El 7 de enero de 2026, el presidente de la República, Gustavo Petro, habló frente a miles de manifestantes que se concentraron en la plaza de Bolívar, Bogotá, en medio de las tensiones diplomáticas con Estados Unidos. Al iniciar su discurso, Petro confirmó que sostuvo una conversación telefónica con su homólogo, Donald Trump, en la que explicó los esfuerzos de su administración en materia de incautación de estupefacientes.
Indicó que también le resaltó la extradición de más de 700 personas al país norteamericano por cometer delitos graves, entre ellos, Álvaro Fredy Córdoba Ruíz, hermano de la fallecida exsenadora Piedad Córdoba.
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“Le dije que 700 traquetos, capos algunos, fueron extraditados con mi firma, incluido el hermano de Piedad Córdoba, que no dudé en firmarlo. Ahora él quiere ser testigo allá para ver si baja pena. Nunca lo conocí, casi me pone una trampa en el hotel Tequendama, aunque alcancé a intuir”, expuso en su intervención.
La mención de Córdoba Ruíz durante el discurso del presidente Gustavo Petro en la plaza de Bolívar reavivó el interés público sobre uno de los casos de extradición más polémicos y las implicaciones indirectas para la fallecida legisladora y su entorno político.
Cabe recodar que la extradición de Álvaro Córdoba a Estados Unidos se concretó en enero de 2023 y concluyó con una condena de 14 años en mayo de 2024 por narcotráfico. Su caso cobró notoriedad adicional cuando envió una carta de más de 60 páginas a la Corte de Apelaciones de Nueva York, aceptando su responsabilidad en una conspiración para enviar cocaína a Estados Unidos, pero impugnando la severidad de su castigo.
En el documento, recopilado por El Tiempo, Córdoba sostuvo: “Por varias décadas, el difunto presidente Hugo Rafael Chávez fue parte de una organización que exportaba cocaína con generales de las Fuerzas Militares de Venezuela. (...) Existe evidencia irrefutable que relaciona a altos oficiales venezolanos con las desmovilizadas Farc y, es penoso para mí aceptarlo, también involucra a mi amada y fallecida hermana, Piedad Córdoba Ruiz. Yo no soy nada más que un indefenso e inofensivo actor menor en esta compleja red criminal”.
Pese a las críticas que tachan esa misiva de intento desesperado por adquirir ventajas judiciales, la relación de Piedad Córdoba con las autoridades venezolanas y con figuras clave de las antiguas Farc fue ampliamente documentada. Se le autorizó la mediación entre el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y esa guerrilla para facilitar liberaciones de secuestrados, y fue objeto de investigaciones por presuntos vínculos ilegales tras el hallazgo de comunicaciones suyas en los dispositivos del abatido guerrillero Raúl Reyes. Tales procesos se cerraron en 2011, cuando la Corte Suprema colombiana declaró inválidas las pruebas tras detectar una ruptura en la cadena de custodia.
Al interior del Pacto Histórico, la presencia de Piedad Córdoba generó tensiones durante la campaña presidencial. Gustavo Petro solicitó a su entonces aliada apartarse de la contienda tras trascender que sus visitas a La Picota podían relacionarse con promesas de reducción de penas a narcotraficantes a cambio de apoyos electorales, acusaciones que la exsenadora rechazó de plano. Piedad sostuvo que sus constantes idas a esa prisión respondían únicamente al respaldo familiar y legal hacia su hermano, entonces en vísperas de la extradición.
También existen testimonios de narcotraficantes detenidos que dejaron en suspenso sus negociaciones con la DEA porque les habrían prometido modificaciones al proceso de extradición en caso de triunfo electoral de Petro. Las actas de esas visitas y los listados de reclusos solicitados incluyeron a varios presos en riesgo de extradición, aunque, según registros judiciales, ninguna gestión prosperó.
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