El Gobierno nacional ha propuesto un aumento transitorio en la tarifa de energía eléctrica para cubrir parte de la deuda acumulada de la empresa intervenida Air-e, que presta servicio en la región Caribe y representa aproximadamente el 11,4% de la demanda nacional.
Esta medida podría afectar a cerca de diez millones de hogares y empresas, con un impacto estimado de 1.200 pesos mensuales adicionales para usuarios residenciales y hasta 40 millones de pesos mensuales para grandes empresas, dependiendo del consumo.
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La iniciativa responde al reconocimiento del riesgo sistémico que implica la situación financiera de Air-e, cuya deuda alcanza los 2,5 billones de pesos. Según el documento oficial, la acumulación de cartera vencida amenaza la estabilidad del sistema eléctrico nacional y podría generar efectos en cadena sobre generadores y transmisores en todo el país.
El borrador de resolución establece que el ajuste aplicaría a la demanda total del Sistema Interconectado Nacional. Durante el periodo transitorio, el cobro sería de 8 pesos por kilovatio-hora, incorporado como un cargo adicional dentro del componente de restricciones en la factura de energía. Esta medida afectaría principalmente a quienes presentan mayores niveles de consumo.
La recaudación estará a cargo del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (Asic), que distribuirá mensualmente los fondos entre los agentes del mercado a prorrata de las obligaciones pendientes consignadas en los informes oficiales. De esta manera, el esfuerzo financiero se asignaría proporcionalmente a la deuda registrada por cada agente.
“La deuda por considerar será la acumulada a 30 de noviembre de 2025 por los conceptos liquidados por el ASIC y el LAC; los montos recaudados por el ASIC serán distribuidos entre los agentes generadores, transmisores, y demás agentes del mercado, que sean acreedores de dichas deudas, siguiendo los mecanismos establecidos en la regulación vigente para la distribución de los dineros de garantías y vencimientos de los que trata la Resolución CREG 024 de 1995, CREG 157 de 2011, CREG 101 076 de 2025 y aquellas que las adicionan, modifican o sustituyen”, señala el borrador.
La situación de Air-e se considera, de acuerdo con el Ministerio, como una “circunstancia extraordinaria que amenaza afectar el sector eléctrico colombiano”, lo que habilita la adopción de estas medidas regulatorias urgentes.
El ministerio destaca que la región Caribe concentra más del 25% de la demanda nacional, con gran parte de la población en condiciones de limitada capacidad de pago, por lo que resulta urgente el pago de la deuda.
La crisis de liquidez de los comercializadores intervenidos ha impactado negativamente la operación y liquidez de generadores térmicos y transmisores, esenciales para suplir las Obligaciones de Energía Firme. El documento alerta que si no se toman acciones, varios generadores podrían enfrentar déficits de caja que pondrían en riesgo la continuidad del suministro, especialmente en escenarios de baja hidrología.
El diseño actual del mercado colombiano no dispone de herramientas como una “cámara central de riesgo” o un “prestador de última instancia”, mecanismos presentes en mercados internacionales que sirven para mitigar el impacto de la insolvencia de grandes comercializadores. Esta ausencia amplifica la vulnerabilidad y agrava las crisis financieras de los agentes del sector.
Entretanto, con la publicación del borrador de la resolución por parte del Ministerio de Minas y Energía, la cartera también abrió un periodo de cuatro días calendario para recibir comentarios y aportes de la ciudadanía.
Finalizado este plazo, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y el ministerio analizarán las observaciones y definirán la expedición, condiciones y alcance del cobro adicional.
La propuesta ha reavivado el debate sobre si resulta conveniente trasladar a todos los usuarios del sistema eléctrico el costo originado por la crisis financiera de un prestador intervenido, al tiempo que el Gobierno enfatiza la estabilidad del mercado y la continuidad del servicio como prioridades del interés público.
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