Las autoridades de Bogotá lograron avances significativos en la desarticulación de la banda conocida como Los Bautistas, dedicada a la extorsión mediante perfiles falsos en redes sociales.
El caso, revelado en exclusiva por El Tiempo, se fundamenta en pruebas financieras inéditas, entre ellas 15 comprobantes de transferencias bancarias y movimientos en billeteras virtuales que superan los $264 millones de pesos.
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Durante las primeras semanas de diciembre de 2025, el operativo incluyó la emisión de 39 órdenes de captura, focalizándose en exfuncionarios del Inpec, reclusos, pospenados y familiares implicados, como madres de internos.
La Policía de Bogotá y la Alcaldía Mayor presentaron a los detenidos ante la opinión pública, vinculándolos con delitos como concierto para delinquir agravado y extorsión agravada. Adicionalmente, seis internos ya condenados recibieron notificación por su presunta participación en la red.
De los más de treinta detenidos, 17 recuperaron la libertad en los últimos días por decisión judicial, aunque siguen siendo investigados.
Una jueza de control de garantías determinó que, en estos casos, la Fiscalía no demostró autoría o implicación directa en la estructura criminal. A pesar de la medida, estas personas deberán seguir compareciendo ante la justicia.
El esquema criminal utilizaba la creación de perfiles ficticios, usualmente femeninos, para contactar a víctimas y solicitar dinero a cambio de no difundir supuestas imágenes íntimas. Los pagos se solicitaban mediante transferencias digitales, utilizando cuentas bancarias y billeteras virtuales a nombre de terceros, dificultando el rastreo de los fondos.
Fuentes anónimas cercanas a la investigación confirmaron al medio mencionado que madres y familiares de los reclusos cumplían un papel relevante en esta cadena financiera.
Una de ellas, adulta mayor e identificada como posible coordinadora, recibió más de ocho millones de pesos transferidos desde cuentas controladas por su hijo, Pedro Edgar Salamanca Patiño, entonces interno en la cárcel La Picota.
El medio también documentó que la madre de Jonathan Alfredo Acosta Velasco recibió cerca de $14.7 millones de pesos a través de depósitos de víctimas, miembros de la banda y cuentas suplantadas.
Se identificaron además ingresos a la cárcel y registros de llamadas asociados a la apertura de las cuentas digitales, lo que respalda la hipótesis de su colaboración en la estructura delictiva.
Entre las receptoras de dinero figura la madre de Brian Martín Méndez Prieto, quien acumuló más de $12 millones de pesos procedentes de diversas fuentes ligadas al grupo criminal. El análisis de llamadas, transferencias e ingresos penitenciarios sostiene el patrón operativo en el que madres y familiares actuaban como eslabones clave para dispersar el dinero de la extorsión.
El expediente cuenta con datos sobre al menos otros 13 individuos que recibieron transferencias sospechosas, mantuvieron comunicación con internos y fueron relacionados directamente con víctimas de extorsión. Todas estas personas continúan bajo seguimiento judicial y están activas en el proceso penal.
En el aspecto financiero, la pieza central de la evidencia son comprobantes que acreditan transferencias individuales entre $450.000 y $50 millones de pesos.
Estas cifras contradicen defensas sobre montos mínimos aportados por algunos sindicados tras recuperar su libertad. Los movimientos entre cuentas y billeteras virtuales suplantadas añadieron complejidad a la investigación.
Durante el proceso judicial, algunos internos admitieron que los fondos depositados en cuentas de sus familiares, especialmente sus madres, provenían de las actividades de extorsión. Reconocieron también su implicación en el manejo y aprovechamiento de esos recursos. Por su parte, la defensa de algunos acusados justificó la recepción de los dineros por razones familiares, argumentación que actualmente examina el sistema judicial colombiano.
El caso continúa en desarrollo, manteniendo a la mayoría de implicados bajo investigación activa. Las autoridades enfocan sus esfuerzos en rastrear todo el flujo del dinero y precisar la participación de cada involucrado, incluidos familiares y allegados.
En la etapa más reciente del proceso, varios reclusos argumentaron que las transferencias a sus madres se explicaban por sus lazos familiares y que, si bien el origen de los fondos era ilícito, reconocen una responsabilidad compartida en los hechos investigados.
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