El aumento del salario mínimo en Colombia en 2026, que alcanzará un 23%, genera preocupación en el sector portuario y logístico. La mayoría de los empleados de este sector depende del ingreso base y, en algunas empresas, hasta el 90% del personal recibe la remuneración. El ajuste impactará de gran manera en los costos logísticos, que en 2024 representaron el 15,6% de las ventas, lo que aleja a Colombia de la meta de reducir ese porcentaje al 9,5% para 2030 y afecta la competitividad frente a otros países.
Y es que el sector portuario, junto con la cadena logística, constituye una red esencial para el movimiento de mercancías dentro y fuera del país, apoyada en miles de trabajadores y operadores. Según la Asociación Portuaria de Barranquilla (Asoportuaria), en las terminales portuarias, entre el 5% y 20% de los empleados percibe el salario mínimo. En el caso de los operadores portuarios, dicha proporción puede llegar hasta el 90% debido al carácter intensivo en mano de obra de actividades como el cargue, descargue, almacenamiento y manejo terrestre de mercancías.
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Muchos de estos trabajadores poseen formación técnica, tecnológica o son personal poco calificado, y la remuneración está estructurada alrededor del salario mínimo. Por tanto, incrementos salariales que superen el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la productividad afectan la estructura de costos y se trasladan a toda la cadena logística.
De acuerdo con la Encuesta Nacional Logística y cifras del Departamento Nacional de Planeación y la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), el costo logístico en Colombia durante 2024 fue del 15,6% de las ventas. El nivel ya es elevado si se compara con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), donde los costos oscilan entre el 8% y 10%, y con el promedio de América Latina, que es inferior al 14%.
El objetivo fijado en el Conpes 3982 de 2020 es reducir el costo logístico al 9,5% para 2030. No obstante, Asoportuaria advierte que “el impacto que tiene el reciente y significativo aumento del salario mínimo sobre la logística nos aleja de esa meta y reduce la competitividad del país”.
Efectos sobre los precios de los servicios
Además, la Ley de Puertos establece que las tarifas cobradas por sociedades y operadores portuarios deben cubrir totalmente sus gastos de operación. “Cuando una porción significativa de estos gastos corresponde a costos laborales y estos aumentan en un 23%, el efecto sobre los precios de los servicios resulta inevitable”, señaló el gremio. Esto afectará también el transporte terrestre, almacenamiento y otras actividades logísticas asociadas.
La situación se agrava en medio de la competencia que hay por la inversión extranjera y esfuerzos por posicionar a Colombia como destino de relocalización regional y de reindustrialización. “Medidas como esta van a afectar la competitividad del país y posiblemente la eficiencia portuaria, de la cual Colombia es ejemplo a nivel regional”, aseguró.
Asimismo, el incremento del 23% en el salario mínimo para 2026 supera ampliamente los aumentos de inflación y productividad habituales. Según el análisis de Asoportuaria, mientras la normativa prevé incrementos alineados con el IPC y la generación de valor agregado, el nuevo decreto representa un salto excepcional y desestructura los presupuestos empresariales, añadiendo presión a los márgenes operativos.
Impacto no será uniforme
Entonces, el impacto del aumento no será uniforme en todos los segmentos. Los servicios logísticos y portuarios con una estructura intensiva en mano de obra sentirán mayores repercusiones.
La transferencia de estos costos a los usuarios finales encarecerá los productos exportados e importados, debilitando la posición de Colombia frente a sus socios comerciales. Recordó que la Ley de Puertos impide cobrar tarifas que no cubran los gastos operativos. Por lo tanto, un ajuste salarial de esta magnitud ocasionará revisiones obligatorias de tarifas y contratos, lo que podría afectar la eficiencia y calidad del servicio en el sector.
Precisamente, el contexto empresarial, según datos de la Superintendencia de Sociedades, tampoco es favorable. Más de 3.000 empresas solicitaron insolvencia entre 2024 y 2025, sobre todo, en los sectores de servicios, comercio y manufactura:
- Las empresas más grandes experimentaron una caída cercana al 7% en ingresos consolidados y una disminución relevante en utilidades respecto al año anterior.
- Las pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan más del 95% del tejido empresarial colombiano, enfrentan un escenario aún más vulnerable.
- Solo el 33,5% de estas empresas sobrevive después de cinco años, según cifras de Confecámaras.
Los cierres empresariales se deben, en muchos casos a problemas de liquidez y dificultades para gestionar deudas, especialmente cuando aumentan los costos fijos como la nómina.
El aumento del salario mínimo produce rápidamente efectos directos en el empleo. Asoportuaria advirtió que “un aumento de esta magnitud sí genera despidos inmediatos, sobre todo en empresas con márgenes estrechos y baja productividad. No por maldad, sino porque el nuevo costo no es absorbible”. Además, resaltó que, lejos de estimular la contratación, el alza suele conducir a la reducción de jornadas, menor cantidad de horas extra y a acelerar esquemas de automatización. El recorte de personal y horas, hecho sin un análisis profundo de la operación, puede erosionar la productividad y la viabilidad de las empresas.
Otros impactos del aumento del salario mínimo
De igual manera, el vicepresidente de Transacciones y Consultoría de CBRE Colombia, Andrés Cardona, sostiene que “con el Gobierno decretando un aumento del salario mínimo cercano al 23% para 2026, se crea automáticamente un desfase técnico entre inflación y salario mínimo, lo que genera distorsiones e impactos en cascada para distintos sectores de la economía”.
En el ámbito logístico, afirmó que “el aumento del salario mínimo eleva de forma generalizada los costos operativos, especialmente, uno de los más relevantes: la mano de obra”. Ese sobrecosto, trasladado a los productos y servicios, alimenta la inflación y “neutraliza el supuesto beneficio del aumento salarial y profundiza las distorsiones que afectan el empleo formal, la inversión y la competitividad del país”.
Para las pymes, la coyuntura obliga a tomar decisiones financieras rigurosas, ante mayores costos laborales y un entorno macroeconómico incierto. El decreto obliga a ajustar inmediatamente la nómina de miles de pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales ya cuentan con márgenes muy estrechos y ciclos de recaudo prolongados.
Emergencia económica
A este escenario se suma la emergencia económica decretada en el país, que aumenta la incertidumbre en torno a posibles cambios fiscales y condiciones financieras, presionando a las empresas a revisar su planeación para proteger la liquidez y la sostenibilidad operativa.
El acceso al crédito formal sigue limitado para la mayoría de las pymes, de las cuales menos de una cuarta parte cuenta con financiamiento formal, lo que restringe la capacidad para absorber aumentos de costos o enfrentar la volatilidad del entorno.
Respaldo, planeación y menos improvisación
La country manager de Kapital Colombia, Vivian Acuña, resaltó que “las pymes necesitan más herramientas, respaldo y planeación, y menos improvisación”. Además, enfatiza que la planeación financiera debe contemplar el impacto de los mayores costos laborales, utilizando proyecciones de ingresos, gastos y flujo de caja con antelación para evitar tensiones de liquidez después del primer trimestre.
Acuña resalta la importancia de que el crédito esté alineado al ciclo real de ingresos de cada empresa, señalando que “el financiamiento debe cubrir desfases temporales de caja y acompañar el ritmo real del negocio, no generar nuevas obligaciones que compitan con los pagos operativos”. También recomienda evitar deudas de corto plazo para gastos fijos, ya que sin una visión estratégica, el endeudamiento puede convertirse en una carga y acelerar la insolvencia.
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