La primera masacre de 2026 en el norte del Cauca dejó una señal de alarma que ya había sido advertida por organismos de control y derechos humanos. Tres mujeres, entre ellas una madre y su hija, perdieron la vida en hechos que, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), evidencian el nivel de vulnerabilidad de la población en Santander de Quilichao.
Sin embargo, con el paso de las horas se empezaron a conocer nuevos detalles del ataque que dejó a tres personas muertas en la primera semana de 2026, además de la hipótesis que manejan las autoridades del caso.
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Las autoridades del municipio confirmaron que la madre de la víctima, que tenía antecedentes penales, había rechazado la escolta que la fuerza pública le ofreció para asistir al funeral.
“Había sido privada de la libertad y la Fuerza Pública le brindó el acompañamiento para el velorio de su hija, pero la mujer se negó a recibir ese acompañamiento”, afirmó María Luisa Holguín, secretaria de Gobierno de Santander de Quilichao, a medios locales.
La policía investiga si el móvil de los crímenes está vinculado a ajustes de cuentas relacionados con el microtráfico. “Al no recibir el acompañamiento en el momento del velorio, ocurrió el hecho lamentable”, explicó Holguín, quien también expresó: “Rechazamos la violencia contra la mujer. Seguimos articulados con la Fuerza Pública con la finalidad de mantener el orden público y la convivencia ciudadana”.
La secuencia de violencia arrancó el 3 de enero con el asesinato de Yulie Erazo Reina, administradora de un local comercial, en pleno centro de la ciudad. El ataque, perpetrado por hombres armados, conmocionó a comerciantes y habitantes del sector, quienes presenciaron cómo la violencia se instalaba nuevamente en sus calles.
El duelo por la joven derivó en un nuevo episodio de horror. Durante el velorio en honor a Erazo, un grupo de hombres armados irrumpió en medio de los asistentes y abrió fuego. En ese momento, murieron Reina Nancy Stella, madre de la joven asesinada, y Angélica María Cantoñí, que fue alcanzada por una bala perdida.
El contexto de la primera masacre del 2026 no es aislado ni inesperado. La Defensoría del Pueblo había emitido las Alertas Tempranas 013 y 036 de 2025, en las que advertía el crecimiento del riesgo para la población civil debido a la presencia de grupos armados ilegales, la imposición de normas de control social y el uso recurrente de la violencia como método de intimidación.
Según Indepaz, la conexión entre los homicidios y la clara intención de generar terror colectivo permitieron clasificar estos asesinatos como una masacre. “Dada la secuencia de los hechos, se configuran tres homicidios relacionados que corresponden a la primera masacre registrada en el país en el año 2026”, señaló la organización.
El municipio, con más de 200.000 habitantes y ubicado a 45 kilómetros de Cali, enfrenta la influencia de estructuras armadas como la Dagoberto Ramos y el frente Jaime Martínez, disidencias de las Farc responsables de disputas territoriales y actividades ilícitas que elevan la amenaza para la población.
Durante 2025, el departamento del Cauca registró siete masacres con 23 víctimas: cinco mujeres y 18 hombres, según datos de Indepaz. La historia de la primera masacre de 2026 confirma que las advertencias de riesgo no han logrado frenar la escalada de violencia.
Mientras las investigaciones avanzan para identificar a los responsables, organizaciones sociales reiteran su llamado al Estado: reclaman medidas urgentes para evitar nuevas tragedias en una región donde la amenaza ya había sido identificada y el miedo sigue marcando la vida cotidiana.
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