Fenalco demandó el decreto de aumento del salario mínimo de 2026 y alertó por la pérdida de más de 770 mil empleos

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) de Colombia presentó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad acompañada de una solicitud de suspensión provisional urgente contra el Decreto 1469 de 2025, mediante el cual el Gobierno nacional fijó el salario mínimo para el año 2026 con un incremento del 23,7%.

El gremio advirtió que la medida presenta graves deficiencias legales y técnicas, además de representar serios riesgos económicos y sociales para el país.

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Según Fenalco, la decisión adoptada por el Ejecutivo desconoce el marco legal y constitucional que regula la fijación del salario mínimo en Colombia. De acuerdo con Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio, el Gobierno sustituyó de manera arbitraria las variables obligatorias establecidas en la ley (inflación, productividad, crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y participación de los salarios en el ingreso nacional) por el concepto de “salario vital”, construido a partir de referentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que no tienen carácter vinculante dentro del ordenamiento jurídico colombiano.

“El decreto incurre en inconsistencias legales profundas al aplicar criterios no contemplados en la ley y desconocer las variables técnicas que obligatoriamente deben tenerse en cuenta para la fijación del salario mínimo”, señaló Cabal.

En ese sentido, Fenalco también cuestionó que el Gobierno haya desconocido la competencia exclusiva del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) como autoridad técnica encargada de definir y certificar la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC), fundamento esencial para la medición de la inflación en el país.

Uno de los principales reparos del gremio es que el decreto no explica de manera clara, verificable ni técnicamente sustentada cómo se pasó de unas variables económicas que, según sus cálculos, justificaban un ajuste del 6,21%, a un incremento final del 23,7%. Para Fenalco, esta diferencia carece de sustento técnico suficiente y pone en entredicho la transparencia y la seguridad jurídica de la decisión.

Riesgos económicos y sociales que detectó Fenalco

Además de la demanda de nulidad, Fenalco solicitó la suspensión provisional inmediata del decreto, argumentando que su aplicación genera impactos irreversibles sobre la economía nacional. Entre los principales riesgos señalados se encuentran presiones inflacionarias adicionales, pérdida de empleo formal, aumento de la informalidad laboral, afectación directa del aparato productivo y deterioro de las finanzas públicas.

De acuerdo con las estimaciones del gremio, si el incremento decretado se mantiene, podrían perderse alrededor de 772.340 empleos en todo el país y cerrarían miles de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que son las más vulnerables ante aumentos abruptos en los costos laborales.

“Esta medida no solo pone en riesgo la sostenibilidad de las empresas, sino que termina afectando a los mismos trabajadores, quienes sufrirán las consecuencias de una mayor inflación y de la reducción de oportunidades de empleo formal”, advirtió Cabal Sanclemente.

Fenalco solicitó al Consejo de Estado dejar sin efectos el Decreto 1469 de 2025 y suspender su aplicación mientras se adelanta el análisis judicial de fondo, con el propósito de proteger el interés general, preservar la seguridad jurídica y garantizar la estabilidad económica del país.

¿Qué sigue para el decreto de aumento de salario mínimo en el Consejo de Estado?

“Esta no es una discusión contra los trabajadores, que se verán seriamente afectados por la inflación generada como consecuencia de esta medida. Es una defensa del Estado de Derecho y de la estabilidad económica de Colombia. Hacemos un llamado al Consejo de Estado para que prevalezca el interés general del país por encima de los intereses politiqueros del Gobierno”, concluyó el presidente de Fenalco.

En un pronunciamiento más amplio, Cabal insistió en que Colombia debe corregir lo que calificó como “un grave exabrupto” del presidente Gustavo Petro al decretar el incremento del salario mínimo a finales del año pasado.

“Hay graves inconsistencias legales y económicas, así como consecuencias sociales muy serias. Colombia tiene que cuidar su economía, tiene que cuidar su empleo, a sus trabajadores y también a sus empresarios”, afirmó.

Ahora, será el Consejo de Estado el encargado de estudiar la demanda presentada por Fenalco y decidir si procede la suspensión provisional del decreto mientras se resuelve de fondo su legalidad, una determinación que podría tener efectos decisivos sobre el rumbo económico y laboral del país en 2026.