
La exdirectora de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF) Mónica Higuera advirtió sobre los riesgos para los ahorros pensionales de millones de trabajadores tras su salida de la entidad, una decisión motivada por presiones para acelerar un decreto que buscaba la repatriación de fondos de pensiones invertidos en el extranjero, según detalló en entrevista con El Tiempo.
Higuera explicó que el detonante de la controversia fue la solicitud de revisión de un proyecto de decreto presentado por la Secretaría de Hacienda, a instancias del superintendente financiero César Ferrari, para modificar los límites de inversión de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
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Señaló que la URF es la única entidad autorizada para tramitar este tipo de proyectos ante el Consejo Directivo, por lo que calificó la actuación del superintendente como una extralimitación. “Ni el superintendente ni su delegado, ni Hacienda o su delegado pueden hacerlo”, afirmó Higuera al diario nacional.
La exfuncionaria advirtió que el monto involucrado en la discusión fue inflado públicamente, precisando: “Siempre se habló de 125 billones; esos 250 billones corresponden al monto total de los ahorros pensionales que están fuera del país”, en contraste con lo manifestado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila.
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Añadió que la iniciativa llegó en un contexto legal delicado, con la Ley 2381 suspendida y pendiente de revisión por la Corte Constitucional, lo que hacía inoportuno cualquier intento de modificar la Ley 100 que regula el sistema de pensiones.
Respecto a la cadena de presiones, Higuera relató que el presidente Gustavo Petro había expresado reiteradamente su interés en que los fondos de pensiones regresaran al país, pero puntualizó que fue el superintendente financiero quien tomó la iniciativa y la canalizó a través del ministro de Hacienda.
En repetidos contactos, el ministro Ávila le exigió darle curso inmediato al proyecto, a pesar de las advertencias técnicas de la exdirectora, según sus declaraciones. “Insistió en traer 125 billones de pesos en seis meses. Le expresé que eso era imposible; me dijo que era una orden del Presidente”, recordó Higuera en diálogo con El Tiempo.
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La funcionaria insistió en la necesidad de un estudio técnico y del aval del Consejo Directivo, pero la presión continuó. “La conversación se tensó. Pedí una justificación técnica y me indicó que desde Hacienda le aseguraban que sí y que hablara con el viceministro técnico, Leonardo Pazos. Reiteré que era imposible”, rememoró.
Al profundizar sobre los riesgos, Higuera fue categórica: “No hay liquidez ni profundidad en el mercado colombiano para absorber una suma de esa magnitud. Además, estos recursos se encuentran en portafolios de riesgo moderado y alto, no son fácilmente liquidables; están en múltiples monedas, diversas regiones y tienen restricciones”, explicó.
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Consultada sobre el impacto potencial en los afiliados, respondió: “Sí, como estaba planteado era un riesgo para los ahorros de los trabajadores. Era una propuesta hecha desde el desconocimiento y era inviable”.
La exdirectora también relató que la URF desarrolló una propuesta alternativa que consideraba viable desde el punto de vista político, jurídico y económico, y que buscaba proteger tanto a los afiliados como al sistema financiero y el ahorro público. Sin embargo, esa alternativa nunca fue discutida en las instancias oficiales.
Al presentar la propuesta ante el Consejo Directivo, el viceministro técnico preguntó si se ajustaba a lo solicitado por el ministro; al recibir una respuesta negativa, se retiró abruptamente de la reunión, lo que llevó a Higuera a anticipar su salida de la entidad.
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En lo relativo al entorno presidencial, Higuera expresó su percepción personal sobre las intenciones del mandatario: “Yo no creo que el Presidente quiera hacer algo para dañar a la gente. Meto las manos por eso. Lo que sí considero es que quizá es una persona muy sola, con buena intención, pero lamentablemente sus allegados lo veneran hasta creer que posee la solución absoluta. Lo ven como alguien omnipotente, omnipresente y con la razón”, declaró a El Tiempo.
Añadió que el propio presidente Petro tomó nota de su postura en redes sociales y reconoció la imposibilidad de ejecutar la medida tal como estaba planteada, mostrando apertura a dialogar con las AFP.
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Anticipando el futuro del proyecto, Higuera manifestó: “Estoy segura de que saldrá. Sin embargo, gracias a lo que ha pasado estos días tendrá la vigilancia de la ciudadanía y de organismos de control, y quizá modifiquen, por ejemplo, los tiempos. O si deciden no llevar más recursos al exterior, habría que abrir mesas técnicas con las AFP, Hacienda, la URF y los organismos multilaterales garantes”.
Sobre la sucesión en la dirección de la URF, Higuera reveló que Larisa Caruso, quien proviene del Ministerio de Comercio y de la Dian, fue designada como encargada tras consultar por hojas de vida para el cargo.
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El ministro le comunicó que ya habían tomado decisiones y le solicitó presentar la renuncia lo antes posible. La exdirectora señaló que la llegada de una funcionaria cercana al despacho ministerial plantea dudas sobre la independencia de la institución encargada de la regulación financiera en Colombia.
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