La prolongada escasez de combustible que afecta a los departamentos de Vaupés y Guainía desde hace más de diez días ha desencadenado una crisis humanitaria silenciosa en plena Amazonía colombiana.
En municipios como Mitú, capital de Vaupés, los racionamientos de energía, la intermitencia en el suministro de agua potable y la parálisis del transporte han condicionado gravemente la vida cotidiana de la población, al tiempo que el Gobierno Nacional avanza en la implementación de un ajuste normativo sin precedentes al precio del diésel en el país.
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En el cierre de la semana, la Central de Energía del Vaupés confirmó que la imposibilidad de recibir Acpm obligó a suspender la generación eléctrica en numerosos sectores urbanos y rurales. Según explicó la empresa, la situación obedece a una combinación de factores logísticos y de orden público.
Los bajos niveles de los ríos —principales corredores de abastecimiento en la región— han frenado el transporte fluvial de combustibles, mientras que incidentes de seguridad ocurridos semanas atrás retrasaron aún más el ingreso de suministros esenciales.
El impacto ha sido inmediato. La interrupción de la energía ha afectado el bombeo de agua potable, exponiendo a la población a riesgos sanitarios crecientes.
Habitantes de Mitú, citados por La Fm, relatan jornadas marcadas por la escasez, en las que las familias se organizan para almacenar agua, priorizando a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. La falta de combustible también ha limitado el funcionamiento de centros de salud, el comercio básico y la respuesta a emergencias.
La situación se agrava con el desabastecimiento de gasolina, cuyo stock –según autoridades locales– solo se repone una vez por semana y se agota en cuestión de horas.
Esta restricción ha paralizado la movilidad terrestre y fluvial, afectando el transporte de alimentos, medicamentos y personal médico, en una región donde la dependencia del combustible es crítica debido al aislamiento geográfico.
Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno nacional activó una ruta humanitaria aérea mediante la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
A través de aeronaves Hércules C-130, se han transportado más de 6.000 galones de combustible, dentro de un envío total proyectado de 27.000 galones para abastecer a Vaupés y Guainía, donde persisten condiciones similares de desabastecimiento.
La operación busca estabilizar temporalmente la generación eléctrica y los servicios básicos mientras se normaliza la logística fluvial.
Esta crisis regional coincide con la entrada en vigor del Decreto 1428 de 2025, mediante el cual el Gobierno establece un esquema de precios diferencial para el diésel destinado a vehículos particulares, diplomáticos y oficiales, excluyendo del ajuste al transporte público de carga y pasajeros.
La medida, según el Ministerio de Minas y Energía, apunta a focalizar los subsidios, proteger las finanzas públicas y corregir distorsiones históricas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, defendió la decisión señalando que “el subsidio a los combustibles debe estar donde cumple una función social. Proteger al transporte público es proteger el empleo, la producción y el costo de vida de millones de familias”.
En ese sentido, buses, camiones y vehículos de servicios esenciales mantendrán el beneficio, con el fin de evitar un impacto en los precios de los alimentos y bienes básicos.
El decreto establece una transición de seis meses para desmontar el subsidio al diésel utilizado por vehículos particulares, diplomáticos y oficiales.
Durante ese período, el Gobierno deberá definir la metodología técnica y los mecanismos de control que garanticen la transparencia y eficacia del nuevo esquema. La implementación inicial cobijará a 75 municipios, incluidas las principales áreas metropolitanas del país.
Desde el sector de los distribuidores, la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (Comce) advirtió que el ajuste podría superar los $3.000 por galón para equiparar el precio internacional, aunque aclaró que el incremento no será inmediato y dependerá del cronograma oficial.
Su presidente, David Jiménez Mejía, alertó sobre los riesgos de aplicar la medida de forma fragmentada por municipios, lo que podría generar distorsiones y desplazamientos de consumidores hacia zonas con precios más bajos.
El gremio también subrayó que las estaciones de servicio son agentes regulados y no responsables de la fijación de precios, y pidió una reglamentación clara para evitar confusión entre los usuarios y problemas operativos que afecten el empleo y el suministro en regiones apartadas.
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