El aumento del salario mínimo en Colombia, fijado en un 23% para 2026, sigue generando polémica entre el presidente Gustavo Petro y los gremios de la vivienda y la construcción. Fedelonjas y Camacol advirtieron sobre riesgos para el acceso a la vivienda ante la medida al señalar posibles efectos negativos sobre el empleo formal y la inflación.
Fedelonjas cuestionó el ajuste por “carecer de un respaldo técnico sólido” y alertó sobre “efectos adversos sobre el mercado laboral formal, la inflación y el acceso a vivienda en Colombia”.
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Camacol, por su parte, expresó una “profunda preocupación” ante un aumento decretado “de manera unilateral”, al argumentar que se rompe la concertación social y se generan riesgos para el empleo formal y la asequibilidad de la vivienda.
La solicitud de Gustavo Petro a las constructoras
A estas críticas respondió el presidente Petro, que hizo, por medio de X, una fuerte solicitud a las empresas del sector. “Solicito a las empresas constructoras dejar de decirle a sus clientes que los precios de la vivienda se estudian para indexarlos al mismo porcentaje del salario vital, esa es una estafa delictiva y le solicito a la superintendencia de vigilancia realizar las investigaciones y sanciones respectivas”.
El mandatario también destacó que el costo laboral constituye solo una parte del valor total en la construcción, y recordó que “muchos de los materiales importados de la vivienda nueva han caído de precio” recientemente.
Además, Petro pidió al Ministerio de Vivienda abstenerse de girar subsidios a constructoras sospechosas de estafar a sus clientes, lo que incrementó la tensión con el gremio constructor.
La respuesta de Camacol
Frente a esto, la reacción de Camacol fue inmediata. Desde su cuenta en X, la organización lamentó que la aproximación con el presidente “ha sido desde la descalificación y la amenaza, no desde el diálogo técnico ni el análisis responsable”.
El gremio que lidera Germán Herrera resaltó que los topes de precios para la vivienda de interés social (VIS) y la vivienda de interés prioritario están fijados en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado por el actual Gobierno, y que la indexación al salario mínimo es una obligación legal. El gremio precisó que estos topes actúan como límites máximos, no como incrementos automáticos de precios.
Agregó que “el aumento del salario mínimo tomó por sorpresa a toda la economía y se suma a un contexto ya crítico”. Más de 24.000 familias desistieron de adquirir vivienda en 2025 debido a la cancelación del programa Mi Casa Ya, lo que incrementó la preocupación por el acceso a vivienda propia y la estabilidad de precios en el sector.
La publicación del gremio fue respaldada por el gerente regional de Camacol Bolívar, Irvin Pérez, que calificó la medida como “populismo como forma de gobierno”. Considera irresponsable atribuir a terceros los efectos de políticas oficiales.
Señaló que el salario mínimo impacta de forma inmediata los costos de producción y servicios, por lo que repercute en toda la economía.
A leer el Plan de Desarrollo
Desde el análisis técnico, el exministro de Protección Social Mauricio Santa María, expresidente de Anif y exdirector del DNP, manifestó que “el señor presidente ni siquiera se ha leído su propio Plan de Desarrollo”. Expuso que la falta de conocimiento normativo por parte del gobierno incrementa la incertidumbre en el sector.
A la polémica también se sumó el representante a la Cámara Christian Garcés, del Centro Democrático. Sostuvo que “las constructoras no tienen responsabilidad sobre la indexación de los precios de vivienda”, ya que se trata de un mandato legal. De paso, responsabilizó al Ejecutivo de las consecuencias negativas del ajuste: “la incompetencia e improvisación de su gobierno ha sido una constante”.
Mientras que el abogado Daniel Briceño, exconcejal de Bogotá, recordó que “la indexación de los topes de precios de VIS y VIP al salario mínimo está establecida por ley, las constructoras no pueden violar la ley solo porque usted lo escribe en una red social”.
Briceño recalcó que modificar la normativa requiere de un proceso legislativo.
La responsabilidad de Petro
El economista Germán Ricaurte insistió en que no es posible desindexar el valor de la VIS y de la VIP por decreto presidencial, ya que el mecanismo está respaldado por la Ley 2294 del Plan Nacional de Desarrollo y la Ley 388 de 1997, que establecen la obligación legal vigente.
Asimismo, responsabilizó al presidente de ser “el directo responsable del aumento en el precio de la vivienda”.
Por su parte, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, dijo que la propuesta del Gobierno “es ilegal”. Recordó que solo un cambio legislativo puede modificar la normativa y señaló que se trata de un proceso que requiere tiempo y debate parlamentario.
El economista Víctor Saavedra, exdirector de Atenea, afirmó que en el Plan de Desarrollo del Gobierno Petro se estableció un máximo de 150 salarios mínimos ($300.000.000) para las VIS en ciudades principales. Para modificarlo, es necesaria una ley que el Gobierno nunca tramitó.
“Ahora, arbitrariamente, intenta controlar los precios. El Gobierno acabó Mi Casa Ya y ha llevado a una contracción de la VIS de 40%“. De igual forma, señaló que “destruyó un programa que ha beneficiado cerca de un millón de colombianos. No construyó programas de vivienda rural, mejoramientos o arrendamientos social efectiva”.
Lamentó el experto que, ahora, frente a la falta de planeación por el aumento del salario mínimo, está causando caos en el sector, el mismo que depende de la confianza de hogares, constructores y el sector financiero. “Destruyeron el Ministerio de Vivienda y no construyeron nada”, finalizó Saavedra.
Desindexación del precio de la vivienda
Entretanto, luego de conocerse el aumento del salario mínimo para 2026, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció, en diálogo con W Radio, medidas para que la subida no impactara el precio de la vivienda, pero todo indica que sería imposible.
Anotó que “vamos a expedir un decreto de desindexación del valor de la Vivienda de Interés Social (VIS) y de la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), que hoy están atadas al incremento del salario mínimo, para evitar un fenómeno especulativo en un área que es muy importante para las familias de Colombia”.
Sanguino explicó que el objetivo de esta medida es desvincular los precios de la vivienda social del aumento salarial y cortar así el principal canal de transmisión de alzas de precios.
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