El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, advirtió que las medidas económicas dispuestas por el Gobierno nacional podrían afectar de manera significativa la inversión pública en el departamento.
El mandatario departamental cuestionó el impacto financiero de la emergencia económica y del aumento del salario mínimo, anticipando que esto obligará a la región a asumir sobrecostos cercanos a 1,5 billones de pesos, situación que pone en riesgo obras de infraestructura, proyectos de vivienda y la solidez de empresas estatales como la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA).
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En esa línea, Rendón confirmó que participará en una cumbre extraordinaria de gobernadores para definir acciones judiciales conjuntas. El objetivo de ese encuentro será establecer estrategias legales contra los decretos del Ejecutivo nacional que, según los mandatarios regionales, afectan de manera directa las finanzas de las entidades territoriales.
Uno de los impactos más notorios de las nuevas disposiciones se reflejará en la FLA. El gobernador afirmó que el decreto de emergencia económica obliga a la licorera a transferir al Estado central $720.000.000.000 en 2026, lo que, a su juicio, compromete la estabilidad financiera de la licorera.
Según declaró Andrés Julián Rendón, en entrevista con Semana: “Petro puso a la FLA, la licorera más grande del país, a trabajar para su empleo militante. El Gobierno nacional cuadró caja por cuenta de las regiones y nos está pasando la factura de su estatismo y su ánimo electorero”.
Cabe aclarar que el gerente de la FLA, Esteban Ramos Maya, señaló que, aunque la empresa proyectaba un incremento de precios de alrededor del 5,5%, los nuevos decretos podrían obligar a elevar el precio de una botella de licor entre 44% y 47%. Este ajuste responde tanto al aumento del impuesto al consumo como a la subida del IVA del 5% al 19%.
El directivo también precisó que “una botella de aguardiente antioqueño de 750 ml está a pie de factura en 40 mil pesos y pasaría a 60 mil pesos”. Ramos Maya sostuvo que las ventas de la compañía podrían caer aproximadamente un 40% durante el próximo año. Al respecto, Rendón advirtió sobre el riesgo de un alza en el contrabando como consecuencia urgente de este encarecimiento.
Las medidas oficiales también incidirán en proyectos clave para el departamento. Solo el aumento del salario mínimo, que el gobernador consideró cinco veces superior a la inflación causada, representará sobrecostos para la Gobernación de $770.000.000.000, afectando la ejecución de obras de infraestructura, soluciones de vivienda, gastos operativos y el pago del servicio de la deuda.
Entre las iniciativas comprometidas figuran la Nueva Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo, proyectos de estabilización vial y distintas obras financiadas con fondos provenientes de regalías. El alcance de estos contratos podría disminuir, lo que, según estimaciones oficiales, reduciría el número de viviendas ejecutadas por VIVA e impactaría a cerca de 12.000 familias antioqueñas.
En ese sentido, el mandatario departamental manifestó su descontento con las políticas del Gobierno nacional liderado por el presidente Gustavo Petro: “El Gobierno de Petro borró de un plumazo el esfuerzo de nuestro Gobierno por reducir el gasto burocrático improductivo con el incremento del salario mínimo cinco veces la inflación causada”.
A pesar de este escenario, el gobernador de Antioquia reiteró que el departamento mantendrá su nivel de inversión y su política de generación de empleo. “Actualmente, existen 200 frentes de obra pública, responsables de crear más de 11.000 empleos. Además, se mantienen los subsidios a la seguridad social para las empresas que contraten mujeres jefas de hogar y se habilitaron líneas de crédito orientadas a micro y pequeñas empresas”, sostuvo al medio citado.
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