El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) firmó un contrato por $10.000 millones con Amadeus Consultancy Limited, representada por el abogado estadounidense Daniel Martin Kovalik, para brindar defensa internacional y asesoría jurídica especializada al presidente Gustavo Petro por su inclusión en la lista Clinton de sanciones estadounidenses, lo que ha generado cuestionamientos en el ámbito político.
Uno de ellos fue el expresidente Álvaro Uribe. En su cuenta de X afirmó que los colombianos tienen derecho a saber si se utiliza el fisco nacional para pagar al abogado del mandatario.
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“Los ciudadanos tienen derecho a saber si es cierto o no que el fisco nacional paga abogado de Petro, que costaría 10 mil millones de pesos”, aseveró el líder natural del Centro Democrático.
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El exmandatario colombiano (2002-2010) compartió la denuncia hecha por la senadora María Fernanda Cabal, que fue la primera persona en dar a conocer el contrato en su cuenta oficial de X.
“Otra farsa del gobierno Petro. Mientras el abogado de Petro decía que su defensa internacional sería ‘pro bono’, la Presidencia firmó un contrato por $10.000 millones de pesos con AMADEUS Consultancy (UK) para su proceso ante la inclusión en la lista OFAC. Este es un proceso personal de Petro, no institucional. ¡Debe responder como persona natural, no con recursos del Estado!”, señaló Cabal.
En otra publicación, la senadora del Centro Democrático recordó la entrevista que el abogado Daniel Martin Kovalik concedió a Blu Radio, en la que entregó detalles sobre la defensa del presidente Petro en Estados Unidos.
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“En entrevista con Blu Radio el abogado Daniel Kovalik, defensor de Petro afirmó hace dos meses que su defensa era gratuita. ¿Por qué decidieron hacer contrato con el abogado por 10.000 millones de pesos?“, señaló la senadora María Fernanda Cabal.
Detalles del contrato
Según el documento divulgado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), se estableció un acuerdo por un monto total de 10.000 millones de pesos, equivalentes a dos millones de libras esterlinas. El desembolso de estos recursos se realizará en cuatro partes iguales, con una tasa máxima fijada en 5.000 pesos por cada libra esterlina.
El plan de pagos indica que la ejecución del contrato se extenderá hasta el 30 de abril de 2026. Durante los primeros cuatro meses de ese año, se efectuarán pagos mensuales de 500.000 libras esterlinas, lo que representa aproximadamente 2.500 millones de pesos en cada ocasión.
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El desembolso de cada cuota dependerá de la entrega y aprobación de informes periódicos que evidencien el avance del trabajo contratado. También se requerirán reuniones de seguimiento con la Presidencia y la presentación de análisis técnicos relacionados con sanciones internacionales.
El texto contractual precisa que, si la finalidad del contrato se alcanza antes de la fecha límite, los pagos pendientes se harán efectivos en un plazo máximo de diez días hábiles a partir de la presentación del informe final de gestión y la factura correspondiente, siempre que cuenten con el visto bueno del supervisor asignado.
Dentro de los compromisos asumidos, la empresa Amadeus Consultancy Limited debe garantizar la confidencialidad absoluta de toda la información y resultados derivados de sus labores, en atención al carácter reservado y estratégico de la defensa legal involucrada.
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La supervisión del contrato recaerá en la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Además, se estipula que cualquier resultado intelectual generado será propiedad exclusiva del Estado colombiano y permanecerá bajo reserva, excepto en los casos en que se autorice su divulgación.
El documento resalta que la asesoría solicitada no podía ser asumida por funcionarios de planta, lo que motivó la contratación directa y la excepción en los topes de honorarios habituales. Gran parte del trabajo se desarrollará fuera del país, debido a que el proceso se adelanta ante autoridades y organismos internacionales.
La represente Katerine Miranda le solicitó a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría investigar el contrato.
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