el Consejo Gremial sostuvo que mantener vigente este decreto podría desencadenar distorsiones económicas e inseguridad jurídica, lo que generaría un clima adverso para la inversión y afectaría el funcionamiento normal del sistema económico.
Además, advirtió que sin una suspensión temporal y una revisión previa por parte de la Corte Constitucional, se abriría la puerta al “uso abusivo de los poderes excepcionales”, poniendo en riesgo elementos centrales como la separación de poderes, el control constitucional y la legalidad tributaria.
La solicitud, presentada oficialmente el 13 de enero de 2026 por Camilo Armando Sánchez Ortega, presidente y representante legal del Consejo, fue remitida al magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar con el fin de que el asunto sea sometido a consideración de la Sala Plena, de acuerdo con los requisitos formales establecidos por la jurisprudencia.
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