A Zulma Guzmán la defenderá una de las abogadas más experimentadas del Reino Unido en procesos para frenar extradiciones

El proceso de extradición de la empresaria colombiana Zulma Guzmán Castro, requerida por la justicia de Colombia por el homicidio de dos niñas envenenadas con talio en abril de 2025, entró en una fase clave en el Reino Unido.

La causa tomó un nuevo giro tras conocerse que su defensa quedó en manos de Katy Smart, una reconocida abogada británica especializada en frenar solicitudes de entrega internacional, según informó El Tiempo.

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La designación de esta jurista de alto perfil eleva la complejidad legal del caso y anticipa una batalla judicial prolongada en los tribunales londinenses.

Smart hace parte del bufete Sonn Macmillan Walker, una firma con amplia trayectoria en derecho penal internacional y derechos humanos.

De acuerdo con información publicada en el portal de la firma, la abogada ha logrado frenar extradiciones solicitadas por varios países europeos y de Europa del Este, especialmente en casos en los que se argumentan riesgos para la salud mental de los acusados o vulneraciones a sus derechos fundamentales.

Su intervención es vista como un desafío directo para la Fiscalía General de la Nación, que busca que Guzmán Castro sea enviada a Colombia para responder por uno de los crímenes más impactantes del último año.

Estrategias similares han sido utilizadas por la defensora en procesos relacionados con ciudadanos rusos, polacos y árabes, lo que ha consolidado su reputación como una experta en litigios de extradición de alto perfil.

La aparición de Smart en el expediente coincide con un momento delicado para Guzmán Castro, que compareció recientemente ante un tribunal de Londres tras ser capturada con base en una circular roja de Interpol.

Según informó el medio británico The Sun, la empresaria se presentó ante la jueza vestida con una chaqueta negra y una camiseta de rayas blancas y negras, y solicitó de manera explícita no ser extraditada a Colombia. La autoridad judicial ordenó su detención preventiva mientras avanza el proceso, y fijó una nueva audiencia para el 12 de enero.

El caso adquirió mayor notoriedad internacional luego de que se conociera un intento de suicidio atribuido a Guzmán Castro el pasado 16 de diciembre.

De acuerdo con un reporte de la Policía Metropolitana de Londres, la Unidad de Policía Marina rescató a una mujer de aproximadamente 50 años del agua a las 7:14 a. m., en inmediaciones del puente de Battersea, al suroeste de la capital británica.

La mujer fue trasladada a un hospital, donde se determinó que sus heridas no ponían en riesgo su vida. Posteriormente, médicos confirmaron que su estado de salud era estable, un elemento que será clave en la estrategia de la defensa.

Mientras tanto, en Colombia, la investigación penal continúa avanzando. El abogado Majer Nayi Abushihab, representante de las víctimas, explicó en declaraciones a La Fm que la Fiscalía no descarta la posible implicación de más personas en el crimen.

“Es muy probable que en el futuro puedan resultar involucradas más personas. Eso es algo que la Fiscalía está determinando, pero son hechos positivos, no es por haber omitido, sino por haber hecho”, afirmó.

El expediente judicial se remonta al 5 de abril de 2025, cuando tres niñas y un adulto fueron trasladados de urgencia a la Fundación Santa Fe de Bogotá con síntomas graves de intoxicación. Una de las menores falleció ese mismo día y otra murió cuatro días después.

Inicialmente, se manejó la hipótesis de una intoxicación alimentaria, pero los análisis forenses revelaron la presencia de talio, un metal altamente tóxico, incoloro e inodoro, utilizado en la industria electrónica.

Según la investigación, el talio habría llegado a la vivienda de las víctimas a través de frambuesas enviadas presuntamente por Guzmán Castro, utilizando un servicio de domicilios.

El repartidor acudió inicialmente con un supuesto regalo, pero el paquete no fue recibido porque la familia no lo esperaba. Minutos después, regresó e insistió en la entrega dirigida a una persona específica, una conducta que las autoridades atribuyen a instrucciones dadas por la empresaria. El mensajero fue descartado como responsable penal al comprobarse que desconocía el contenido y el propósito del envío.