Guarumo le pidió a la Corte Constitucional ‘acabar’ con la cuestionada Ley de Encuestas en Colombia: alega que la están censurando

La reconocida encuestadora Guarumo solicitó a la Corte Constitucional anular la polémica Ley 2494 de 2025, que reguló a partir del año anterior la publicación de encuestas electorales en Colombia.

Según los argumentos de la encuestadora expuestos en la solicitud conocida por la revista Cambio, la norma restringe de manera desproporcionada la libertad de expresión y el derecho a la información, lo que afectaría la participación ciudadana en procesos democráticos.

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La principal crítica de Guarumo es que la Ley de Encuestas aborda temas que, por afectar derechos fundamentales, deben tramitarse mediante una ley estatutaria, no una ordinaria. La firma considera que el mecanismo empleado resulta insuficiente cuando se regulan derechos como la libertad de información y la expresión política.

“Las encuestas cumplen una función instrumental en la visibilidad de candidaturas, la rendición de cuentas anticipada y la evaluación ciudadana del debate público. Al restringirse su publicación en etapas preelectorales relevantes para consultas, precampañas y procesos de recolección de firmas, la ley afecta desproporcionadamente el derecho de participación”, señala el documento que ya reposa en el alto tribunal.

El gerente general y representante legal de Guarumo, Sergio Espinosa, envió a la Corte Constitucional un concepto de 19 páginas. En él, sostiene que los ciudadanos pueden discernir si la información que reciben es transparente y honesta.

Añadió que la influencia de las encuestas es “limitada y en modo alguno generalizada”, por lo que una regulación estricta e igualitaria sería desproporcionada y no reconocería el funcionamiento real del sistema político colombiano.

El documento resalta que las encuestas son esenciales para dar visibilidad a las candidaturas, facilitar la rendición de cuentas anticipada y permitir la evaluación ciudadana del debate público. Para Guarumo, restringir la publicación de sondeos en etapas previas a la inscripción de candidatos limita el derecho de participación política y reduce la pluralidad informativa disponible durante las campañas.

La encuestadora también critica que la Ley 2494 imponga requisitos técnicos de difícil cumplimiento, como la inclusión obligatoria de todos los aspirantes con “notoriedad pública significativa”. Consideran que estos conceptos son indeterminados y están sujetos a interpretaciones, lo cual afecta la cobertura de la contienda electoral.

Otros cuestionamientos de Guarumo apuntan a la exigencia de modelos estadísticos estrictos y la prohibición de difundir encuestas no probabilísticas. La firma señala que la normativa restringe temporalmente la publicación de encuestas en momentos clave de la campaña, lo que incide en la posibilidad de tomar decisiones de alianzas y en la participación informada de la ciudadanía.

Estas limitaciones son vistas por Guarumo como formas indirectas de censura. Argumentan que “las encuestas son una manifestación sustancial de la libertad de expresión y del derecho a la información, mucho más que un simple instrumento de marketing”, según el concepto conocido por la revista Cambio.

Por eso, afirman que cualquier regulación que incida directamente sobre estas libertades debería tramitarse vía ley estatutaria, garantizando claridad y precisión para evitar ambigüedades.

Desde el Gobierno nacional, la defensa de la ley ha sido clara. En su concepto presentado ante la Corte Constitucional, la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior argumentaron que la regulación solo busca establecer lineamientos mínimos para preservar la transparencia y la equidad entre los posibles candidatos, sin intervenir en el núcleo esencial de los derechos de expresión e información.

El Ejecutivo sostuvo que los controles implementados persiguen evitar la desinformación y la manipulación electoral que podrían derivarse de encuestas sin rigor técnico. Según su posición, reglamentar de manera puntual la publicación de encuestas antes de la inscripción de candidaturas no afecta derechos fundamentales, sino que fortalece el equilibrio informativo en la competencia política.

Además de Guarumo, la Asociación Colombiana de Empresas de Investigación de Mercados y Opinión Pública (Acei) pidió a la Corte la suspensión de la ley, al considerar que la ausencia de una regulación estatutaria y la restricción inmediata del acceso a información plural pueden afectar la validez del proceso electoral en marcha.

El trámite judicial en la Corte Constitucional ya contabiliza dos demandas admitidas en agosto y septiembre de 2025, con expedientes asignados a los magistrados Juan Carlos Cortés y Paola Meneses. El Gobierno ha solicitado unificar ambos procesos en una sola decisión, pero esa resolución sigue pendiente, mientras se siguen recibiendo pruebas y avanza el calendario electoral.

Mientras el alto tribunal analiza los argumentos de Guarumo, de otras encuestadoras y la defensa oficial, la controversia en torno a la Ley de Encuestas mantiene la atención de actores políticos y sociales.

La empresa insiste en que, sin una regulación suficiente, clara y de fácil acceso sobre derechos fundamentales, existe el riesgo de que nuevas normas se conviertan en obstáculos para la participación ciudadana y el acceso igualitario a la información electoral.