El Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, ha intensificado las gestiones diplomáticas para contener la tensión con Estados Unidos tras declaraciones recientes de Donald Trump sobre la presencia de narcotráfico en el país y la estabilidad del mandato presidencial.
De hecho, aunque ya se había conocido que el Ejecutivo reafirmó su voluntad de mantener el diálogo diplomático con Washington y ratificó su disposición a cooperar en la lucha binacional contra el narcotráfico, también estaría liderando una estrategia interna para mantenerse a flote en plena época electoral.
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Así quedó demostrado con la convocatoria que hizo el Ejecutivo a toda la ciudadanía para liderar movilizaciones en el territorio nacional con el propósito de defender la soberanía nacional.
El origen de la crisis se vincula a los comentarios de Trump, que afirmó que Petro “no durará mucho tiempo” al frente de Colombia y aludió a la existencia de “fábricas de cocaína por todos lados”. Petro replicó advirtiendo que, ante una posible intervención extranjera, el pueblo debería movilizarse en todo el territorio nacional y recordó su pasado militante en el M-19.
Mientras los intercambios verbales crecían en intensidad, el gobierno colombiano optó por bajar el tono público de la confrontación. Tanto oficialistas como opositores advirtieron que el mandato de Petro debe respetar el calendario constitucional, con elecciones legislativas previstas para el 8 de marzo y presidenciales el 31 de mayo, defendiendo el cambio de poder por la vía democrática.
Los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Justicia (encargado), Andrés Idárraga, informaron a agencias de inteligencia estadounidenses la disposición de Colombia para colaborar en la lucha contra el narcotráfico, incluida la zona fronteriza con Venezuela. Este enfoque mantiene la colaboración bilateral pese a la crisis en Caracas y la reciente situación de Nicolás Maduro.
Benedetti e Idárraga enfatizaron que Colombia “ratifica su voluntad en la coordinación y cooperación con Estados Unidos para la lucha contra las estructuras criminales y carteles de la droga”, con apoyo económico, tecnológico y de inteligencia de Washington, y especial atención a la frontera colombo-venezolana en relación con grupos como el ELN.
Fuentes citadas por El Espectador explicaron que esta estrategia busca preservar la relación bilateral, considerada prioritaria, y, a la vez, fortalecer el respaldo de las bases progresistas frente al ciclo electoral.
Así, el presidente Petro convocó movilizaciones para el miércoles 7 de enero a las 4:00 p. m., llamando a la ciudadanía a concentrarse en las plazas públicas de todo el país en defensa de la soberanía nacional. El mandatario prevé dirigirse a la multitud desde la plaza de Bolívar en Bogotá, reafirmando el mensaje de unidad social frente a amenazas externas.
En el ámbito regional, la canciller Rosa Villavicencio y las misiones diplomáticas colombianas en Washington y Nueva York han reforzado la interlocución con organismos multilaterales.
En la reciente sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Colombia promovió el rechazo a la detención de Maduro, aunque no se lograron resultados concretos. Una situación similar se presentó durante la reunión virtual de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), sin avances sustantivos.
Bogotá mantiene abierto el canal de comunicación con Caracas a través del embajador Milton Rengifo, en coordinación con la presidenta encargada Delcy Rodríguez. La afinidad ideológica entre ambos gobiernos ha facilitado el diálogo, aunque persisten obstáculos políticos y militares debido a las posturas de Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio, quienes no consideran a Petro un interlocutor legítimo.
A nivel interno, el Gobierno tramitó denuncias penales contra los congresistas Lina Garrido y Jhonatan Ferney Pulido Hernández, acusándolos de “traición a la patria” por respaldar las declaraciones de Trump.
Garrido respondió con una denuncia por injuria y calumnia, reflejando la polarización política alimentada por figuras como Paloma Valencia y Juan Carlos Pinzón, quienes defendieron la capacidad institucional de Colombia para un relevo democrático.
La respuesta oficial está centrada en las figuras de Petro y la canciller Villavicencio, evitando mensajes dispersos desde el resto del gabinete, detalló El Espectador. Esta disciplina busca mantener la cohesión institucional y reducir fracturas ante la tensión interna y externa.
Paralelamente, el presidente y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, permanecen atentos a posibles movimientos de grupos armados como el ELN y la Segunda Marquetalia, ante advertencias sobre intentos de retorno de estas organizaciones al territorio nacional.
Fuentes diplomáticas diferenciaron entre sanciones personalizadas, como la lista Clinton, que recae sobre funcionarios específicos, y aquellas que podrían afectar la relación entre Estados, un escenario que Colombia procura evitar.
Mientras persiste la tensión política y diplomática, en la Casa de Nariño reconocen que las respuestas del mandatario a los ataques personales buscarán ser firmes, aunque calibradas, privilegiando siempre el interés nacional.
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