Un año después de las alertas, la guerra se intensificó: las advertencias ignoradas sobre el Catatumbo, según la organización Mutante

Mutante, un movimiento digital de conversación ciudadana en Latinoamérica que practica un periodismo participativo e investigativo, difundió un comunicado en el que se detallan hechos ocurridos durante el cierre de 2025 y los primeros días de 2026, así como una serie de exigencias dirigidas al Gobierno nacional, a los actores armados y a la comunidad internacional.

El documento señala que el deterioro de la situación en el Catatumbo refleja un déficit en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado con esta región de Norte de Santander, históricamente afectada por el conflicto armado. Según el documento, esta situación ha dejado nuevamente a la población civil en medio de confrontaciones entre grupos armados ilegales, sin que se hayan implementado medidas suficientes para prevenir la escalada de violencia.

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Alertas tempranas y poco avance del Pacto Territorial

De acuerdo con Mutante, desde diciembre de 2024 distintas organizaciones sociales del territorio advirtieron sobre la posibilidad de un enfrentamiento armado entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas Farc, agrupadas en el Estado Mayor de Frentes y Bloques (EMFB), específicamente el Frente 33. Entre las entidades que realizaron estas alertas se encuentran el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca), la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Norte de Santander y la Diócesis de Ocaña.

En ese momento, las organizaciones solicitaron al Gobierno nacional la adopción de medidas urgentes para evitar una escalada del conflicto, priorizando la inversión social integral a través de la implementación del Pacto Territorial para la Transformación Social del Catatumbo. Sin embargo, un año después, la organización indica que los avances de dicho pacto han sido insuficientes y limitados, con una ejecución concentrada principalmente en el sector educativo.

El documento también señala que aún está pendiente la integración de los procesos sociales y comunitarios de la región en la ejecución, evaluación y toma de decisiones relacionadas con los proyectos del Pacto Territorial.

Según el pronunciamiento, esta falta de articulación ha incidido en la limitada capacidad del Estado para responder de manera efectiva a las necesidades del territorio.

Escalada del conflicto y afectaciones a la población civil

Mutante informó que el cierre de 2025 estuvo marcado por una intensificación del conflicto armado en el Catatumbo, pues en las últimas semanas del año el Frente 33 del EMFB desarrolló una ofensiva contra el ELN que tuvo impactos directos sobre la población civil.

En un periodo de quince días, se registró el desplazamiento forzado de más de 1.300 personas en los municipios de Tibú y El Tarra, mientras que la amenaza de nuevos desplazamientos se extendió a otros puntos de la región. El comunicado también reporta ataques contra caseríos y centros poblados mediante el uso de drones y explosivos.

Uno de los hechos mencionados ocurrió el 30 de diciembre en el sector de Filo Gringo, donde decenas de viviendas resultaron destruidas. A estos hechos se suma, según Mutante, el aumento de discursos de estigmatización contra la población desplazada, especialmente a través de redes sociales.

El pronunciamiento advierte además sobre “las múltiples denuncias de la comunidad sobre la presunta participación activa de las Fuerzas Armadas Colombianas en hechos que vulneran los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, señalando que estas situaciones deben ser objeto de investigaciones inmediatas, independientes y rigurosas.

Llamados al Gobierno, a los actores armados y a la comunidad internacional

La organizacoón reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se abstenga de involucrar a la fuerza pública en acciones que profundicen el conflicto armado. Asimismo, solicitó avanzar de manera clara, transparente y sin ambigüedades en una solución política al conflicto, y atender de forma urgente y digna a las víctimas, evitando que sean reducidas a cifras en comunicados y discursos oficiales.

El documento también incluye un llamado directo al ELN y al Estado Mayor de Frentes y Bloques, Frente 33, para que demuestren de forma verificable su compromiso con la paz y se abstengan de realizar acciones que pongan en riesgo la vida, la integridad y el arraigo territorial de las comunidades campesinas. En ese sentido, el comunicado enfatiza que “la paz no puede seguir siendo una consigna vacía mientras se ataca a comunidades campesinas, se destruyen sus hogares y se profundiza el sufrimiento colectivo”.

Finalmente, Mutante convocó a la comunidad internacional, a los organismos multilaterales, a las misiones diplomáticas y a los mecanismos de verificación y derechos humanos a mantener una presencia activa en la región del Catatumbo y a exigir al Estado colombiano y a los actores armados el respeto por la vida y los derechos de las comunidades del territorio.