Las pruebas del computador de ‘Raúl Reyes’, de las Farc, que ahora Estados Unidos usa contra Nicolás Maduro: la justicia colombiana las ignoró

El computador de alias Raúl Reyes, de la guerrilla de las Farc, confiscado durante la Operación Fénix en 2008 en territorio ecuatoriano, se convirtió en pieza clave para la acusación de narcoterrorismo que enfrenta el capturado dictador Nicolás Maduro en Estados Unidos.

Sin embargo, el material que hoy reposa en los estrados norteamericanos y que tiene tras las rejas al número uno del régimen venezolano, también estuvo durante años en los archivos de Colombia, pero nunca fue utilizado para destrabar casos de relevancia nacional como el proceso denominado como ‘farcpolítica’.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según una reciente investigación publicada por la revista Cambio, la Operación Fénix, desarrollada el 1 de marzo de 2008, fue un hecho clave que marcó un punto de inflexión en la lucha contra las extintas Farc. Ese día, las Fuerzas Militares dieron de baja en Angostura, Ecuador, a Luis Edgar Devia Silva, conocido como “Raúl Reyes” y principal estratega internacional de la entonces guerrilla.

Tras la incursión, comandos colombianos hallaron tres computadores, dos discos duros y varias memorias USB atribuidas a Reyes. El análisis de estos dispositivos, según documentó diario nacional, permitió el acceso a cientos de correos electrónicos y archivos confidenciales de alto valor.

Entre los principales hallazgos se encontraron registros de contactos políticos de las Farc y flujos financieros, además de decenas de documentos que evidenciaban nexos con altos funcionarios venezolanos que, pese a su relevancia, fueron descartados por la justicia colombiana.

Incluso, uno de los correos desencriptados citaba textualmente la “disposición del Gobierno venezolano para facilitar recursos y protección”, según reveló en su momento la revista Semana.

La información recolectada detalló cómo el entonces régimen de Hugo Chávez apoyaba logísticamente a la guerrilla, incluyendo gestiones de armamento y operaciones financieras para la lucha insurgente. En ese periodo, Nicolás Maduro ocupaba el cargo de canciller, como lo confirman los documentos citados en la acusación formal estadounidense.

Entre los correos también apareció el nombre de Piedad Córdoba, reconocida como facilitadora humanitaria. Córdoba, que a veces firmaba como “Teodora”, defendió siempre su rol y denunció la investigación como persecución política destinada a criminalizar sus intentos de negociación de paz.

En 2011, la Corte Suprema de Colombia clausuró esa línea de indagación. Los magistrados determinaron que la incautación de los computadores fue ilegal y, en consecuencia, la evidencia no tenía valor judicial interno. El expediente sobre la ‘farcpolítica’ quedó archivado sin consecuencias penales.

Sin embargo, el general Óscar Naranjo, entonces director de la Policía, tomó medidas para resguardar el valor internacional de la prueba. Solicitó la certificación de Interpol, que constató que los archivos no habían sido manipulados durante la cadena de custodia.

“La información contenida en el computador de Raúl Reyes y recuperada en la Operación Fénix es uno de los pilares fundamentales de la acusación contra Nicolás Maduro”, señaló Naranjo en diálogo con Cambio.

El general destacó que la justicia estadounidense reconoció la importancia de la prueba, aunque expresó su sensación “agridulce” por la falta de acción del sistema judicial colombiano.

Mientras en Colombia la investigación se detenía, agencias federales estadounidenses sistematizaban y verificaban datos provenientes de la Operación Fénix y de otras acciones como la Operación Sodoma en 2010. Esta última aportó más correos y comunicaciones internas de la estructura de las Farc, ampliando el alcance de la evidencia.

El impacto internacional de este material se consolidó con su inclusión en la acusación formal contra Nicolás Maduro por narcoterrorismo en Estados Unidos. El expediente integró los datos extraídos del computador de Reyes con testimonios clave, tras años de investigación.

Las conexiones reveladas traspasaron fronteras. En 2012, la detención de Daniel ‘el Loco’ Barrera permitió corroborar que parte de la estructura financiera de las Farc operaba con protección en Venezuela. Asimismo, el seguimiento a figuras como Iván Márquez, documentado en fotografías en territorio venezolano, confirmó la vigencia de dichos nexos frente a agencias estadounidenses.

La trama incorporó a otros protagonistas. El general Clíver Alcalá Cordones y Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, exjefes del aparato de seguridad venezolano, han sido extraditados y se han convertido en testigos ante fiscales del Distrito Sur de Nueva York. Ambos aportaron datos sensibles sobre operaciones conjuntas entre las Farc y el chavismo.

En el ámbito colombiano, en 2021, mientras Carvajal estaba detenido en España, este señaló en un escrito que el régimen de Chávez habría financiado movimientos de izquierda en la región por más de quince años, incluyendo —según ese testimonio— a Gustavo Petro. Sin embargo, el presidente Petro negó los señalamientos y solicitó formalmente una investigación.

El caso de Alex Saab, arrestado en 2020 y extraditado a Miami como presunto testaferro del régimen venezolano, sumó otra arista a la relación entre política regional y circuitos financieros del chavismo. Tras una decisión política de Estados Unidos en 2023, Saab fue liberado, cerrando un expediente que pudo aportar más información sobre los vínculos entre Colombia, Venezuela y el tráfico de drogas.

El general Naranjo, en diálogo con Cambio, comentó sobre los actuales límites en la cooperación judicial debido al sometimiento de exintegrantes de las Farc a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Señaló que esto impide reabrir procesos en Colombia sobre quienes se acogieron al acuerdo, aunque otros ciudadanos vinculados pueden ser objeto de investigación o colaboración internacional.

“En el caso particular de las Farc, como resultado de un acuerdo de negociación política que supuso la dejación de las armas, el sometimiento a la JEP, calculo que no hay caminos para que se reabran casos contra ellos. Eso no quiere decir que colombianos que no estén cobijados por la JEP puedan ser sujetos de investigaciones, bien se reabran, o que la justicia colombiana, en función de la asistencia judicial, coopere con Estados Unidos”, comentó Naranjo al diario nacional.

En la actualidad, mientras el proceso penal más decisivo de la historia reciente de Venezuela avanza sobre pruebas robustas, la justicia colombiana mantiene sin respuesta la ‘deuda histórica’ del caso de alias Raúl Reyes y su computador.