Cuatro personas fueron capturadas y judicializadas por la Fiscalía General de la Nación tras ser acusadas de participar en la explotación sexual de menores de edad y la distribución internacional de material audiovisual explícito.
La operación, ejecutada con el apoyo de la Policía Nacional y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), se dirigió contra una red que utilizaba aplicaciones digitales para comercializar videos y fotografías de víctimas infantiles en varias ciudades de Colombia.
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La intervención de las autoridades permitió identificar mecanismos mediante los cuales se sometía a niños y niñas a actos sexuales con el objetivo de grabar y vender el material resultante a contactos en el extranjero.
En Bogotá, las investigaciones condujeron al arresto de una mujer que, presuntamente, transmitía por una plataforma digital los abusos cometidos contra sus propias hijas, de 4 y 9 años de edad, a cambio de pagos provenientes de un contacto ubicado en Estados Unidos. Los montos recibidos variaban entre USD600 y USD 2.000 por cada transmisión.
En la misma ciudad, la Fiscalía detuvo a una niñera señalada de haber abusado de dos menores bajo su cuidado, de 2 y 8 años, grabando los ataques y distribuyendo los registros electrónicos posteriormente. La acusada habría aprovechado su posición de confianza para vulnerar a los niños y ampliar el alcance del material ilícito.
El despliegue de la operación se extendió hasta Medellín, donde una adulta mayor fue identificada como la presunta promotora de la explotación sexual de su nieta de 15 años. Según la investigación, la adolescente era forzada a mantener relaciones con adultos en contra de su voluntad, situación que también era grabada para obtener beneficios económicos.
En Ibagué, las autoridades responsabilizaron a Albeiro Martínez Quevedo de almacenar y distribuir, utilizando sistemas de mensajería instantánea, videos y fotografías con contenido sexual explícito de menores. Las acciones de Martínez Quevedo, según la Fiscalía, se concentraron entre marzo y junio de 2025, periodo en el cual se acopiaron y compartieron numerosos archivos que evidencian los delitos imputados.
Durante las operaciones de captura, se incautaron dispositivos electrónicos en poder de los detenidos, los cuales albergaban evidencia audiovisual del abuso y explotación de varios menores. Los análisis forenses a este material permitieron consolidar las pruebas presentadas ante los jueces de control de garantías.
El proceso judicial, liderado por fiscales de la Unidad Especial de Investigación de delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna), contempló la imputación de varios delitos graves acorde con la calidad y participación de cada acusado.
Entre los cargos figuran acceso carnal abusivo con menor de 14 años, pornografía con menor de edad, proxenetismo y demanda de explotación sexual infantil. Las autoridades aseguraron que, tras la audiencia de imputación, los cuatro individuos deberán mantenerse en medidas de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso.
Menor de tres años fue abusado sexualmente
El caso de un niño de tres años presuntamente abusado en Bosa, Bogotá, ha puesto en jaque a los mecanismos de protección infantil en la ciudad. El padre del menor relató que su hijo fue hospitalizado durante cuatro días y que el proceso judicial se activó de inmediato tras el diagnóstico médico.
La reacción institucional fue descrita por el padre en declaraciones a CityTv: “Automáticamente, dijeron que era un código blanco, o sea, abuso sexual contra el niño. Ahí duró cuatro días hospitalizado y Bienestar Familiar se hizo cargo de lo que había sucedido y me lo llevaron a, a medicina legal y de medicina legal lo mandamos para la Fiscalía.”
El padre no solo denunció el hecho, sino que criticó de forma directa a los responsables del cuidado del niño y al personal del jardín infantil. La desconfianza se incrementó, según expresó al medio televisivo, por la falta de información oportuna sobre lesiones previas: “Yo también estoy tratando de denunciar al jardín donde estaba el niño. ¿Por qué? Porque omitió la información. Ella tenía que haberme informado automáticamente a mí de que a mi bebé había llegado con esas laceraciones al, al jardín.”
En el mismo testimonio, el hombre aseguró que esta no era la primera vez que observaba heridas o hematomas en su hijo, y lamentó no haber recibido explicaciones satisfactorias ni de la cuidadora ni del establecimiento educativo.
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