La conmoción se apoderó en el municipio de Necoclí (Antioquia) tras la muerte de José Luis Ramos Fuentes, en un procedimiento policial durante las Fiestas del Coco.
El hecho ocurrió en la madrugada del 11 de enero en la cancha La Batea, dejó a la comunidad en estado de incertidumbre mientras avanzan las investigaciones oficiales.
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Según la Alcaldía de Necoclí, el incidente involucró la intervención de la Policía Nacional después de que se reportara una discusión entre Ramos Fuentes y su pareja.
Las autoridades informaron que el hombre habría esgrimido un arma blanca y, ante la agresividad, los uniformados dispararon para neutralizarlo.
La familia de Ramos Fuentes sostiene que hubo un presunto abuso de autoridad. Denuncian que los disparos fueron excesivos y plantean que los agentes debieron actuar con menor letalidad.
El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para que se realicen los exámenes correspondientes y se esclarezcan los hechos.
La administración municipal expresó en un comunicado su pesar por el fallecimiento y transmitió su solidaridad a los allegados. La Alcaldía destacó que los hechos están siendo verificados conforme a los protocolos institucionales y la normatividad vigente, y reiteró su confianza en que las instituciones judiciales determinarán con claridad lo sucedido.
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La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación para establecer con exactitud las condiciones del operativo. Por su parte, la administración local ha pedido a la población mantener la calma y evitar la propagación de rumores mientras avanza el proceso judicial.
A pesar de la tensión que ha generado el caso, la Alcaldía anunció que las Fiestas del Coco continuarán con normalidad. Se ha fortalecido el dispositivo de seguridad, en coordinación con la Fuerza Pública y otros organismos de control, para resguardar la convivencia y la tranquilidad tanto de residentes como de visitantes.
La comunidad de Necoclí permanece atenta a los resultados de la investigación, mientras pide que se esclarezca el proceder de los agentes y se garantice el respeto a los derechos de todas las partes involucradas.
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Por presunto caso de tortura, abuso de autoridad y omisión de socorro capturaron a dos policías: “Se burlaron porque se orinó”
Las detenciones recientes de dos agentes de la Policía Metropolitana de Manizales han reavivado la preocupación sobre las condiciones en las que permanecen quienes están privados de libertad en Colombia.
El caso involucra a un subintendente de Pereira y un patrullero de Bucaramanga, quienes enfrentan acusaciones por tortura, abuso de autoridad y omisión de socorro, informó el medio regional La Patria de Manizales.
El proceso penal surgió tras una denuncia presentada por la Personería de Manizales, que recogió el testimonio de la esposa del recluso afectado.
La víctima, privada de la libertad en la Unidad de Protección de Personas Privadas de la Libertad de Manizales, institución vinculada al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), habría sufrido lesiones físicas que motivaron la intervención de las autoridades.
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El operativo de detención se llevó a cabo el 2 de diciembre de 2025, tras una investigación coordinada entre la Dijín y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.
El coronel Dave Anderson Figueroa Castellanos, comandante de la Policía Metropolitana, explicó a La Patria que las capturas forman parte de una estrategia institucional para garantizar el esclarecimiento de los hechos y la transparencia en el proceso.
Según el oficial, los uniformados “habrían ejercido malos tratos físicos a una persona”. El coronel Figueroa subrayó ante el mismo medio que existen “elementos de juicio para la necesidad de presentarlos ante un juez”, y que la institución colaborará con la justicia para asegurar que rindan cuentas ante las autoridades competentes.
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El expediente judicial, que se construyó a partir de la denuncia trasladada por la Personería a la Fiscalía, narra episodios ocurridos en mayo de 2024.
Estos hechos han reabierto el debate sobre la situación en los centros de detención del país y la obligación de garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad, tema que permanece en el centro de la discusión pública.
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