La entrada en vigor del año 2026 trajo ajustes en distintos frentes de la economía nacional, entre ellos el salario mínimo y medidas asociadas a decretos expedidos durante la emergencia económica.
En paralelo, el uso de plataformas digitales para pagos y transferencias continúa en aumento, aunque una parte significativa de la población sigue utilizando dinero en efectivo para transacciones cotidianas, de acuerdo con información divulgada por Semana.
El efectivo mantiene su presencia en operaciones diarias, especialmente en compras de bajo monto, pagos inmediatos y actividades donde prima la rapidez.
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Analistas citados en el reporte señalan que factores como la costumbre, la facilidad de uso y la aceptación generalizada explican que miles de personas continúen recurriendo a este medio de pago, pese al crecimiento de alternativas electrónicas.
Una de las inquietudes frecuentes al iniciar el año es si existen modificaciones legales sobre la cantidad de dinero en efectivo que una persona puede portar dentro del país. De acuerdo con la normativa vigente, la legislación colombiana no establece un límite máximo específico para transportar efectivo en el territorio nacional, lo que significa que no hay un tope fijado por ley para su porte interno.
No obstante, las autoridades conservan la facultad de realizar inspecciones aleatorias, especialmente cuando se detecta el traslado de sumas elevadas. En esos casos, los funcionarios pueden solicitar información relacionada con el origen y el destino del dinero, con el objetivo de verificar que no esté vinculado a actividades ilícitas.
Si una persona transporta una cantidad considerable de efectivo y no logra justificar su procedencia, las autoridades pueden proceder a la retención temporal de los recursos mientras se adelanta una investigación administrativa o judicial. Este procedimiento busca establecer si los fondos cumplen con las normas sobre legalidad y transparencia financiera.
Dentro de las alternativas previstas por la institucionalidad, los ciudadanos pueden solicitar acompañamiento policial cuando requieran retirar grandes sumas de dinero en entidades financieras. Esta posibilidad está contemplada como una medida preventiva frente a delitos asociados al manejo de efectivo, como hurtos o extorsiones.
El marco normativo también contempla reglas específicas para viajes al exterior y el ingreso de viajeros al país durante 2026. En estos casos, sí existe un umbral claramente definido que obliga a realizar una declaración ante las autoridades aduaneras, con el fin de ejercer control sobre el movimiento internacional de divisas.
Según la regulación vigente, toda persona que salga o ingrese a Colombia con montos superiores a USD 10.000, o su equivalente en otras monedas, debe declarar esa suma. Esta obligación aplica tanto para divisas extranjeras como para moneda legal colombiana transportada en efectivo.
El Banco de la República explica de manera textual que: “Los viajeros que entren o salgan del país con divisas o moneda legal colombiana en efectivo por un monto superior a diez mil dólares estadounidenses (10.000 dólares), o su equivalente en otras monedas, deben declarar ante la autoridad aduanera tales operaciones en el formulario que esta establezca. La obligación de declarar se efectuará por grupo familiar de viajeros cuando el monto total supere el límite señalado”.
La responsabilidad de adelantar las inspecciones en aeropuertos y pasos fronterizos recae en la Dian, entidad encargada de verificar el cumplimiento de esta obligación. Sus funcionarios pueden revisar equipajes, solicitar documentación y comprobar que las sumas transportadas hayan sido debidamente reportadas.
En los casos en los que un viajero omite la declaración y es sorprendido con un monto superior al permitido, la normativa contempla sanciones administrativas. Estas pueden ir desde la confiscación parcial o total del dinero hasta multas económicas que oscilan entre el 20 % y el 100 % del valor no declarado, dependiendo de la gravedad de la infracción.
Las autoridades recomiendan a los viajeros informarse previamente sobre las normas financieras vigentes, tanto para evitar sanciones como para garantizar el cumplimiento de los requisitos aduaneros. Este control hace parte de los mecanismos establecidos para prevenir el lavado de activos y otras prácticas ilegales relacionadas con el transporte de efectivo.
En el contexto interno, el uso de dinero en efectivo sigue coexistiendo con los medios digitales, sin que para 2026 se hayan anunciado cambios normativos que restrinjan su porte dentro del país. Las reglas actuales se mantienen enfocadas en la justificación del origen de los fondos y en los controles asociados a movimientos de grandes sumas.
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