El Ministerio de Salud anunció que no realizará ajustes retroactivos a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) correspondiente a 2024 ni a años previos, pese a la orden de la Corte Constitucional, debido a la falta de acuerdo entre los actores del sistema de salud tras diversas mesas de trabajo.
Al finalizar la última sesión de la Mesa de Trabajo sobre la UPC, realizada el martes 30 de diciembre de 2025, la entidad reiteró que la decisión responde al cumplimiento de la Sentencia T-760 de 2008 y el Auto 504 de 2025 de la Corte Constitucional, que exigen garantizar la suficiencia de la UPC mediante espacios de concertación con todos los actores del sector. Durante la jornada, presidida por el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, participaron tanto entidades públicas como privadas, incluidas Entidades Promotoras de Salud (EPS).
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El viceministro Martínez aseguró que la cartera de Salud considera cumplida la orden judicial por haber adelantado los diálogos requeridos, aunque reconoció que no se alcanzó un consenso sobre la cifra de la UPC. Adicionalmente, indicó que la información recopilada en estos encuentros fue trasladada a las instancias técnicas y organismos de control, tras detectar “hallazgos de cosas que se han cobrado de manera en principio irregular”.
El funcionario subrayó que la directriz de la Corte sobre la UPC quedaba supeditada a lograr un acuerdo. En ausencia de dicho consenso, el Ministerio destacó que no se efectuarán ajustes sobre la UPC de vigencias anteriores, cumpliendo así de manera literal con los lineamientos establecidos por el alto tribunal.
La Andi rechazó decisión del Gobierno nacional sobre la UPC
Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), utilizó sus redes sociales para cuestionar la decisión del Ministerio de Salud de no reajustar la UPC.
En ese sentido, señaló que las negociaciones fueron un acto, ya que el Ejecutivo nunca tuvo intención de ejecutar los acuerdos de la concertación entre los diferentes actores.
“Durante todo el día de hoy se ha interpretado una obra de teatro en la cual el resultado, (sorpresa) es que la mesa que nombra el gobierno, llegó a la conclusión de que la UPC es suficiente para cubrir las necesidades del sistema de salud”, escribió en su cuenta de X.
A la par, el líder gremial aseveró que se desestimaron las recomendaciones de expertos, y se pretenderá decir que se acató el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Desde su perspectiva, la actual administración propinó el tiro de gracia al sistema de salud colombiano.
“Las opiniones de sociedades científicas, pacientes y gremios, simplemente no han sido tenidas en cuenta. Con esto se pretenderá decir que se cumplió con la orden de la Corte Constitucional, al tiempo que se garantizará darle un golpe letal al sistema de salud. Felicitaciones ministro!”.
Por otra parte, Mac Master hizo énfasis en los riesgos económicos asociados con la decisión de aumentar el salario mínimo a $2.000.000 para 2026: “Las decisiones populistas se caracterizan por generar en algunos grupos de la población la idea de que se están beneficiando sus intereses, cuando en realidad se trata de medidas insostenibles o estructuralmente inconvenientes”. La asociación alertó sobre el efecto de la medida, entre los que subrayó el aumento de la inflación y de precios de bienes y servicios, así como un posible deterioro en el empleo y en las finanzas públicas de Colombia.
Uno de los puntos críticos expuestos por la Andi es el contexto de “emergencia económica” declarado por el propio Gobierno. Las estimaciones técnicas del gremio empresarial sostienen que cada aumento del 1% en el salario mínimo genera cerca de $400.000.000.000 adicionales en el gasto público.
El gremio empresarial recalcó que durante la actual administración ha presentado observaciones reiteradas acerca de la ausencia de debate efectivo en la definición de políticas laborales. Según el comunicado, durante este periodo ocurrieron dos intentos de reforma pensional y dos de reforma laboral sin la presencia real de los trabajadores y los empleadores, una omisión que, según la Andi, ahora se replicó en la fijación del salario mínimo.
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