En la última semana de diciembre se confirmó que la Fiscalía General de la Nación capturó a nueve personas por un presunto caso de extorsión contra Juan Carlos Ramírez, alias Manicomio, que cumplió una condena por narcotráfico en Estados Unidos y también es conocido como “el piloto de la mafia”.
Entre los detenidos hay funcionarios de la Policía Nacional en sus seccionales de la Sijín, el CTI y también de funcionarios del Inpec, que habrían conformado una red de corrupción para extorsionar a Ramírez con la promesa borrar procesos judiciales en su contra.
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En la información, que fue suministrada por la Fiscalía General de la Nación, se conoció que los presuntos criminales pedían entre 400 y 1.000 millones de pesos por favorecer a “Manicomio” y detener medidas de extinción de dominio.
La Fiscalía indicó que logró documentar al menos cuatro hechos delictivos y anunció que imputaría cargos a los detenidos por concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistemas, amenazas y abuso de autoridad, lo que finalmente se registró en la tarde del 6 de enero.
Debido a la gravedad del hecho, que hace referencia a un nuevo caso de actos indebidos por parte de miembros de la Policía Nacional y otras entidades ligadas al Estado, Infobae Colombia habló con los abogados de las personas imputadas.
En la entrevista, los juristas Juan José y Rogelio Roldán mencionaron que sus defendidos se mantendrán firmes en la decisión de no aceptar los cargos en su contra.
“Nuestros procurados no aceptan la responsabilidad, no se allanan a los cargos, perdurando así la presunción de inocencia como coraza constitucional, manteniendo incólume esa presunción de inocencia. Hay una línea temporal y hay unos elementos que vamos a utilizar”, indicó Juan José Roldán.
Para el penalista, las acusaciones van ligadas a una “simple sospecha”, que busca ser corroborada con entrevistas en las que las presuntas víctimas no tienen congruencia en su denuncia.
“Tenemos unas entrevistas de quienes se postularon como víctimas, que manifiestan haber sido intimidados, amenazados, y a quienes se les hizo al parecer unas exigencias. Pero son unas entrevistas que pierden poder al momento de contrastar con otros elementos. Hay contradicciones externas, contradicciones internas”.
Por su parte, Rogelio Roldán cuestionó el debido proceso que se ejecutó en contra de sus defendidos, asegurando que no existen pruebas contundentes en contra de los funcionarios.
“La defensa asume una postura en donde se niega el acontecer fáctico, en el entendido que la fiscalía cuenta únicamente con unas denuncias, unas entrevistas y unas declaraciones juradas que se contradicen entre sí. Es por eso que al día de hoy no se cuenta con elementos materiales probatorios suficientes que nos den fe de la existencia de ese hecho delictual”.
Juan José Roldán pidió que la atención de los medios de comunicación estén atentos a todo lo ligado al caso, puesto que, en su postura, las autoridades han dejado a un lado la presunción de inocencia de sus defendidos.
“Hay que ser leales, hay que ser muy leales con el trabajo de este proceso, hay que trabajar con lupa, hay que exigir a las autoridades judiciales que hagan su trabajo de manera autónoma y juiciosa y que obviamente se abstengan los medios de emitir información falsa”.
Por último, Rogelio Roldán reafirmó que, hasta el momento, no hay pruebas contundentes que demuestren que el condenado fue víctima de una extorsión; sin embargo, los acusados están afrontando consecuencias por algo que aseguran no hicieron.
“Aquí la fiscalía tiene que hacer un pronóstico a futuro, en donde no basta con que se acrediten los hechos jurídicamente relevantes, sino que haya material probatorio que permita hacer una inferencia a grado de probabilidad a futuro de que se puede reincidir en esa conducta o en una similar. Pero hasta el momento no se cuentan con elementos que nos permitan hacer ese juicio negativo o ese pronóstico negativo a futuro. Y es por eso que es posible oponernos a la solicitud o pretensión elevada por la fiscalía”.
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