Katherine Miranda culpó al Gobierno Petro del ataque de vándalos a su sede de campaña en Bogotá: “Lleva tres años y medio señalándome”

La sede política de la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katherine Miranda, fue atacada con bombas de pintura en el barrio Chapinero de Bogotá la noche del 3 de marzo de 2026, en un contexto donde la funcionaria había denunciado previamente ante organismos internacionales un ambiente de hostigamiento y presión política contra sectores del Congreso colombiano.

El hecho se presenta días antes del inicio del ciclo electoral de 2026, que arranca el 8 de marzo con elecciones legislativas y consultas interpartidistas, lo que eleva la preocupación por la seguridad de líderes políticos en la capital del país.

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El ataque ocurrió pasadas las 9:30 p.m. en la sede ubicada en la calle 53 con carrera Séptima, y fue atribuido públicamente por la propia congresista a un clima de intimidación asociado a discursos del Gobierno nacional. Testigos y registros indican que cuatro personas encapuchadas arrojaron bombas de pintura contra la fachada y los carteles del local, huyendo posteriormente por la avenida Caracas.

Miranda difundió en su cuenta de X imágenes y un video de los destrozos, donde se evidencian los afiches y paredes cubiertos con pintura negra. En su mensaje, la parlamentaria recalcó: “Vandalizaron mi sede de campaña”, y condenó el hecho señalando que esa modalidad representa una manera de hacer política basada en la intimidación y la amenaza, no en el debate argumentativo.

La funcionaria está inscrita como candidata al Senado para las elecciones de 2026 por la coalición de Alianza Verde, En Marcha y ASI.

Horas después, la legisladora solicitó medidas de protección y vinculó el hecho con una situación recurrente de presión política. “Que se garantice nuestra seguridad. Que pensar diferente no puede ponerle a uno un INRI en la cabeza”, reclamó Miranda en entrevista con Blu Radio.

La representante indicó que percibe las acciones de hostigamiento como una consecuencia de señalamientos provenientes del Gobierno Nacional: “que lleva tres años y medio señalándome, intimidándome”.

Denuncias previas de presión ante organismos internacionales

Katherine Miranda recordó que en marzo de 2025 ya había alertado ante instancias internacionales sobre lo que considera una situación de riesgo ocasionada por el discurso del Ejecutivo nacional. Ese antecedente incluyó una visita a Washington junto a la representante Adriana Carolina Arbeláez Giraldo, del partido Cambio Radical, y otros legisladores, durante la cual sostuvieron reuniones con congresistas de Estados Unidos y acudieron a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), dijo durante su diálogo con el medio citado.

La delegación, integrada también por diputados de la Comisión Séptima del Senado, radicó una carta ante la Cidh solicitando medidas cautelares. Alegaron que existía un peligro grave y urgente para los legisladores que decidían no respaldar ciertas iniciativas oficiales. El senador Honorio Henríquez, del Centro Democrático, expresó entonces que el objetivo era denunciar ante el organismo internacional las presiones que enfrentaba el poder Legislativo colombiano.

La representante reiteró que los señalamientos del Ejecutivo inciden negativamente en el entorno de seguridad de quienes, como ella, manifiestan desacuerdo con políticas oficiales. Subrayó también que la situación fue expuesta formalmente ante la Cidh en el pasado reciente.

Miranda informó que la Policía de Bogotá desplegó efectivos en la zona para intentar ubicar y detener a los responsables. Las autoridades verifican los registros audiovisuales y la información de testigos para identificar específicamente a los cuatro hombres encapuchados que, según el reporte inicial, protagonizaron el ataque y se dieron a la fuga hacia una avenida principal.

Hasta el momento, no existen capturas ni reportes de daños materiales de gravedad asociados con el incidente. La investigación avanza a partir de las imágenes y los datos recopilados en el lugar de los hechos, mientras persiste el llamado desde sectores parlamentarios a reforzar las garantías de seguridad para candidatos y representantes de cara al proceso electoral 2026.